Expediente Abierto

►Protección Civil ♦ Reportaje

Gestión Integral de Riesgos, ante desastres

 

Los sismos han evidenciado la necesidad de transitar a este nuevo enfoque, en el que gobiernos y ciudadanos deben generar estrategias a partir de conocer el peligro, la exposición y la vulnerabilidad de las comunidades

 

►Por David Galicia Sánchez FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL/CUARTOSCURO FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO En los estados de Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y en la Ciudad de México, los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 dejaron heridas profundas en la infraestructura y en el ánimo de los ciudadanos. Pero también tuvieron un impacto en la manera en cómo la población y los gobiernos responden a este tipo de situaciones. Las imágenes de cientos de personas ayudando a remover escombros u organizando la ayuda en especie que llegaba para los damnificados en 1985 se repitieron en 2017. Dos generaciones distintas respondiendo de manera similar ante la emergencia. Pero más allá del ánimo solidario y la disposición de los ciudadanos, una de las lecciones más importantes, sobre todo después del terremoto de 2017, fue comenzar a pensar más allá del paradigma de Protección Civil e incorporar la visión de la Gestión Integral de Riesgos. La Ley General de Protección Civil define a la Gestión Integral de Riesgos como “el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción”. Durante su participación en el conversatorio Mapeo del Riesgo, coordinado por la organización civil Ruta Cívica, el pasado mes de agosto, Rafael Marín Cambranis, Director General de Análisis de Riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, aseguró que para hacer una gestión adecuada, es necesario conocer los tres elementos básicos que componen el riesgo: el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. “El riesgo son los daños y pérdidas probables a consecuencia del impacto de un fenómeno natural o antrópico (ocasionado por la acción del ser humano), y su interacción con el sistema expuesto y sus vulnerabilidades. El peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructivo; la exposición son todos los bienes y personas que pueden ser afectadas por este peligro y la vulnerabilidad son las características físicas, sociales, ambientales, políticas y de diferente índole que nos hacen más susceptibles a sufrir daños o pérdidas a consecuencia del impacto de algún fenómeno.” Este nuevo enfoque va más allá de acciones reactivas ante los desastres, implica el conocimiento del peligro ante los fenómenos naturales e involucra la participación de los ciudadanos. Rafael Acosta Díaz, consultor independiente para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que en los últimos 35 años, los gobiernos han aprendido lecciones valiosas en torno a la prevención y la acción ante escenarios de desastres, sin embargo, también advierte que aún queda trabajo por hacer.

“En 1985 hubo miles de muertos, en 2017 hubo cientos de muertos, esa es una lección que nos dice que algo hemos empezado a hacer bien. Pero creo también que quizá solo hemos aprendido a evacuar edificios o a implementar reglamentos de construcciones en las zonas urbanas.” El experto afirma que, si bien por una parte existe un México con una Ley General de Protección Civil muy buena, con aspectos a mejorar, por otra parte hay un México con municipios sin reglamentos en la materia, o bien, con deficiencias. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solo mil 303 gobiernos municipales cuentan con una dependencia de Protección Civil.

 

 


 Mónica Tapia Álvarez.

 

FOTO: CORTESÍA DE WRI MÉXICO

Rafael Acosta asegura que si los alcaldes quieren crear un área de Gestión Integral de Riesgos en sus municipios, deben integrar este paradigma en los planes municipales de desarrollo. En ese sentido, aclara que conocer el riesgo no significa conocer las amenazas, sino la probabilidad de que éstas aparezcan y, con ello, el grado de vulnerabilidad de las comunidades; asimismo, deben conocer su nivel de resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar los daños provocados por un desastre.

“Cuando se conoce este riesgo, entendido como la amenaza, la vulnerabilidad y la resiliencia, entonces se puede hacer Gestión integral de Riesgos, incorporarla a los planes municipales de desarrollo, y en consecuencia, llevar a cabo acciones de prevención, mitigación y atención”, apunta.

