En 20 de las 32 entidades federativas que conforman el país, más de la mitad de las personas considera que la inseguridad es el principal problema de sus localidades; pero en los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, esta percepción se eleva a 70 por ciento, describe la primer Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
El documento detalla que el espacio donde más población se siente insegura es en su estado, seguido por el municipio.
En el Estado de México, destaca el INEGI, la mayoría de las mujeres se sienten en riesgo, incluso en su colonia o localidad: casi 60 por ciento de ellas considera que vivir ahí es peligroso; 76 por ciento se siente insegura en su municipio y 86 por ciento en su entidad. Una situación similar presenta el estado de Morelos, puntualiza la dependencia.
Mientras que en Chihuahua y Durango, ocho de cada diez mujeres que residen en esas entidades consideran que vivir en su municipio es inseguro y nueve de cada diez, en la entidad.
Para contrarrestar los grados de violencia y delincuencia, los diferentes niveles de gobierno han desarrollado estrategias y programas de apoyo para incrementar las capacidades de las instituciones policiacas para su combate.
Una de las acciones clave a nivel local ha sido la compra de equipo, software y armamento para modernizar a las policías y de esta forma elevar su eficiencia.
Sin embargo, para que las inversiones logren los objetivos de prevenir o reducir los delitos, es necesario que las alcaldías realicen un estudio detallado de la situación de la secretaría de policía, ubicar sus áreas de mejora, desarrollar los objetivos y hacer los cambios, midiendo los resultados, indica Juan Salgado, especialista en política pública de seguridad y control del crimen del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Destaca que entre las principales demandas tecnológicas que deben resolver los municipios están las herramientas de análisis y gestión de la información, para medir la rutina policial, lo que permite ubicar los vicios dentro de la cadena de mando, y revisar, por ejemplo, cuánto tiempo se dedican los policías llenar informes y estar en la calle.
También se necesitan soluciones para reducir los tiempos de respuesta de los efectivos a las llamadas de la ciudadanía, que en promedio tardan entre 10 y 54 minutos, a fin de incrementar la efectividad de los policías.
ESTRATEGIA DE CUATRO ETAPAS.
Francisco Farrera, director de tecnología, consultoría y soluciones integrales del proveedor tecnológico Unisys, indica que los alcaldes deben establecer su estrategia de seguridad en cuatro capas: protección de personas, infraestructura, activos e información, y ubicar los requerimientos especiales de cada localidad.
Por ejemplo, cita, en el caso de los municipios marítimos, las autoridades necesitan hacer un estudio de las vulnerabilidades de los puertos o zonas turísticas, para determinar las estrategias contra desastres naturales, ataques terroristas, contrabando, robo y tráfico de drogas, entre otros, que les permitan desarrollar sus planes de contingencia o mitigación de riesgos.
Menciona que otro riesgo que han detectado, en la experiencia de la firma con ciudades de otras naciones, es la suplantación de la identidad de los ciudadanos para acciones ilícitas, como robo de predios, para lo cual se requiere la integración en una base de datos única local para cruzar la información y prevenir los ilícitos.
Farrera destaca que es esencial para las autoridades locales integrar y compartir la información de sus bases de datos, como licencias de manejo, agua y predial, para cruzar los datos y combatir delitos como los secuestros, desde otra perspectiva, al detectar la presencia de prestanombres en el sistema y ubicar posibles casas de seguridad.
0 comentarios