SFP detecta presuntos desvíos de recursos públicos superiores al presupuesto de salud y educación

El Primer Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, contiene 3 mil 400 actos de fiscalización, de los cuales, más de 2 mil 500 fueron auditorías, que generaron diez mil observaciones asociadas a más 544 mil millones de pesos y más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas.

El monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de educación y salud, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, advirtió la secretaria de la función pública, Irma Sandoval Ballesteros.

“En el informe develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”.

Mencionó cuatro casos ejemplares de desvío de recursos:

  • El desvío del trazado de una carretera en Puerto Vallarta-Manzanillo, para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico.
  • El sobrecosto de mil 442 millones de pesos en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz.
  • El desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2.42 hectáreas a dos empresas y dos personas físicas, del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.
  • Las irregularidades en la compraventa de Grupo Fertinal, operación con la que el ex director general de PEMEX Fertilizantes, Édgar Torres Garrido, defraudó al estado. En consecuencia, se le inhabilitó 15 años y con multa de más de 3 mil 800 millones de pesos.

Respecto al proyecto de aeropuerto en Texcoco, la SFP detectó irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos, que incluyen más de 6 mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse, y otros 6 mil millones de pesos usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados.

Con auditorías a la operación regional, la secretaría fiscalizó ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes, cultura física y deporte. Financiados con recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación y que en 2018, alcanzaron 236 mil 430 millones de pesos destinados a 53 programas en total.

Hasta el 30 de noviembre del ejercicio fiscal de 2019, se contó con los registros de 60 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que involucran a 7 mil 562 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, con un importe contractual de 444 mil 339 millones de pesos y 2.9 millones de dólares.

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