A finales de 2024, se presentaron casos en municipios del país sobre la falta de pagos a trabajadores, desvío de recursos, nexos de autoridades con el narco en administraciones actuales y pasadas.

Foto: Usuarios de redes sociales.
Entre los casos más conocidos se encuentran:
Trabajadores del sindicato de empleados del ayuntamiento de Córdoba encerraron a las autoridades y a los empleados de confianza, para exigir su pago de aguinaldo y bonos que la Tesorera prometió les depositarían en una fecha que no se cumplió.
En la presidencia municipal localizada en el Zócalo de Jiutepec debido a que el ex alcalde David Ortiz no entregó el municipio en tiempo y forma, se dejó sin pago de nómina, aguinaldo, primas vacacionales a trabajadores de confianza, honorarios y sindicalizados.
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Habitantes del municipio de Ecatepec, miembros de organizaciones de sindicalizados y sociales, convocados por el diputado morenista Octavio Martínez, se manifestaron en las calles para reunir firmas y exigir un juicio de desafuero contra el expresidente municipal, Fernando Vilchis.
A quien se le acusa por la supuesta malversación de recursos públicos y falta de pagos a trabajadores del SUTEYM, así como de haber dejado inconclusas obras y servicios en el municipio; durante su gestión se agravaron problemas como la dotación de agua potable y la seguridad.

Foto: Cortesía Alfredo Salazar.
Alfredo Salazar Olivera, Consultor Político, estratega de comunicación en más de 40 campañas políticas señaló que, para hacer válido el desafuero dependerá de que se presenten las pruebas suficientes para inicio del proceso legal, esta acción sólo permite que se inicie el procedimiento judicial. No implica que se condene por algún delito, no es un proceso rápido, en sí mismo no implica nada, sino más bien la posibilidad de poder llevar a cabo algún tipo de juicio.
“En el caso del exalcalde Vilchis, hoy diputado federal, tendría que ser ante la Cámara de Diputados llevar a cabo este proceso de desafuero y una vez hecho, iniciaría el proceso judicial para ver si hay responsabilidad o no con los elementos que se tengan jurídicamente para iniciar este proceso”, refirió Claudio Valdés Carranza, Consultor en Seguridad con más de 25 años de experiencia colaborando en el sector público y privado.
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De acuerdo con los especialistas, la posibilidad de que llegue a ser un castigo es mínima en contra del proceso tan grande que representa un tema como el desafuero. Además, el análisis lo lleva la Cámara de Diputados, que tendrá que tener una aprobación de dos terceras partes o de mayoría calificada para poder aprobar el desafuero del diputado.

Foto: Cortesía Claudio Valdés.
¿Qué pasa con los trabajadores que exigen sus pagos con violencia?
En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se garantiza el derecho a la manifestación pacífica, por lo que, Claudio Valdés indica que la violencia no es la vía correcta para exigir ciertos derechos laborales. “Los empleados y los servidores públicos que tienen este tipo de falta de pagos o de apoyos tienen el derecho de ir ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que es la vía correcta para poder exigir este tipo de pagos”.
El especialista menciona que, si los trabajadores están en funciones y tienen actos de violencia, debe haber una acción jurídica en contra de ellos, ya sea en el ámbito penal o civil, y en el caso laboral podría ser hasta perjudicial para los servidores públicos ya que habrá alguna determinación por parte de la presidencia municipal.
“Lo ideal sería pedir el apoyo de su sindicato para generar mesas de negociación y llegar a arreglos en los pagos que estén pendientes, que sean realizados de acuerdo a lo que tengan como prestaciones laborales con los servidores públicos”.
Por su parte, Alfredo Salazar destacó la importancia a nivel municipal de los servicios de carrera de los funcionarios públicos. “Una buena parte de los gobiernos municipales se renueva con el nuevo alcalde cada vez que hay elecciones. Entonces, es muy común que lo que sucede ahí es como una guerra de brigadas, toda la gente que acompañó al alcalde en su momento de candidato termina trabajando en el gobierno municipal”.
El consultor político mencionó que lo ideal sería que se establecieran servicios de carrera en las administraciones municipales para que lo que cambie sea el presidente municipal, pero no toda o una buena parte de la plantilla laboral.

Foto: Gobierno de México.
¿Operativo Enjambre podría ser funcional en otros estados y municipios?
Ambos especialistas coincidieron en que, este tipo de operativos en el resto del país no serían la mejor idea. Estos operativos son una estrategia de la nueva administración federal para atacar de manera contundente el tema de corrupción al interior de las instituciones, “veremos en los próximos meses este tipo de operativos a nivel estatal, a nivel municipal, siempre y cuando haya un apoyo directo para poder realizar este tipo de casos”.
Los entrevistados mencionaron que, es importante reforzar este tipo de modelo en otras fiscalías, en otros estados y municipios. “En términos de seguridad, hay cerca de dos mil quinientos municipios si tomamos en cuenta que este Operativo Enjambre inicia con siete municipios del Estado de México, el uno por ciento de esos dos mil quinientos serían veinticinco municipios, siete municipios equivale a menos de la mitad del uno a cero”, refirió Salazar.
Para evitar actos corruptivos en los funcionarios, los especialistas recomiendan que los nuevos alcaldes que están tomando posiciones dentro de sus gobiernos desarrollen estrategias muy rápidas con consultorías, asesores en materia de seguridad y anticorrupción para que puedan generar una estrategia a corto plazo para identificar este tipo de acciones.
Muchas veces los alcaldes no identifican que, en la estructura del gobierno municipal, hay compromisos hechos desde antes de que ellos llegaran a estas posiciones, entonces tienen un periodo de tres años, un periodo muy corto, y si ellos no identifican de manera muy pronta con alertas tempranas y con estrategias de prevención, esto les va a pegar en su carrera profesional y en su imagen pública.
“Es muy importante que los alcaldes que están asumiendo una posición de este tipo, volteen a ver a reforzar las unidades de asuntos internos, las auditorías internas, las propias auditorías que se están realizando para que puedan tener resultados tangibles y estén buscando una prevención”, compartió Valdés.
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