Expediente Abierto

Derechos Humanos

Políticas locales con enfoque humano

 

Los municipios son el primer eslabón en la cadena administrativa del Estado, por ello, la defensa y protección adecuada de los derechos humanos de los mexicanos, desde el ámbito local, podría ser la apuesta para garantizar su bienestar

 

Por Magali Téllez

Cuando se habla de violaciones a los derechos humanos, pocas veces se entiende por qué o bajo qué condiciones se originan. En ocasiones, los ciudadanos no saben cuáles son sus garantías individuales y quiénes son los encargados de promoverlas y respetarlas. No obstante, hacer una difusión efectiva de la información y trabajar en el desarrollo de mecanismos para atender esa falta de conocimiento es responsabilidad del Estado, a través de los tres órdenes de gobierno.

Especialistas coinciden que el gran reto de los municipios en materia de derechos humanos radica en la capacitación de los trabajadores al servicio del Estado, el acceso de los ciudadanos al conocimiento de las leyes nacionales y tratados internacionales de los que México forma parte y el desarrollo de políticas públicas que permitan la garantía de todos los derechos reconocidos en la Constitución.

Para lograrlo, se debe entender que en el municipio recae la autoridad y obligación de brindar los servicios básicos a la población. El Artículo 115º de la Constitución Política del país señala que este orden de gobierno es responsable de garantizar y proveer los servicios públicos de agua potable, drenaje, alumbrado, mercados, panteones, calles y la seguridad ciudadana, que incluye la acción de evitar cualquier tipo de violencia.

VISIÓN INTEGRAL

De acuerdo con José Martínez Cruz, Director General de la Primer Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la creación de política pública es necesaria una visión de integralidad que pueda atender necesidades específicas de cada sector, especialmente a los que son conocidos como grupos de atención prioritaria.

En esos grupos de atención prioritaria están niñas, niños y adolescentes, los cuales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son más de 40 millones y representan 35 por ciento de la población total del país; personas con discapacidad (7.7 millones), adultos mayores (15.4 millones), grupos y comunidades indígenas (7.3 millones), así como hombres y mujeres con mayor sensibilidad a factores que ponen en riesgo su salud, y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

“Cuando los municipios tienen conocimiento, pueden realizar labores de prevención y respuesta social, generar mecanismos de participación ciudadana y crear comités para atender cualquier situación que se presente”. El defensor también señala la importancia de contar con manuales o protocolos específicos de actuación. “Es una responsabilidad de los municipios asumir que se pueden llevar a cabo iniciativas en función del principio máximo de protección de derechos, que es el Principio Pro Persona”.

Establecer una oficina local de derechos humanos también contribuye a que las administraciones locales generen políticas con este enfoque. De acuerdo con su experiencia, la importancia de las administraciones municipales radica en la facultad de impulsar estructuras, instituciones e iniciativas que eviten que un sector de la población sufra y que los servidores y servidoras públicas estén atendiendo de manera inmediata antes de que se transforme la situación en algo imposible de revertir.

 

Ramón Basanta

 

José Martínez Cruz.

FOTO:ROSALÍA MORALES

Ramón Basanta

 

Tania Ramírez Hernández.

FOTO:ROSALÍA MORALES

 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

“Lo primero es pensar siempre en el principio de progresividad, si contemplamos este criterio podemos ir viendo que tenemos una meta y realizar acciones que abonen a que eso se cumpla”, señala Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Esto incluye que los municipios tengan una planeación con enfoque de derechos humanos, un diagnóstico de necesidades, municipio por municipio, sobre cómo se llega a la garantía de esos derechos y hacer un piso parejo para crear menos brechas de desigualdad. De esta manera, de acuerdo con la especialista, se puede hacer una medición efectiva del funcionamiento de las acciones municipales orientadas a la protección de las garantías de las personas.

La percepción ciudadana, asegura, también juega un papel importante para lograr este objetivo. “En la medida que vayamos avanzando en para qué sirven los derechos humanos y hacer saber que son algo cotidiano y de utilidad para las personas, vamos a ir progresando en estos nuevos diseños”.

En el caso de la Ciudad de México, han sido instaladas 13 oficinas de defensa de derechos humanos, que forman parte de la CDHCM, en igual número de alcaldías, y se prepara la instalación de las oficinas en las tres alcaldías restantes: Álvaro Obregón, Benito Juárez y Tlalpan. La ombudsperson asegura que es muy importante tener esas posiciones a nivel local de mediación social y mediación restaurativa, y manifiesta la importancia de que este modelo se replique en todo el país.

“El reto es que caminemos juntos a la transformación de esta visión. El enfoque de derechos empodera a las ciudadanas y los ciudadanos, pero también empodera muchísimo a las administraciones. Contemplar desde los municipios la protección, implicará una menor incidencia de ción de derechos humanos de cualquier tipo de autoridades”.

UNA LEY QUE SANCIONE

Francisco Cerezo Contreras, titular del Comité Cerezo México, detalla que para la aplicación eficaz de una política pública con enfoque de derechos, es necesario contar con recursos, infraestructura y conocimiento en la materia para hacerlo efectivo en la práctica, y que solo se logrará mediante la capacitación de funcionarios públicos y ciudadanos.

“En primer lugar, se requiere que conozcan qué son los derechos humanos, quiénes los violan y cómo lo hacen. En segundo lugar, que tengan claro cómo se documentan las violaciones a derechos humanos y, tercero, que exista voluntad política de los tres órdenes de gobierno para dar respuesta a las recomendaciones que emitan las