De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el estado mexicano ha avanzado durante las últimas décadas en materia de inclusión educativa. Sin embargo, aún existen pendientes ara lograr que todos los niños del país acudan a los salones de clase y reciban una instrucción de calidad.
Maurizio Giuliano, jefe de Comunicación de este organismo en México, comenta que el país ha alcanzado el Objetivo 2 de las Metas del Milenio, el cual consiste en lograr la educación primaria universal. Sin embargo, sostiene que las grandes desigualdades que afectan a los grupos de población más vulnerables, como los indígenas, son obstáculos que se tienen que superar si se quiere avanzar más en la cobertura educativa.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 9.7 por ciento de los niños hablantes de lengua indígena de 6 a 14 años de edad no asisten a la escuela. Se trata de chicos que viven en los estados con elevados índices de marginación social.
Para lograr una educación básica de calidad, que beneficie a todos los niños del país, Unicef echó a andar en 2003 el programa Todos los Niños en la Escuela (TNE). Su principal objetivo es que los infantes que viven en condiciones de marginación y pobreza, así como los que están en riesgo de abandonar las aulas, concluyan de principio a fin su formación.
La iniciativa plantea asegurar las condiciones básicas de infraestructura, la disponibilidad de materiales y la formación de maestros para todas las escuelas, así como a calidad en los contenidos de la educación. También implica que las autoridades competentes salgan a buscar a los niños que no asisten a la escuela y les faciliten los trámites para integrarlos al sistema educativo.
El programa se fundamenta en el Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en el que los países que suscriben el acuerdo —México entre ellos— reconocen el derecho de los infantes a la educación y se comprometen, entre otras cosas, a implantar la enseñanza primaria obligatoriay gratuita para todos, adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción.
Chiapas fue la primera entidad donde operó el programa TNE. Posteriormente se amplió a los estados de Oaxaca, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. Giuliano explica que las estrategias en cada estado difieren en función de tres factores principales, que son el contexto político, las capacidades técnicas y financieras de los actores que participan en la iniciativa y el enfoque que los promotores le dan al programa.
En estas entidades, la institución dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) trabaja para garantizar a los niños y adolescentes una educación de calidad, multicultural y, en el caso de las comunidades indígenas, bilingüe. Para ello, apunta Giuliano, es necesario contar con el compromiso y la colaboración de los gobiernos locales, el sector privado, las organizaciones sociales y los medios de comunicación.
“Se ha involucrado a los municipios de diferentes maneras, por ejemplo, a través de las secretarías de educación que son las que ejecutan este programa en conjunto con organismos de la sociedad civil y del propio Unicef”, detalla.
EXPERIENCIAS EXITOSAS.
En Chiapas, Unicef se coordinó con la Secretaría de Educación del estado y con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, a fin de darle seguimiento al avance escolar de los niños y detectar a los que podían desertar por limitaciones económicas, malos tratos, discriminación en las escuelas y falta de documentos personales, entre otros motivos.
Una vez que identificaron a la población vulnerable, las instituciones realizaron campañas de preinscripción y gestionaron recursos con el gobierno del estado y la Federación para otorgar becas, útiles escolares, construir aulas y asignar profesores en los centros de enseñanza. También consiguieron vehículos en donación para transportar a los niños que viven lejos de los colegios.
En Zacatecas, con el apoyo de Unicef, el gobierno estatal puso en marcha el Sistema Nominal de Inclusión de Niños y Niñas a la Escuela, para monitorear la situación de la población infantil en cuanto a la inscripción en las escuelas, permanencia, abandono y avances académicos.
En esta entidad, 45 por ciento de los niños vive en áreas rurales y 72 por ciento de las localidades cuentan con menos de 100 habitantes. Esta dispersión de la población dificulta garantizar a los niños el derecho a una instrucción de calidad. Según las estimaciones del organismo internacional, más de 14 mil infantes de entre 5 y 14 años de edad no han completado los niveles básicos.
Para alcanzar mayor cobertura, en Zacatecas también operan las Unidades Educativas Rurales (UER), que se encargan de enviar a docentes a impartir clases a los niños que habitan en comunidades aisladas y que por algún motivo no continuaron con su educación.
En 2012, el programa TNE llegó a Yucatán, en donde se trabajó de la mano de la organización Ieepac para crear un sistema de monitoreo similar al de Chiapas y Zacatecas. Para ello se capacitaron a 172 funcionarios municipales y a 82 autoridades educativas locales.
También se elaboró un manual operativo para la reinserción escolar de los niños que han tenido que abandonar las aulas, el cual fue distribuido en 88 municipios.
En la Ciudad de México, Unicef trabajó en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para realizar una investigación sobre los factores por los cuales los niños son excluídos de la educación básica y media superior.
Los resultados revelaron que los infantes de 5 a 14 años de edad más expuestos son los que presentan algún tipo de discapacidad, así como los que habitan en comunidades indígenas. También se encontró que las madres adolescentes, en el rango de 12 a 14 años de edad, corren con la misma suerte, pues 8 de cada 10 no asisten a la escuela.
Con base en las conclusiones de la investigación, se desarrolló un proyecto piloto de mejoramiento de infraestructura escolar en cuatro centros educativos de la capital del país. En él participaron padres de familia, personal docente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el DF. De manera paralela, se elaboró un programa dirigido a combatir la discriminación y exclusión en más de 800 escuelas de la ciudad.
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