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Un plan de desarrollo concreto y eficaz

Documento ClaveLa planeación del desarrollo municipal tiene como objetivo que las administraciones locales prevengan y adapten de forma armónica las actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como son: educación, salud, asistencia social, vivienda, servicios públicos y mejoramiento de las comunidades rurales.

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), es a través de la planeación, como los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos Federal y estatales transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social.

“Un plan, es muy sencillo, muy concreto”, asegura Rosario Castro Lozano, coordinadora del Inafed. Este tipo de proyecto, expone en entrevista, incluye los fondos económicos con los que se va a trabajar —Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) directo, Prosam, Apazu, Fondem, Ramo 33, Ramo 28, etcétera— y si bien, está condicionado a que los recursos sean asignados por los gobiernos estatales, el alcalde tiene el deber de gestionarlos partir de las necesidades de la localidad.

Por ejemplo, los presidentes municipales no tienen recursos para la cobertura de educación básica, secundaria y preparatoria, pero sí los pueden gestionar. “No vamos a obligar a los alcaldes a que en un plan ponga un (instituto) tecnológico, no. Pero sí a que haga su gestión”, explica Castro.

Actualmente, el Inafed trabaja en auxiliar a los ayuntamientos a que fortalezcan sus capacidades, sus habilidades, para indicarles que en educación hay siete fondos, y ayudarlos a que en cada fondeo haya congruencia con el Plan de Desarrollo, porque debe haber articulación entre el plan y el ejercicio presupuestal ya que existen reglas de operación

EL PROCESO

AradoEl Inafed define el proceso de planeación municipal como el conjunto de actividades que, en el corto y mediano plazo, permitan formular, instrumentar y evaluar el plan de desarrollo y los diversos programas derivados del mismo. Las etapas que comprende son: formulación, discusión y aprobación, ejecución, control y evaluación.

Para la formulación, recomienda el organismo, se requiere la elaboración de diagnósticos económicos y sociales que reflejen la situación real y las necesidades del municipio; así como la definición de objetivos y prioridades para señalar qué es lo que se quiere lograr y lo que es más urgente o necesario.

El establecimiento de estrategias y políticas a seguir, para disponer cómo y de qué manera se lograrán los objetivos propuestos. La especialización de las áreas o partes del plan que deberán ser coordinadas por los responsables de su elaboración, y determinar los recursos necesarios para ello.

Tras la discusión y aprobación del plan municipal de desarrollo en el cabildo, las premisas establecidas en la iniciativa se pondrán en marcha a través de programas operativos, los cuales estarán a cargo de personal responsable.

En el caso del control y evaluación del proyecto, aquí las autoridades deben identificar el grado de cumplimiento del plan y el avance de los programas, para localizar posibles desviaciones y verificar si el proceso funciona de conformidad con lo establecido. Y finalmente hacer una valoración cualitativa de los resultados de la planeación.

EVALUACIÓN POR LEY

SueroPero, mientras los planes de desarrollo municipal de las 2,441 alcaldías que componen el tercer nivel de gobierno de la república no se evalúen, seguirá habiendo opacidad en los avances en cuanto a las metas programadas para cada localidad, advierte Rosario Castro.

Por ahora, añade, no está legislado que los planes de desempeño administrativo de los gobiernos locales se evalúen, y en tanto esto suceda no podrán adecuarse al tiempo y las circunstancias, ni tampoco podrán “pulirse” o “afinarse” con la finalidad de realizar mejoras para alcanzar los retos que enfrenta cada población.

En este sentido, la funcionaria expone que el Instituto está “pugnando” —durante sus visitas a los congresos locales— para que haya evaluaciones anuales de los planes y programas de los presidentes municipales y sus ayuntamientos, porque “lo que no se evalúa, no se mide”, asegura.

Actualmente, el ejercicio administrativo de los municipios del país está medido por los resultados y metas, pero no está legislado el seguimiento de los planes de desarrollo. “Debiera establecerse un plan rector —para los gobiernos de tres años; de cuatro, como el caso de Coahuila, Hidalgo y Veracruz, y para el año que se contempla en los lugares donde aplica la Ley de Usos y Costumbres— a fin de que se tuviera una evaluación en razón de cada año, para ir adecuándolo, ir puliendo y determinar qué avances se tuvieron en cuanto a las metas y, con base en esa circunstancia, ir sobre los retos a alcanzar”, subraya.

Es un área de oportunidad que debería existir y que el Inafed está impulsando, dado que no es una potestad federal sino local, son leyes orgánicas municipales y habría que considerar la evaluación de cada plan de desarrollo, porque deben haber mediciones de indicadores, por ejemplo. “Ésta es un área de oportunidad y es un tema que estamos focalizando”, afirma.

Castro Lozano expone que la evaluación no debe ser sólo del propio municipio, pues son necesarias también, herramientas ciudadanas participativas, incluso del propio Congreso local para evaluar las metas. “No hay un mínimo, no hay un máximo”. Hay 2,441 alcaldes y existen planes de desarrollo muy elaborados y otros muy básicos.

La coordinadora refiere que por ahora, para los presidentes municipales sus informes de gobierno son como una evaluación; sin embargo, considera que en el mejor de los casos se trata de evaluaciones “subjetivas”, porque deben existir mediciones precisas, bajo una metodología en la que haya indicadores, metas y resultados.

En su opinión, “lo ideal” serían los observatorios ciudadanos. Por eso es muy importante la reelección, pues quiénes buscan reelegirse tendrán que ser evaluados por los habitantes de la comunidad. “El ciudadano es el que debe determinar quién se queda y quién no; bajo indicadores, no sobre percepción. Para eso necesitamos la evaluación, y esa sería a través de este tipo de esquemas, establecer que los planes de desarrollo municipal debieran fijar metas muy particulares”, acota.

La funcionaria lamenta que estos temas se politicen en los congresos, donde muchas ocasiones se evade el tema, por ejemplo, de la fiscalización.

Para las evaluaciones, continúa, están las universidades (110 participan) de todo el país que, junto con los observatorios ciudadanos, son una “excelente herramienta” para este fin.

De lo que se trata no es presentar un plan de desarrollo municipal para cumplir con la ley, sino ese cumplimiento debe ser con el ciudadano. Ese es el fondo y la forma de lo que la ley establece, que el plan debe atender los reclamos y compromisos expuestos durante el recorrido en las campañas electorales, y que a la hora de protestar debe englobar a todos los ciudadanos.

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