Este mes el proceso electoral entra en una fase importante. No solo continúan los trabajos del Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar en tiempo y forma la elección, sino también los partidos entran en una etapa orientada a la definición de sus candidaturas. La fecha de inicio de las precampañas fue motivo de una polémica entre el Consejo General del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En aras de contar con el tiempo necesario para que el INE realizara sus actividades de fiscalización de las precampañas, el Consejo General aprobó un acuerdo para adelantar la fecha de arranque al domingo 5 de noviembre. Se trataba de 15 días que el INE habría ganado para organizar bien sus actividades y garantizar que la fiscalización de los precandidatos estuviera realizada antes de que se registraran formalmente como candidatos.

Con todo, Movimiento Ciudadano impugnó el acuerdo y el Tribunal le dio la razón, pues ciertamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, en su Artículo 226, que en un proceso presidencial las precampañas inicien en la tercera semana de noviembre. El sentido común diría que el acuerdo del INE facilitaba la operación de un proceso que de por sí ya es muy complejo. Sin embargo, el Tribunal se inclinó por respetar la literalidad de la ley. En consecuencia, el Consejo General debió modificar su calendario y adecuar también la programación de los tiempos en radio y televisión a que tienen derecho los partidos en sus precampañas.

En todo caso, parece evidente que en cada una de las alianzas partidistas habrá precandidaturas únicas y estarán vigentes las reglas específicas que regirán esos procesos. En algunas legislaturas estatales, como la de Coahuila, está prohibido que las precandidaturas únicas realicen actos de proselitismo, pues ello generaría un efecto de inequidad en la competencia electoral. Por su parte, el Tribunal Electoral ha establecido que las precandidaturas únicas sí podrían interactuar con la militancia de sus partidos, siempre y cuando deban ser ratificados por los órganos partidistas correspondientes y sin realizar actos anticipados de precampaña o de campaña. El efecto para la ciudadanía sería que, aunque ya es evidente quiénes serían las candidatas presidenciales de las principales dos fuerzas electorales del momento, no podrían expresarse libremente con promesas y ofertas concretas de gobierno, pues esos mensajes podrían ser interpretados como actos anticipados de campaña y, por lo tanto, hacerse acreedores a una sanción. Incluso, el uso de los tiempos oficiales para las precampañas tendría que ser restringido al envío de mensajes genéricos de los partidos.

Esta situación afecta no solo a las precandidaturas presidenciales, sino también a las correspondientes a los demás puestos de elección popular, especialmente a quienes aspiran a una gubernatura o a la Jefatura del gobierno de la Ciudad de México. No sería extraño que durante noviembre se reinicie el debate sobre lo que los precandidatos únicos podrán hacer en los 60 días que durarán las precampañas.

Por lo demás, el INE ha trabajado muy intensamente para continuar con los preparativos de la elección. Ya están definidos los alcances de las acciones afirmativas que se aplicarán en la elección del año que entra; se aprobaron los lineamientos para organizar la Consulta Infantil y Juvenil para el próximo año; se definieron criterios para evitar que los capacitadores electorales y los funcionarios de casilla estén vinculados con algún partido político y seguramente se empezarán a realizar las actividades para la organización del PREP y los conteos rápidos que tendrán lugar la noche del próximo 2 de junio, al final de la Jornada Electoral.

Las precampañas intensificarán el debate político y las actividades partidistas, pero mientras se mantenga el apego a la legalidad, el proceso avanzará en la dirección correcta.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)