La alcaldesa de Capulhuac, Selene Hernández Herrera, solicitó licencia temporal para separarse de su cargo por 90 días, luego de ser acusada de agresiones físicas y sexuales por una trabajadora del DIF.

Foto: Selene Hernández Herrera en Facebook.

El documento presentado ante el Cabildo señala que la alcaldesa de Capulhuac pidió licencia por motivos personales, la cual fue autorizada por los síndicos y regidores.

Durante la sesión, se acordó que Yuritsi González, sexta regidora, estará a cargo del Ayuntamiento en los próximos 90 días.

Piden a la Fiscalía de Edomex investigar caso de agresión de la alcaldesa de Capulhuac 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género deben iniciar una investigación diligente respecto a la supuesta agresión de la presidenta municipal de Capulhuac, Selene Hernández, así lo pidió la diputada de Movimiento Ciudadano, Sara Alicia Ramírez.

En tribuna, la diputada del Congreso del Estado de México declaró que ante un caso de violencia física y sexual, es importante una investigación exhaustiva y con perspectiva de género.

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“Estamos ante un caso que no sólo implica violencia institucional, sino también posible violencia de género, violencia laboral, abuso de poder y violencia sexual cometidos presuntamente por personas funcionarias públicas en ejercicio de su cargo, lo cual reviste una gravedad mayor y demanda una actuación inmediata del Estado”, subrayó la legisladora.

Añadió que la FGJEM no sólo tiene la obligación legal, sino también el deber ético de garantizar el acceso a la justicia, la debida diligencia en las investigaciones y la protección efectiva de las víctimas, por lo que no es aceptable el silencio institucional.

Alicia Ramírez solicitó abrir una carpeta de investigación con perspectiva de género y enfoque diferencial, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos; brindar medidas cautelares de protección urgentes para la víctima y sus familiares, ante el riesgo que la víctima ha señalado.

Además, garantizar la independencia e imparcialidad del proceso, evitando cualquier posible injerencia de autoridades municipales; e informar públicamente el estatus del caso, brindando certidumbre a la ciudadanía y a los colectivos que se han manifestado exigiendo justicia.

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