Prisiones a prueba de delincuentes telefónicos.

PrisiónHasta diciembre de 2011, cerca de 370 Centros de Readaptación Social (Ceresos), de los 418 distribuidos en el país, no contaban con un sistema de inhibición de señal de telefonía móvil, según hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la cuenta pública del Sistema Nacional Penitenciario.

La ASF detalló que 11 estados, con 135 penitenciarías, reportaron cero avances en la instalación de la tecnología inhabilitadora de la señal, para evitar que los delincuentes hagan extorsiones telefónicas desde sus celdas.

Un delito conEn tanto que 10 estados, con 180 Ceresos, tuvieron un avance de entre 15 y 3 por ciento. “Sólo el estado de Tlaxcala logró equipar con bloqueadores de señales sus dos centros penitenciarios, al alcanzar una cobertura de 100 por ciento”, precisa el documento.

Según cifras del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, al menos 853 bandas de extorsionadores operaban en los distintos penales del país. Hace dos años, 15 de las más activas se ubicaban en algunas cárceles del Distrito Federal (DF).

La organización civil indica que, de 2001 a 2011, los delincuentes han obtenido botines de más de 978 millones de pesos (mdp) a nivel nacional y, en el mismo periodo, se han intentado 21.8 millones de extorsiones.

Para resolver el problema, el Programa Sectorial de Seguridad Pública del sexenio pasado estableció la obligatoriedad de equipar a las prisiones con sistemas que restrinjan de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos o imagen, con el propósito de evitar la delincuencia intramuros y combatir la corrupción.

MANDATO LEGAL

Andrés VelásquezLo anterior, debido a que no se logró eliminar el problema al prohibir la entrada de los teléfonos móviles a los centros penitenciarios, recuerda Andrés Velásquez, residente de MaTTica, empresa de cómputo forense y de seguridad.

La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 fijó en el Artículo 7 que todas las cárceles deberán contar con equipos para bloquear o anular las señales de radiocomunicación dentro de su perímetro.

El reglamento conocido como Lineamientos de Colaboración entre Autoridades Penitenciarias y Concesionarios de Servicios de Telecomunicaciones y las Bases Técnicas para la Instalación y Operación de Sistemas de Inhibición se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en septiembre de 2012, y entró en vigor al día siguiente de su publicación.

En su Artículo 3, el documento destaca la obligación de las cárceles de contar con equipos para bloquear o anular de manera permanente las señales de comunicación.

Ante la necesidad de cumplir con estas obligaciones, Andrés Velázquez recomienda a los municipios y gobiernos estatales, primero que nada garantizar el financiamiento del proyecto, por lo cual existen instrumentos como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

En segundo lugar, es preciso revisar los anexos técnicos establecidos en los Lineamientos, para determinar qué tipo de inhibidores deben adquirir, ya que la oferta es amplia.

Destaca que, para los centros penitenciarios, los equipos tienen que ser lo más robustos posible, ya que deben cubrir varias frecuencias, como radiocomunicación, trunking, microondas, telefonía rural y celular en sus diferentes variantes (GSM, CDMA, EDGE, 3G y LTE).

Asimismo, se deben abarcar bandas de uso libre, como Bluetooth y WiFi, para el caso de las conexiones de banda ancha y otros accesos fijos inalámbricos, con el propósito de reducir al mínimo los riesgos.

SOLICITE EVIDENCIAS

Velásquez recomienda a los alcaldes y gobernadores que pidan a los proveedores tecnológicos referencias de sus instalaciones en otras cárceles y consultarlos directamente.

Eduardo Ortega“También pueden colaborar con otras localidades que cuentan con Ceresos, con el propósito de compartir sus experiencias en la instalación y operación de los sistemas y, de esta forma, establecer una mejor práctica para el servicio.”

Otra opción es apoyarse con las otras autoridades que participan en el documento de los Lineamientos, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), las cuales pueden ofrecer asesoría técnica y tecnológica con el propósito de realizar la adquisición del sistema de bloqueo.

Una de las primeras entidades en cerrar las frecuencias fue Ciudad Juárez, Chihuahua, en el Penal de Aquiles Serdán, tras la detección de una banda de extorsionadores que operaban en esas instalaciones.

Querétaro colocó en diciembre pasado el sistema de bloqueo en la prisión de San José el Alto, con una inversión de 9 mdp, obtenidos del FASP. También lo hicieron en la cárcel y los juzgados penales de Cancún, Quintana Roo.

En 2013, con una inversión de 12 mdp procedentes del mismo FASP, se aplicó el sistema de inhibición al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 3 y 4 de Tapachula, Chiapas.

MONITOREO PERMANENTE

A pesar de la instalación de los artefactos, los delincuentes todavía realizan las extorsiones telefónicas, destaca un reporte del Consejo Nacional del Sistema Penitenciario (CNSP) del DF.

Andrés Velásquez comenta que los gobiernos deben tomar en cuenta que las extorsiones telefónicas desde las prisiones no se resuelven por sí solas con la instalación de los equipos. Es necesario que las autoridades hagan un monitoreo permanente del servicio, pues se han encontrado casos en los que los dispositivos son apagados o bien que los delincuentes encuentran “lunares” donde no funciona el sistema de bloqueo.

“Una vez que los equipos estén en operación, lo más conveniente es que se realicen auditorías para verificar la cobertura de todo el Cereso y la capacidad del equipo para el bloqueo de todas las señales y rastreo, establecidos en los Lineamientos”, refiere el experto.

APOYO DE TELEFÓNICAS, BÁSICO

Adolfo GregoAdolfo Grego y Eduardo Ortega, analistas de FTI Consulting México —empresa especializada en temas legales, reglamentarios, económicos y de seguridad—, coinciden en que las penitenciarías requieren soluciones con diferentes capas de seguridad, para reducir los espacios de oportunidad de los delincuentes, ya que aspectos aparentemente inocuos como las condiciones del medioambiente pueden influir en la efectividad de los sistemas electromagnéticos.

En este sentido, los expertos destacan la importancia de cuidar varios elementos, como garantizar un suministro permanente de energía, contar con personal capacitado y solicitar auditorías regulares, para confirmar la buena calidad del servicio.

Además, hacen ver que muchos bloqueadores no están preparados para las señales de la cuarta generación de las telecomunicaciones móviles. “El resultado es una reducción del problema en un periodo de tiempo, pero puede volver a presentarse”, advierte Grego.

Por lo tanto, las autoridades deben considerar varias medidas preventivas, como aumentar los niveles de revisión en la entrada de las cárceles para impedir la entrada de los teléfonos celulares, sin olvidar una adecuada instalación de los aparatos de inhibición.

Más de 88

LABOR DE INTELIGENCIA

Otro elemento fundamental consiste en obtener “el apoyo de los operadores telefónicos para ubicar los números celulares que logran hacer llamadas en la zona y alertar al gobierno”, añade el especialista.

Explica que a partir de esos avisos, las autoridades competentes deben elaborar un mapa con las ubicaciones de todos los centros de readaptación y solicitar el auxilio de las empresas telefónicas para, más que bloquear, establecer un servicio de inteligencia que permita ubicar el lugar donde se genera la llamada y luego monitorear el número.

Los expertos insisten en que el apoyo de los operadores es básico, ya que pueden contribuir con las acciones de rastreo y acopio de información. Otra posibilidad es que las autoridades y las telefónicas realicen un mapeo muy puntual de los espacios de los penales y generen una “zona de silencio”, para así restringir por completo su cobertura.

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