Hacia la construcción de gobiernos propositivos

En México, los últimos años han comenzado con grandes retos para las administraciones locales, principalmente en materia financiera, lo anterior debido a los recortes presupuestales y de recursos provenientes de la federación, lo que ha obligado a los gobiernos locales a idear alternativas para contar con la solvencia necesaria para cumplir con sus actividades, a las cuales se han adherido tareas en materia de salud, educación y atención a desastres naturales.

Uno de esos retos es precisamente en materia de prevención y respuesta ante emergencias provocadas por fenómenos naturales, como lo fue el huracán que azotó en octubre de 2023 a Acapulco, Guerrero, y sus alrededores, ya que los recursos reservados para atender ese tipo de sucesos, acumulados cada año en los fideicomisos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), dejaron de existir. Esas reservas, aseguran especialistas, se reasignaron a proyectos encabezados por el Gobierno Federal.

Además, el presupuesto para programas de prevención y atención a desastres naturales tendrá una disminución de 4.4 por ciento, en términos reales, para este año, en comparación con 2023, algo que limita el actuar de los gobiernos locales, entendiendo que los mecanismos para acceder a esos fondos ya no son los mismos que se tenían cuando operaban los fideicomisos.

La situación se vuelve más compleja al considerar que, según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), al menos mil 448 municipios están en riesgo o enfrentarán problemas generados por el cambio climático, por ejemplo, el aumento de deslaves por lluvias atípicas, falta de agua y problemas de salud pública.

Para hacer frente a este panorama, las administraciones públicas locales deberán generar mecanismos propositivos para contar con ingresos propios que les permitan invertir en la prevención y atención de emergencias, como contar con fondos municipales para hacer frente a esos riesgos.

Una de esas acciones también tiene que ver con la protección de las áreas naturales, ya que la biodiversidad que se encuentra en estas es fundamental para mantener el equilibrio ecológico del planeta; mientras que el aprovechamiento responsable de esos recursos puede generar bienestar social y económico para las comunidades que habitan en dichos territorios, algo que, además, puede reflejarse en una mayor captación de ingresos para los municipios.

Y no es para menos, ya que el ecoturismo, el turismo rural y el turismo de aventura alcanzan un mercado global de 2.3 billones de dólares, según un estudio realizado en 2019 por la Universidad George Washington y la Adventure Travel Trade Association (ATTA). Esto es importante para México, ya que resulta sumamente atractivo para los turistas, por sus más de 15 mil kilómetros de costa, 137 millones de hectáreas de bosques y selvas, 770 mil hectáreas de manglares, 203 áreas naturales protegidas, 363 áreas destinadas a la conservación y seis sitios nombrados Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Sobre este tema abundamos en esta edición, donde analizamos los beneficios que todo esto implica para las demarcaciones del país, así como las acciones y apoyos que se requieren para promover el ecoturismo desde una visión local y sostenible.

Contar con mayores recursos propios es también fundamental para la modernización de la infraestructura, servicios y espacios públicos. En ese sentido, conversamos con Cruz Pérez Cuéllar, Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua, quien expone los avances que ha logrado en el municipio para su transformación.

En este número también abordamos las acciones y herramientas que los municipios pueden implementar para mejorar la recaudación; además de las estrategias para proteger a las Policías y funcionarios de seguridad pública locales, entre otros temas.

Que disfrute la lectura.

Los editores.