Desde 2018 se comenzó a plantear seriamente, por parte del entonces candidato a la presidencia, ahora titular del ejecutivo de nuestro país, la intención de regular la marihuana y la amapola mediante una política integral, en aras de disminuir la violencia que causa el prohibicionismo de estas drogas. La finalidad es que la producción, venta y consumo de las mismas, se enmarquen como actividades lícitas dentro del mercado, lo cual “escandaliza” a algunos sectores de la sociedad que tienden a ser conservadores. Se usan argumentos diversos, que van desde los más apegados a razones objetivas relacionadas con la salud –pero carentes del soporte con evidencia suficiente– hasta algunos argumentos carentes de lógica, como decir que los principales afectados serían los niños y niñas, que tendrán el acceso a estos fármacos por ser “legales”, lo cual está lejos de la realidad.

Primero, las propuestas que se han planteado apenas contemplan la regulación de la marihuana para uso recreativo y medicinal, y la amapola con fines medicinales. Se ha avanzado más en la regulación de la primera. Al igual que el alcohol, un niño, niña o adolescente no tendrá acceso a esas sustancias de forma legal a menos de que sea por una cuestión médica y supervisada. Lo cierto es que este debate pone sobre la mesa una necesidad desde siempre urgente, la cual se centra en la integralidad que debe existir en las políticas públicas de la infancia, es decir, igual que con otros temas tabúes en la sociedad, como los derechos sexuales y reproductivos, los niños y niñas deberán estar informados sobre la existencia de las drogas con datos claros y científicos desde distintos enfoques que les prevengan de los riesgos que conlleva su consumo.

Sabemos que una persona adicta a alguna sustancia buscará conseguirla en el mercado legal o ilegal, y que muchas veces cae en la adición por motivos diversos que la detonan. Estos factores van desde la falta de información hasta los relacionados con la descomposición del tejido social, pero hasta ahora los problemas vinculados a las drogas se han visto desde un enfoque meramente persecutorio, sin dejar cabida a las políticas integrales de regulación, prevención y salud, lo cual fortalece el mercado negro de venta, distribución y consumo.

Ante el paso inminente para legalizar bajo ciertas circunstancias el cannabis –el 4 de marzo de 2020, en el Senado de la República, ya se aprobó en lo general el dictamen que lo contempla– debemos tener en mente que, de la mano de ello deben ir las políticas y programas de prevención, los cuales deben ser diseñados para tratar riesgos específicos, de acuerdo con las características de las poblaciones, como edad, sexo y cultura, para mejorar la eficacia de la política pública.

Los programas de prevención se deben dirigir principalmente a las familias y al mejoramiento de sus relaciones internas, de crear redes de apoyo que ayuden a los padres, madres y tutores a ser mejores. De igual forma se debe procurar un entrenamiento para desarrollar, discutir y reforzar las reglas familiares con relación al abuso de sustancias. La información y educación sobre las drogas es un deber que deben tener todas las personas adultas con la niñez.

Se está intentando regular las drogas y todos debemos prepararnos para ello; hay que dejar a un lado los tabúes, para que los niños, niñas y adolescentes conozcan desde temprana edad su impacto y eviten la adicción. Para ello no podemos dejar toda la tarea al Estado; las familias y comunidades debemos ser agentes activos para otorgar información a la población infantil que le sirva para tomar decisiones y evitar riesgos.

Por su parte, el Estado tendrá la tarea de dirigir el abordaje a esta situación nueva desde el sistema de protección de la niñez, y generando responsabilidad social en el ámbito privado, colaboración de la sociedad civil y coordinación de los tres niveles de gobierno.