Alcaldías más incluyentes con apoyo federal.

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Madre Hijo Escuela Agosto 2013En México, 5.7 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad. Son ciudadanos que además de estar limitados física, mental o sensorialmente para realizar sus actividades cotidianas, padecen discriminación y falta de oportunidades. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mayoría habita principalmente en los estados de Zacatecas, Yucatán, Michoacán, Nayarit, Colima y Oaxaca.

Para promover la inclusión de este tipo de personas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cuenta con el Programa de Atención a Personas con Discapacidad. A través de éste se otorgan apoyos a los sistemas estatales y municipales del DIF para la construcción de infraestructura y equipamiento de los centros de atención, la adquisición de herramientas e insumos necesarios para terapias de rehabilitación, además de aparatos de uso diario para los discapacitados, como muletas, sillas de ruedas, auxiliares auditivos y prótesis, entre otros.

Ricardo Camacho Sanciprián, director general de Rehabilitación del DIF nacional, comenta que gracias a dicho programa, los beneficiarios y sus familias pueden recibir mejores servicios en cualquiera de los tres niveles de atención. El primer nivel consiste en los servicios que brindan las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR): valoraciones médicas, seguimiento y control de pacientes, así como talleres de orientación y sensibilización, entre otros.

En el segundo nivel, los Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) proporcionan consultas de ortopedia, comunicación humana, neuropediatría, psicología y trabajo social, además de que ofrecen estudios de electromiografía, electroencefalografía, audiometrías y rayos X. También fabrican y reparan plantillas, férulas y zapatos ortopédicos.

La atención especializada, que conforma el tercer nivel, se ofrece a personas con problemas motrices, auditivos y visuales, entre otros, en cuatro centros de rehabilitación ubicados en el Distrito Federal y en 17 distribuidos en los estados.

PASO A PASO.

Ricardo Camacho SanclprlánCamacho Sanciprián recuerda que, como parte del primer nivel de atención, las UBR son las instancias más próximas a los ciudadanos. Si un alcalde desea que los habitantes de su municipio cuenten con una unidad de este tipo, debe formular una petición por escrito al director general del DIF estatal —que es la institución encargada de evaluar la factibilidad de dichas unidades— en la cual se planteen las necesidades de las personas con discapacidad en la localidad.

Las reglas de operación del programa establecen que tendrán prioridad los proyectos que cuenten con el respaldo de los gobiernos estatales y municipales para la construcción y equipamiento de las unidades. Los gobiernos de las entidades federativas podrán absorber o responsabilizarse de cubrir la aportación de los ayuntamientos.

Si la petición es aceptada, el municipio se compromete a donar el espacio que requerirá la UBR, mientras que el gobierno estatal y el DIF aportan el equipo médico y los vehículos necesarios para la transportación de los discapacitados, así como el pago de la plantilla encargada de operar la unidad.

Ls oferta Alcaldías Más Incluyentes“Este esquema ha permitido que se cuente con una red de más de mil centros que, en los tres niveles de atención, ofrecen servicios a aproximadamente 1 millón 905 mil personas cada año, mediante acciones tan elementales como terapias sencillas, hasta las más modernas y complejas, como el servicio de telemedicina, investigación y capacitación especializada en los grandes centros de rehabilitación”, detalla el funcionario.

TRABAJO CONJUNTO.

Ricardo Camacho reconoce que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental para contribuir a alcanzar los objetivos de los gobiernos locales en cuanto a la atención de las personas con discapacidad, ya que en ocasiones el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno no es suficiente para cubrir la demanda de servicios de salud para dicha población.

“Algunas instituciones como Vida Independiente apoyan con asesorías para las personas con limitaciones físicas que desean obtener un trabajo. Asimismo, la asociación Libre Acceso ha luchado por mejorar las condiciones en espacios públicos para favorecer la inclusión de las personas con algún tipo de limitación”, apunta el funcionario.

El directivo menciona que un caso exitoso es el estado de Hidalgo. Recuerda que ahí, hace 15 años, la cantidad de personas con discapacidad y las condiciones bajo las cuales recibían atención hicieron necesaria la aplicación de una estrategia para acercar a las comunidades los servicios de las UBR, bajo la coordinación del DIF nacional y los sistemas estatales y municipales. Hoy día todas las alcaldías de la entidad cuentan con una unidad. También se construyó un CREE en la ciudad de Pachuca.

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