ATLAS, INDISPENSABLES
Un aspecto fundamental en la Gestión Integral de Riesgos es contar con un atlas de riesgos. Y ese es otro de los retos a nivel local. De acuerdo con el Inventario de Atlas de Riesgos, elaborado por la Academia de Ingeniería México, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), sólo 357 municipios cuentan con uno de estos instrumentos.

Mónica Tapia Álvarez, Directora de Ruta Cívica y Coordinadora del colectivo Ciudadanía 19s, que articula a diversas organizaciones civiles y colectivos ciudadanos que surgieron para responder a la emergencia por el sismo del 19 de septiembre de 2017, refiere que otra de las lecciones aprendidas es tener conciencia de la importancia de contar con un atlas de riesgos y del trabajo coordinado que debe existir para construirlos.

“Las alcaldías y municipios deberían tener sus propios atlas, y ese es un reto enorme. En la Ciudad de México, por ejemplo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se ha acercado a las alcaldías para brindar apoyo con la plataforma tecnológica y el expertisse técnico. En el orden local están las facultades de Protección Civil, de tal manera que todos los municipios deben tener sus propias unidades y éstas deben ser las primeras que deben responder ante fenómenos como sismos, inundaciones, accidentes, incendios, entre otros. En la medida que dichas unidades socialicen los riesgos, la ciudadanía es más consciente de ellos”, asegura.

Rafael Marín refiere que la Gestión Integral de Riesgos tiene tres mecanismos de intervención, en los cuales, los atlas de riesgos son fundamentales, ya que contienen la información precisa para diseñar las estrategias pertinentes. El primero es la gestión prospectiva, que se encarga de evitar nuevos riesgos, impidiendo construir en zonas que representen una amenaza para las personas.
El segundo mecanismo es la gestión correctiva, en la cual se determinan las acciones para reducir los riesgos que se han identificado, por ejemplo, obras de reforzamiento, reparación, acciones de reubicación, así como capacitación a la población para que sepa qué hacer en caso de emergencia.
El tercer mecanismo de intervención es la gestión reactiva, es decir, cómo se articula la respuesta una vez que el riesgo se materializa.

De manera complementaria, Tapia Álvarez destaca la importancia de la apropiación ciudadana del riesgo: la responsabilidad que los ciudadanos asumen para realizar acciones que permitan prevenir riesgos, por ejemplo, llevar a cabo revisiones constantes de la infraestructura de sus viviendas y dar el mantenimiento que sea pertinente cuando se requiera.

“No es solo un trabajo de las autoridades, también de nosotros como ciudadanos, debemos conocer nuestros riesgos”, apunta.

LECCIONES DE LA PANDEMIA
Rafael Acosta asegura que el Covid-19 es un factor que debe considerarse en la Gestión Integral de Riesgos, ya que hizo ver la vulnerabilidad del sistema de salud y también en materia de cultura ciudadana, lo cual se ha visto reflejado en sectores de la población que no quiere prevenir, ni usar cubrebocas ni aplicar la sana distancia.

“Me gustaría hacer un llamado al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal para que atendamos, a través de foros, las experiencias y los focos rojos que nos dejó la epidemia, el sismo de 2017 y otros eventos que hemos vivido, y que veamos cómo mejorar el marco jurídico y enriquecer el sistema de gestión de desastres.”

Por su parte, Mónica Tapia destaca la importancia de que la información oficial esté al alcance de los ciudadanos en formatos abiertos, con la finalidad de facilitar su análisis y generar herramientas que permitan llegar a soluciones eficaces, como lo ha hecho la Secretaría de Salud federal en el contexto de la emergencia sanitaria.

Asimismo, plantea la necesidad de revisar los criterios de la información personal, con la finalidad de abonar a la Gestión Integral de Riesgos. “Por ejemplo, el nombre de un damnificado se debe proteger, pero la dirección, los dictámenes de daños, la reubicación del inmueble no es personal, es de interés público por el tema del riesgo”, concluye.