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Sinergias entre gobiernos, clave para erradicar violencia femenina: Lorena Cruz

 

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“Resulta inconcebible que en siete de 11 entidades que tipifican el delito de rapto, éste se exculpe si el hombre contrae matrimonio con la víctima. En cuatro de 31 estados se exime de la penalidad a los hombres por el delito de estupro. Tenemos que empujar el cambio legislativo en 26 entidades federativas del país que todavía castigan más el robo de ganado que el abuso sexual”.

El avance de las mujeres en México, así como el combate a la violencia de género, se sostiene por los progresos logrados en tres áreas básicas: un marco jurídico cada vez más sólido que protege sus derechos humanos, instituciones que garantizan la igualdad, y recursos públicos especialmente destinados a su adelanto. Así lo considera Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Las encuestas nacionales muestran que 47 de cada 100 mujeres ha vivido agresiones psicológicas, emocionales, económicas, sexuales o físicas por parte de su pareja. Este indicador está muy por encima del señalado en el Informe de la Organización Mundial de la Salud, que ubica a más de un tercio de las mujeres del orbe en la misma situación.

En entrevista con Alcaldes de México, la funcionaria explica que en 2013, la política nacional de igualdad ha recibido el apoyo de dos instrumentos centrales. Uno de ellos es el Plan Nacional de Desarrollo que, entre otras cosas de gran valía para la agenda de género, establece la erradicación de la violencia contra las mujeres como parte de la meta para lograr un México en paz, con la igualdad sustantiva entre los sexos como horizonte.

El segundo instrumento es el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD). Sus seis objetivos transversales, 36 estrategias y 314 líneas de acción marcan la ruta de la política de igualdad para eliminar las brechas de género; para prevenir, atender y sancionar la violencia contra mujeres y niñas, así como para garantizar su acceso a la justicia. Asimismo, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2013-2018, contiene todas las acciones necesarias para enfrentar con decisión el flagelo de la violencia de género.

“La violencia contra las mujeres es multidimensional, lo que nos obliga a impulsar acciones en diversas áreas y en todas las esferas: en la familia y en la comunidad, en las relaciones interpersonales, en los entornos laborales y educativos, en el transporte y los espacios públicos”, refiere Cruz Sánchez.

OPTIMIZAR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

La titular de Inmujeres comenta que las sinergias con los gobiernos estatales y municipales son indispensables para instrumentar políticas efectivas orientadas a reducir la violencia femenina. Al respecto, apunta que existen mecanismos para hacerle frente a este problema en 1,510 municipios del país. Asimismo, existen 177 centros para el Desarrollo de las Mujeres que ofrecen atención jurídica y psicológica, así como alternativas para el empoderamiento femenino.

Para impulsar las capacidades de los estados y municipios, así como la realización de acciones en materia de igualdad y no discriminación, en 2014 se destinó un presupuesto de 401 millones de pesos (mdp) al Programa de Transversalidad, lo que representa un incremento de 17.2 por ciento con relación al año anterior y agrega que se modificaron las reglas de operación de este instrumento, para que los recursos lleguen a todos los mecanismos

“Estoy convencida de que los mecanismos para el adelanto de las mujeres deben estar en el más alto nivel de interlocución con todas las dependencias y organizaciones; deben ser parte de la estructura de los gobiernos estatales y municipales. Se requieren allí donde se toman las decisiones importantes, para incluir la agenda de género en los planes y programas que se impulsen, porque los institutos de las mujeres dan voz a las necesidades de más de la mitad de la población”.

Los mecanismos, apunta la funcionaria, son piezas clave porque orientan la aplicación de la perspectiva de género en los programas locales; aseguran que parte del presupuesto se aplique en acciones afirmativas que reduzcan las brechas de desigualdad que todavía se observan en muchos terrenos e impulsan la armonización de las leyes para garantizar que las mujeres tengan protección jurídica y puedan vivir libres de violencia.

“Por todo esto, es necesario fortalecerlos dotándolos con más recursos financieros y técnicos para que lleven la perspectiva de género a toda la gestión pública. Este es un tema que impulsan los convenios de colaboración que se están firmando con las entidades federativas”.

Lorena Cruz destaca que por primera vez se abrió un espacio en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para abordar las problemáticas de las mujeres. En octubre de 2014 se firmó la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Un compromiso derivado de dicha declaración es la firma de convenios de colaboración con los gobernadores de las 32 entidades federativas. “Estos instrumentos nos permitirán hacer un frente común para lograr dos grandes objetivos: la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, sostiene.

La titular de Inmujeres está convencida de que ante la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todas las entidades federativas, es imprescindible que la perspectiva de género se consolide en los servicios que se brindan a las mujeres, especialmente en juzgados y ministerios públicos, para que al dictar sentencia se sienten precedentes que puedan ser utilizados por más mujeres demandantes de justicia y  reparación del daño.

“De poco sirven las leyes, aunque estén muy bien hechas, si quienes tienen que aplicarlas las desconocen o ignoran, o bien persisten en mantener visiones y actitudes patriarcales o misóginas. Pongo un ejemplo: en 2012, un diagnóstico sobre la Implementación de acciones básicas sobre equidad de género en la Impartición de justicia, la normatividad y la cultura organizacional de 15 tribunales superiores de justicia reveló que, en promedio, 67 por ciento del personal encargado de la impartición de justicia no conocía ningún instrumento internacional de protección a los derechos de las mujeres. De 240 sentencias analizadas en el estudio, tan sólo cuatro, es decir el 1.6 por ciento, mencionó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, refiere.

