Desigualdad urbana en tiempos de Covid

 

Las ciudades que refuercen la movilidad y la seguridad después de la pandemia serán más resilientes y sostenibles

 

“El crecimiento de las ciudades debe ser sostenible y centrarse en los sectores que generan empleo; encauzar las políticas públicas para crear valor por parte del estado y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que proporcionan fuentes de empleo”, aseguró Diego Aulestia, Jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la Cepal durante la sesión magistral “Fortaleciendo la resiliencia de las ciudades mediante la lucha contra la desigualdad urbana”. Los sistemas sociales y económicos están conectados, si uno falla el otro se impacta en gran medida, como el transporte y el empleo. La pandemia por Covid-19 es una oportunidad de pensar en la resiliencia de estos sistemas, explicó Aniruddha Dasgupta, Director Global del WRI Ross Center for Sustainable Cities. El experto advirtió que la falta de resiliencia está vinculada a la desigualdad en el acceso a servicios básicos. “Las ciudades que piensen en cómo reforzar la movilidad y seguridad serán más resilientes”. Hizo un llamado a invertir en el corto plazo en seguridad pública, en creación de empleos y en programas de apoyo dirigidos a poblaciones específicas, pues esas medidas llevarían, en el largo plazo, a la construcción de ciudades más inclusivas, resilientes y bajas emisiones contaminantes. Para el año 2050, se estima que 2.5 billones de personas radiquen en ciudades, sin embargo, éstas se expanden sin planificación, provocando un consumo de recursos naturales y suelo rural que no es eficiente. En Latinoamérica, 20 por ciento de la población vive en asentamientos irregulares y 50 por ciento en zonas costeras. Solo 2.5 del PIB se destina a obras de infraestructura, comentó Tatiana Gallego Lizon, Jefa de la División de Vivienda y Desarrollo urbano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “La crisis sanitaria puso en evidencia las vulnerabilidades en la región; la falta de vivienda social y acceso a los servicios básicos impiden realizar un confinamiento adecuado”. Los expertos coincidieron en que no es posible concebir una estrategia social y urbana que excluya a los sectores vulnerables. Patricia Martínez Barba, Coordinadora General del Gabinete de Gestión Estratégica del Territorio de Jalisco, sostiene que las políticas públicas deben elaborarse con perspectiva de género, ya que 63 por ciento de los usuarios de transporte público en la entidad son mujeres, quienes destinan una parte importante de sus ingresos en los traslados y asumen una carga adicional en las tareas de cuidados, ante el cierre de escuelas durante la pandemia. Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), refiere que a través de esta dependencia se dota de servicios y espacios públicos a los municipios que no tienen recursos para estas obras, o están imposibilitados por la figura legal de posesión de la tierra. En 2020, la secretaría atenderá 71 municipios con una bolsa de 30 mil millones de pesos (mdp).

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
En el panel “Soluciones para la equidad y la resiliencia urbana desde la gobernanza metropolitana, los usos de suelo y los mercados inmobiliarios”, los expertos aseguraron que una forma de superar la crisis ocasionada por la pandemia es crear plataformas de colaboración comunitaria, a fin de mitigar el impacto económico en los territorios, además de crear un sistema de salud universal.

Los estudios académicos en torno a los riesgos y vulnerabilidades de las ciudades, necesitan llegar a las comunidades rurales para que las personas puedan involucrarse en la construcción de los atlas de riesgo, en un ejercicio participativo.

La gobernanza metropolitana requiere de la participación pública para definir el rumbo de las ciudades y que los beneficios de la urbanización lleguen a todos los sectores. Una gobernanza metropolitana efectiva se logra con la intervención de los municipios, estados y federación, proponiendo nuevas metodologías de planeación, donde las localidades definan los usos de suelo.

En México hay comunidades de hasta 30 habitantes, la mayoría en asentamientos irregulares, que imposibilita brindar servicios públicos.
En ese sentido, el mejoramiento de barrios es fundamental y es 10 veces más costoso si no se hace a través de una urbanización planificada.

MODELOS DESDE LO LOCAL
En el conversatorio “Midiendo la desigualdad urbana: aproximaciones metodológicas para Latinoamérica», se presentó la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que consiste en la creación del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional y Análisis para Respuesta de Emergencia ante el Covid-19.

Este índice identifica a la población de escasos recursos que es susceptible a beneficios y subsidios.

Leticia Milena Doval, de OXFAM México, planteó la importancia de involucrarse con las comunidades a través de metodologías cualitativas, con el fin de visibilizar las aristas de la desigualdad social.

La pobreza urbana, desigualdad y segregación socioespacial también son pandemias, para contrarrestar sus efectos, las políticas públicas deben proteger la salud, los servicios básicos y los ingresos de la población, afirmó Diego Pérez Floreán de ONU Hábitat México. “Es urgente crear modelos de ciudad desde los municipios, con base en la gobernanza metropolitana, que los gobiernos municipales gestionen el crecimiento de las ciudades”.

Por otro lado, Pablo López del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, aseguró que esta institución enfoca sus esfuerzos en la inclusión de los estratos socioeconómicos más pobres y ver de qué manera contribuir a eliminar los obstáculos para acceder de forma equitativa y sustentable a las oportunidades que las ciudades ofrecen como educación, salud, empleo, transporte y espacios públicos.