El primer domingo de julio se realizó la primera consulta popular regulada por la Constitución. Más allá de los resultados (desconocidos al momento de esta redacción), el precedente es importante, pues se encontró un camino para evitar presuntas consultas a mano alzada entre los allegados a un funcionario público. Ahora habrá que analizar los resultados y el tamaño de la participación ciudadana, ante una pregunta que perdió sentido entre caprichos presidenciales y los ajustes realizados por la Corte.

La siguiente etapa será la consulta para la revocación de mandato del Presidente López Obrador. En este caso, todo es incierto, incluso su posible realización. El interés por llevarla a cabo es eminentemente presidencial, ya que, en su discurso, busca que el pueblo decida si debe seguir gobernando o no, pero en su política, lo que aspira el Presidente es a demostrar que cuenta con el apoyo popular para seguir su mandato, con sus «mañaneras», con sus “abrazos y no balazos”, con sus recriminaciones a las clases medias y sus políticas centralizadoras del poder. Con todo, tal como quedó la reforma constitucional, la realización de la consulta de revocación no depende de la voluntad presidencial. Su organización requiere de cumplir en poco tiempo un procedimiento nada simple.

De hecho, el organismo facultado para convocar a la revocación de mandato es el Instituto Nacional Electoral (INE), una vez que lo solicite al menos 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, distribuidos en por lo menos 17 estados de la República, y en cada uno de ellos lo pida al menos 3 por ciento de su listado nominal. A decir de la Constitución, las firmas podrán solicitarse durante el mes previo a la conclusión del tercer año de gobierno; después, el INE revisará su validez y verificará que cumplan con los requisitos establecidos. Noventa días después de emitida la convocatoria, podrá llevarse a cabo la consulta de revocación.

En este caso, los legisladores cuidaron que la revocación no pudiera ser convocada por el Presidente y que no se realizara en una fecha que coincidiera con cualquier elección. El Congreso de la Unión quedó obligado por la Constitución a emitir la ley reglamentaria de la revocación, pero a la fecha no lo ha hecho, por lo que el INE tendrá que emitir lineamientos que definan los pormenores de este proceso. Al igual que en la consulta popular, la revocación solo sería válida si participa más de un 40 por ciento de los integrantes del listado nominal y una mayoría absoluta vota por separar al Presidente de su cargo.

Parecería una contradicción que el Presidente mismo o su partido busquen consultar a la ciudadanía sobre la posible revocación de mandato. Ello correspondería a ciudadanos inconformes o a la oposición. Sin embargo, el uso político de esta figura podría buscar un efecto de reafirmación que utilizaría el Presidente para tratar de continuar con su proyecto. Dentro de tres meses veremos si se inicia este ejercicio.

Mientras tanto, lo cierto es que el año próximo, el 5 de junio, habrá elecciones para gobernador en seis entidades de la República: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Una vez más se pondrá en el aire la moneda de la fuerza partidista en entidades que hoy no gobierna Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Para entonces, el Covid-19 tendrá una presencia diferente a la de este año y, seguramente, la carrera por la candidatura presidencial (iniciada por el propio Presidente durante julio) habrá dado algunos pasos.

Entre consultas y elecciones, el INE tendrá mucho trabajo y difícilmente descansará. El mapa político del país se ajustará de nuevo y, en medio de todo, se podría presentar una reforma electoral para preparar la elección de 2024. Tiempos intensos para las autoridades electorales.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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(figura pública)