MUJERES MEJOR PREPARADAS

En materia de profesionalización, Lorena Cruz refiere que a nivel federal, Inmujeres cuenta con dos estrategias: la capacitación (presencial o virtual) y la certificación.

La institución adoptó el Modelo de Competencias Laborales para desarrollar una estrategia de certificación en género dirigida a los profesionales de organizaciones públicas y privadas que trabajan y cuentan con la atribución de aplicar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, e incorporar la perspectiva de género en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Uno de los resultados más significativos, explica la funcionaria, ha sido la creación del Sector para la Igualdad de Género, que hoy día integra 5 estándares de competencia: asistencia vía telefónica a víctimas, y personas relacionadas, en situaciones de violencia de género; prestación de servicios de consultoría para la implementación del Sistema de Gestión del Modelo de Equidad de Género; auditoría de Certificación del Sistema de Gestión del Modelo de Equidad de Género; acompañamiento emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, y capacitación presencial servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres.

“Todos estos estándares son una herramienta fundamental para lograr un cambio cultural con visión de género, para erradicar la violencia contra las mujeres y contar con gente profesional que contribuya a eliminar las brechas de desigualdad”.

Cruz Sánchez comenta que la alianzas entre los tres poderes y ámbitos de gobierno han dado buenos resultados, sin embargo todavía hay mucho por hacer en el tema de la violencia de género a nivel local, nacional e incluso a nivel mundial.

“Tenemos que desterrar la misoginia y todas sus violentas expresiones de la familia, de los medios de comunicación, de los centros de trabajo y las comunidades, focalizando más esfuerzos en las mujeres rurales, las indígenas, las afrodescendientes, las adultas mayores, las que viven con alguna discapacidad y las migrantes; también, impulsando acciones específicas para aquellas que viven en situación de extrema pobreza o de reclusión”, sostiene.

Por lo anterior, considera que es prioritario seguir modificando reglamentos, códigos civiles y penales, así como homologar conceptos, procedimientos y sanciones en el ámbito local conforme a los tratados y convenciones internacionales, así como a la normatividad jurídica federal.

“Resulta inconcebible que en siete de 11 entidades que tipifican el delito de rapto, éste se exculpe si el hombre contrae matrimonio con la víctima. En cuatro de 31 estados se exime de la penalidad a los hombres por el delito de estupro. Tenemos que empujar el cambio legislativo en 26 entidades federativas del país que todavía castigan más el robo de ganado que el abuso sexual”.

La funcionaria menciona que para cumplir con la Convención de Belém do Pará, es necesario acelerar el paso y lograr el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). En ese sentido, es prioritario que las instituciones federales y locales registren, integren y analice toda la información que permita conocer las causas y características de la violencia de género, lo que permitirá impulsar acciones para lograr su erradicación.

Al respecto, Inmujeres impulsó el curso a distancia “La medición de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”, desarrollado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

TAREAS PENDIENTES

En cuanto a las metas de la institución que dirige para prevenir y erradicar la violencia, Lorena Cruz Sánchez explica que se debe mejorar la provisión, la calidad y la cobertura de los servicios para las mujeres que viven o han sufrido violencia, y llevar un registro eficiente y de calidad.

Otro pendiente es ampliar la cobertura de los albergues. La funcionaria asegura que, con frecuencia, los refugios para las mujeres en situación de violencia son el último recurso que encuentran abierto para escapar de un inminente ataque que puede poner en riesgo su vida.

“Tenemos que elaborar un Diagnóstico Nacional de Refugios y establecer los lineamientos para regular su creación, prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, necesitamos que las medidas de protección, el patrocinio jurídico gratuito y la reparación del daño sean herramientas a las que puedan acceder todas las víctimas. Pero también necesitamos que las mujeres denuncien, y que sus denuncias lleven a un proceso rápido y efectivo para detener la violencia”, asegura.

Un problema que violenta la vida de miles de adolescentes en el país es el embarazo precoz, asegura Lorena Cruz, por lo que la meta es reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente y que no haya ninguna niña menor de 14 años embarazada, por lo que uno de los avances más importantes es la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, presentada en enero de 2015, que prioriza la educación, la información científica y objetiva, así como la atención a la salud sexual y reproductiva de la juventud mexicana.

No puede faltar la meta de la paridad real. “Si las mujeres somos el 50 por ciento de la población, justo es que ocupemos el 50 por ciento de los cargos de decisión. Los procesos electorales de este año representan una oportunidad que no vamos a desaprovechar. Por eso, Inmujeres está preparando a mujeres líderes para que puedan contender por un cargo de representación popular, no nos importan colores partidarios, sólo que tengan puesta la camiseta de género”.

La titular de dicha institución admite que uno de los grandes retos es la generación de información estadística oficial con perspectiva de género y desagregada por sexo y edad. El tema, sostiene, es relevante porque las estadísticas oficiales son la base para el diseño de las políticas públicas y de acciones de gobierno.

“En la base de la violencia contra las mujeres y las niñas está la desigualdad, y en la base de la desigualdad están la discriminación y la subordinación, producto de un muy mal uso del poder”, concluye.

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