yLa participación ciudadana, el pasado 6 de junio, ratificó la apuesta por la democracia y sus instituciones. Casi 49 millones de mexicanos salimos a votar, a pesar de todos los inconvenientes, como el Covid-19, el fallido discurso del fraude, la violencia política que se registró en las campañas y el discurso polarizador del Presidente.

El ciudadano supo bien dividir su voto y optar por el partido de su preferencia, dependiendo de las características de cada elección en la que participó. El mensaje fue claro: el tsunami de 2018 desapareció, Morena conserva una importante mayoría, pero la ciudadanía acotó su influencia y el Presidente ya no podrá modificar la Constitución sin negociar con la oposición. Más allá de triunfos y derrotas electorales, lo cierto es que Morena incrementó su presencia en 11 estados del país, pero en los centros urbanos perdió importantes sectores de las clases medias que ahora son centro de los ataques presidenciales en las mañaneras, por “aspiracionístas”, “egoístas” y “conservadoras”.

Los ciudadanos también desmontaron con su voto el fantasma de la posible desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), gracias a la participación y confianza depositada en la institución y el ánimo y entrega de los funcionarios de casilla. Contra dicha presencia no hay defensa. De repente, se esfumó aquello de que el INE solo está para tolerar fraudes y se hicieron evidentes los 30 años de trabajo y experiencia de la institución y las cinco reformas electorales que han fortalecido su marco jurídico e incrementado sus funciones. Lo mismo ha ocurrido con los institutos electorales de los estados.

Es tiempo de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) termine de emitir sus fallos ante las inconformidades presentadas. De hecho, el proceso electoral federal no terminará sino hasta agosto, cuando el TEPJF emita su última sentencia sobre el reparto que hará el INE de las curules de representación proporcional. En el camino, a más tardar el 22 de julio, el organismo emitirá las resoluciones sobre los gastos de campaña de todos los candidatos. Vendrán sanciones y debates sobre la legalidad de algunas elecciones, dados los dineros invertidos. En pocas palabras, aún falta tiempo para que termine la polémica sobre la elección.

Con todo, las lecciones están claras. No parece haber espacio para el fortalecimiento de tendencias autoritarias que quisieran alterar el curso democrático de nuestro país, aunque ello implique acudir a negociaciones complejas entre fuerzas políticas rivales. Ante la polarización, la ciudadanía respondió con la pluralidad, como corresponde a un país tan diverso como el nuestro, pero será importante seguir luchando por la democracia.

La consulta popular deberá realizarse el 1 de agosto y aún no está claro de dónde saldrán los recursos para que el INE la organice. Después, en los primeros meses del próximo año, podría realizarse el proceso de revocación de mandato tan deseado por el Presidente y, por si fuera poco, el 5 de junio de 2022, habrá elecciones de gobernador en seis entidades. Una vez más, estará a prueba la autonomía de las autoridades electorales.

Los desafíos que debe enfrentar toda democracia no terminan con una elección exitosa, pero hoy, en México, tenemos un panorama más positivo que hace tres meses. Prevalece la violencia electoral, la innegable presencia del narco en las elecciones y se requiere el fortalecimiento del régimen de partidos. Pero este año, la ciudadanía mostró una cultura cívica más desarrollada y esto será una excelente compañía en la lucha por la democracia.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)