Tips de Gestión
Funcionarios
incluyentes, la meta
Para evitar que los servidores públicos incurran en actos
de discriminación, las administraciones locales deben impulsar
acciones de capacitación en diversidad sexual y de género, así como
en el diseño de políticas para la igualdad
Por Martha Mejía
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO
Las personas en situación vulnerable, como las que forman parte de la comunidad LGBTTTI, constituyen uno de los grupos de la población que enfrenta mayor rechazo, discriminación y violencia. Se trata, explica en entrevista Tania Ramírez Hernández, Directora General Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), de una hostilidad generalizada que está presente en todos los ámbitos de socialización, con expresiones de hostigamiento y discriminación en el trabajo y en los espacios y servicios públicos.
Una de las acciones que implementó México para combatir la discriminación hacia grupos vulnerables, fue legislar en la Constitución sobre derechos humanos.
“La reforma constitucional de 2011 incorporó los instrumentos internacionales del marco jurídico en derechos humanos como marco obligatorio para México, esto es que los más altos estándares de protección y de derechos humanos son responsabilidad de las y los funcionarios públicos de cualquier nivel. También se traduce en que alcaldes, alcaldesas, regidoras, regidores y de todas las personas que trabajen en la administración pública en los estados y en los municipios tienen en su mandato velar por el derecho a la no discriminación, que es una llave para el ejercicio de los demás derechos humanos”, explica Ramírez Hernández.
CÓMO SE DISCRIMINA
La funcionaria explica que, en el caso de la diversidad sexual, los efectos de esta discriminación y violencia se materializan, sobre todo, en las experiencias cotidianas, que van desde el proceso de reconocimiento de su orientación sexual e identidad de género, hasta sus oportunidades de desarrollo personal y ejercicio de derechos a formar una familia y a expresarse libremente en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo y el acceso a la justicia.
“Nosotros diseñamos la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig), a través de ella supimos que 86 por ciento de las personas consideran que se respetan poco o nada los derechos de las personas en diversidad sexual; uno de los ámbitos donde señalaron que habían sufrido mayor discriminación fue durante la atención médica, pues siete de cada 10 personas señalaron que el personal que las atendió las hizo sentir incómodas, recibieron malos tratos y humillaciones Esto demuestra que, en el ámbito de la salud existe todavía una percepción patologizada y no normalizada de que la diversidad sexual es parte de la diversidad humana”, indica la funcionaria de la Conapred.
De acuerdo con Ramírez Hernández, los estados en donde se concentran más asesinatos de las personas LGBTTTI son Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Estado de México, Chihuahua, Puebla y Tamaulipas.
Tania Ramírez Hernández.
FOTO:ROSALÍA MORALES
Por su parte, la evaluación 1571-GB Política Pública para el Combate a la Discriminación, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), muestra que la Ciudad de México es la primera entidad con más casos de discriminación al tener 29 carpetas de investigación abiertas. En segundo lugar se encuentra el Estado de México con seis; luego está Baja California con cinco; Campeche con cuatro, y Chihuahua con tres.
Dentro de este análisis se informa también que, de 2009 a 2018, el Conapred y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atendieron un total de 11 mil 546 quejas por casos de discriminación.
¿QUÉ HACER?
Desde la administración pública, se han puesto en marcha mecanismos para evitar la discriminación. Por ejemplo, en noviembre de 2018 entró en vigor el “Protocolo de actuación de la Policía Federal para los casos que involucren a personas de la comunidad LGBTTTI”, por el cual, todo funcionario de la Policía Federal queda obligado a aplicar, en cualquier estado del país, los principios de libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación.
No obstante, indica Tatiana Revilla Solís, académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y especialista en políticas públicas con perspectiva de género, este tipo de protocolos aún no se desarrollan a nivel municipal.
En su opinión, para que un municipio pueda alcanzar el éxito en este tema, primero debe impulsar la sensibilización y capacitación sobre lo que significa la diversidad sexual y de género, considerando el marco jurídico y el diseño de políticas públicas para la igualdad.
“Otra sugerencia para los gobiernos es diseñar protocolos y reglamentos en materia de acceso a servicios para personas en situación vulnerable”, indica la especialista. También, agrega, es necesario crear un programa de justicia institucional con perspectiva de género para la inclusión de la comunidad LGBTTTI, así como protocolos de actuación policiales, ya que cuando las víctimas o los presuntos culpables forman parte de esta comunidad, se ejerce mucha violencia, desde los propios policías municipales hasta por parte del personal de los centros de justicia”.
Tania Ramírez explica que el diagnóstico desde la Conapred es que todas las autoridades, de todos los niveles, tendrían que cambiar su accionar. “Por una parte, efectivamente están los cargos directivos y las cabezas de sector, incluso los presidentes municipales. En este sentido nos hemos enfrentado con que en ese nivel de dirección pueden quedar claras las cosas, los conceptos, los protocolos, pero a nivel de la ventanilla o de la persona que le va a dar acceso o no a alguien al momento de entrar a una clínica, ahí es donde se puede presentar el obstáculo, la discriminación”, concluye.
Mecanismo de Gestión Pública sin Discriminación
Esta herramienta fue elaborada por el Conapred para ayudar a las entidades y dependencias del Gobierno Federal a generar y aplicar una política transversal no discriminatoria, con base en cuatro aspectos fundamentales:
Prevención
Las dependencias deberán contribuir en la inhibición de conductas discriminatorias mediante campañas de difusión y promoción de la denuncia, así como sensibilización y toma de conciencia de los servidores públicos respecto al derecho a la no discriminación
Atención de casos
Crear la figura de personas asesoras que se encarguen de brindar atención a las denuncias que los usuarios o el propio personal de la dependencia realice por considerar que han sido víctimas de conductas discriminatorias.
Capacitación
Todo el personal que forma parte de los comités de ética de la administración pública federal, debe capacitarse en la materia, especialmente en los temas, ámbitos y motivos de las denuncias que reciba la dependencia, para disminuir de manera progresiva las conductas discriminatorias.
Registro de casos
Es necesario que las dependencias lleven un registro de los casos, a través del cual se generen insumos para seguimiento de las denuncias que atiendan y que permita obtener información relevante respecto a las áreas de oportunidad de cada una de ellas.