Concurse para el Fonadin.

Construcción _o13Armar buenos proyectos de infraestructura, en los que concurran los diferentes órdenes de gobierno con la participación de la iniciativa privada, que resuelvan las necesidades de la población, es un reto para los presidentes municipales, porque tienen que hacer compatible el corto periodo de su gestión con los plazos mediano y largo de las obras o servicios que su localidad requiere.

Sin embargo, la Ley de Asociaciones Público Privadas, con su respectivo reglamento —que entró en vigor en noviembre de 2012—, ofrece un nuevo escenario para que los ayuntamientos puedan realizar planes de infraestructura o de servicios públicos que, por la limitación de sus recursos, pueden estar fuera de horizonte.

El jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alejandro Díaz de León Carrillo, explica que la actual administración busca generar la productividad de los tres órdenes de gobierno. “La pregunta es ¿cómo pueden lograrlo?”, se cuestiona el funcionario, quien asegura que la respuesta está en las Asociaciones Público Privadas (APP).

APOYOS RECUPERABLES Y A FONDO PERDIDO.

Con el marco legal vigente, es factible crear mecanismos que ayuden a los municipios a proveer servicios en los mejores términos y condiciones, con menores costos, y de forma más eficiente, ya que el esquema facilita el inicio, la operación y la administración de un proyecto, refiere Díaz de León Carrillo.

“Por ejemplo, si se trata de un organismo operador de agua que cobra y recibe parte de sus ingresos de los usuarios, tiene la posibilidad de acercarse a la banca para realizar algunos trabajos encaminados a ampliar o mejorar la red, reducir fugas y elevar la eficiencia. Allí puede calzar una APP.”

Alejandro Díaz de León_o13En entrevista con Alcaldes de México, el funcionario admite que un proyecto sin opciones de recibir ingresos enfrenta más dificultades para obtener financiamiento, pero aclara que todo dependerá de la creatividad de los promotores.

Una de las formas en que los municipios pueden acogerse al esquema de APP consiste en acercarse al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) —un fideicomiso creado por la SHCP y que administra el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)—, que cuenta con una red carretera concesionada que le permite invertir y otorgar apoyos recuperables —a través de la contratación de garantías— a propuestas financieramente viables, así como recursos no recuperables a estrategias sociales.

El Fonadin apoya financieramente en las etapas de planeación, diseño y construcción de los planes de inversión en obras de ingeniería y servicios públicos, en los sectores de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, transporte, medioambiente, turismo, agua y desarrollos urbanos integrales sustentables.

Alejandro Díaz de León considera que el Fonadin es un catalizador de la infraestructura a través de las APP. “Tenemos una amplia gama de proyectos, desde carreteras, libramientos, puentes transfronterizos, en los que el sector privado participa, a sea en una parte del proceso, en la ejecución o en su administración.”

TRANSPORTE PÚBLICO VIABLE.

Entre las líneas de trabajo que, con mayor éxito se aplican bajo el esquema de las APP, está el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (Protram) para impulsar la reorganización Recomendaciones_o13de los sistemas de movilidad urbana. En éste participan el sector privado y los gobiernos estatales municipales, así como el Federal, y permite cambiar un modelo ineficiente — sustentado en concesiones individuales— por uno sustentable.

En los proyectos que apoya el Protram concurren diversos actores públicos, bajo diferentes modalidades de financiamiento y distribución de riesgos. El Fonadin y los estados y los municipios aportan recursos para la obra pública, mientras que el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura son concesionados al sector privado.

De esta manera nacen los Sistemas de Autobuses Rápidos Troncales (BRT por sus siglas en inglés), en los que el servicio queda a cargo de los transportistas en activo, quienes se agrupan bajo una organización empresarial e invierten en la adquisición del equipo. Dentro de esta modalidad, el Fondo cuenta con una cartera de más de 30 trabajos en diversas fases de estructuración.

CUESTIÓN DE CONOCER LA LEY.

Los BRT son soluciones de transporte para ciudades de tamaño intermedio, que ya funcionan en León, Guanajuato; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla y el Estado de México, entre otros. También se cuentan los proyectos ferroviarios en las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para los cuales se estima que se desembolsarán casi 6 mil millones de pesos (mdp) en el corto y mediano plazo.

Díaz de León Carrillo señala que el desafío para los alcaldes consiste en armar proyectos que el Fonadin apruebe. Para este propósito deben incluir a los diferentes órdenes de gobierno relevantes en la ejecución de los trabajos, como ha sido en los casos del Protram y los BRT. Actualmente, cada vez más entidades estatales y municipales se benefician con este tipo de financiamientos.

El funcionario reconoce que, como todo, se ha abierto un proceso de conocimiento de las normas, por lo que se espera que con Foto: drea mstime el tiempo se conformen más y mejores propuestas y que las administraciones locales puedan aprovechar cabalmente las ventajas de la ley de APP.

“La legislación ofrece un esquema más flexible para acomodar y ordenar todos los escenarios y retos que puede enfrentar el proyecto en el futuro. Espero que con el paso del tiempo se puedan aprovecharlas ventajas de este nuevo marco que tiene beneficios en términos de flexibilidad, administración de riesgos y de capacidad de respuesta ante imprevistos. Es una instancia que va a permitir acelerar y elaborar un mayor número de trabajos en todo el país”, concluye el funcionario.

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