De acuerdo al reporte Votar entre Balas de Data Cívica, se refiere que el sector municipal es el más afectado con la violencia político-criminal durante el periodo de 2018 al 2023. El 77 por ciento de víctimas aspiraban o tenían un cargo de ese orden de gobierno.
Foto: Noemí Andrade / Alcaldes de México.
Ante la violencia política actual que se está desatando en el país, las organizaciones de Data Cívica, México Evalúa y Animal Político presentaron su proyecto “Votar entre balas”, que contiene datos que ayudarán a entender el fenómeno de la violencia político-criminal en México.
La plataforma en línea, incluye un mapa interactivo con datos a nivel municipal, gráficas, estudios estadísticos y reportajes que ejemplifican todas las agresiones contra las y los candidatos, actores públicos y demás gente involucrada en el sector.
En el estudio presentado se encontró una variable interesante que confirma que el crimen organizado es el “personaje principal” en la violencia política que se vive en los municipios, sobre todo en tiempo de elecciones.
“Por cada persona candidata o militante de partido atacada, aumenta casi el 1 por ciento el porcentaje de sustitución de funcionarios de casilla el día de las elecciones”, refirió Sandra Ley, coordinadora de México Evalúa.
Asimismo, Sandra Ley mencionó que se está viviendo una gobernanza criminal que hace perder el sentido de la democracia y el voto libre y secreto ya que al intimidar al electorado por la inseguridad política que se vive en las entidades, el crimen organizado aprovecha para sustituir funcionarios de casilla e imponer lo que ellos quieran.
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También aclaró, que es necesario entender que no solo las personas candidatas a algún cargo de elección popular corren riesgo, “sí se tiene mayor foco en ellos por el periodo de lecciones, sin embargo, cuando se terminen seguirá habiendo violencia y además los servidores públicos, periodistas y el electorado también corren riesgo”, sostuvo.
Un ejemplo de estas situaciones es San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde la participación electoral bajó de 54 por ciento a 21 por ciento después de que durante el periodo electoral de 2018 hubo un ataque contra un regidor, pero en el de 2021 sumaron tres, contra la presidenta municipal y dos exfuncionarios de seguridad.
“El interés de las organizaciones criminales está en el nivel local, ya que así es como construyen sus controles territoriales: localidad por localidad, para consecuentemente controlar municipios y regiones enteras”, señala el informe presentado.
Otro, apartado que incluye el reporte es que en realidad todos los partidos políticos son afectados con este tipo de agresiones y asesinatos; un cuarto de las víctimas era de Morena. Cabe mencionar que si se considera que el PAN, PRI y PRD han competido como coalición en la mayor parte de los municipios, este grupo de oposición concentra más del 40 por ciento de los ataques.
Por su parte, Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, señaló que desde el medio aportarán con reportajes periodísticos para mostrar la violencia que se está viviendo en el país, sobre todo en algunos municipios.
Asimismo, el reporte refleja que los estados con mayor incidencia de agresiones son: Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. En su participación, la periodista Olivia Zerón mencionó que no se trata de contabilizar las muertes sino de entender e investigar por qué sucede.
Además, dijo que el miedo es tanto que ni siquiera se enteran cuando algún candidato está siendo amenazado. “Hay personas que no se atreven a pedir protección porque si se enteran de la solicitud, podrían matarlos”, refirió Zerón.
Finalmente, las organizaciones emitieron algunas recomendaciones de política pública, como fortalecer la profesionalización de las corporaciones de seguridad municipales; que se garantice por parte de las autoridades judiciales el puntual seguimiento a la investigación y sanción de los culpables.
Que los partidos políticos asuman su responsabilidad y no postulen candidatos cuyas trayectorias y vínculos abonan a procesos de violencia, colusión e impunidad; y que autoridades electorales utilicen los datos disponibles para identificar tendencias y objetivos y se puedan generar planes de prevención y protección, entre otras medidas.
Además, concluyeron que es importante que el sexenio que está por comenzar tome cartas en el asunto y considere en su agenda de administración esta situación.
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