En cuatro años fueron inhabilitados 1 de cada 100 funcionarios que cometieron alguna falta o delito

En los últimos cuatro años el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reconoció 69 mil 736 delitos de funcionarios estatales, de los cuales la Secretaría de la Función Pública (SFP) registró 672 resoluciones de inhabilitación, es decir, sólo el 0.96 por ciento de los delitos de servidores públicos mereció una sanción administrativa y/o penal.

En una investigación realizada por el portal Sin Embargo, se revela que en los últimos cuatro años se inhabilitó a uno de cada 100 servidores públicos estatales que cometieron algún delito entre enero de 2015 y julio de 2019. En ese periodo la Secretaría de la Función Pública (SFP), registró 672 resoluciones de inhabilitación realizadas por los gobiernos estatales.

La investigación señala que el 0.96 por ciento de los ilícitos cometidos por servidores públicos a nivel local mereció una sanción administrativa y/o penal por parte de las autoridades estatales.

Al extender el periodo de referencia a los últimos 19 años, es decir, de enero de 2000 a agosto de 2019, el portal señala que hubo 1 mil 074 conductas sancionadas por los gobiernos locales, de las cuales 850 resultaron en inhabilitación del funcionario que cometió la falta.

Las conductas sancionadas más comunes fueron: negligencia administrativa (684 casos), violación a leyes y normatividad presupuestal (183 casos), abuso de autoridad (87 casos) e incumplimiento en la declaración de situación patrimonial (71 casos).

También hubo inhabilitaciones de funcionarios estatales por incurrir en violaciones de procedimientos de contratación (24 casos), cohecho o extorsión (18 casos), entre otros “delitos cometidos por servidores públicos” (siete casos).

Los estados que realizaron más inhabilitaciones fueron Puebla y la Ciudad de México, con 298 y 152 registros respectivamente. Le siguen Morelos con 95, Sonora con 68 y Guanajuato con 66.

Las entidades con menos incidencias fueron Querétaro, Nayarit y Colima, con una inhabilitación cada uno.

Sin embargo, como señala la investigación, el que exista un reducido número de inhabilitaciones no implica que no exista comisión de delitos por parte de los servidores públicos, pues entre enero de 2015 y julio de 2019 hubo 2 mil 046 delitos del fuero común cometidos por funcionarios en Durango, Estado de México, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, según datos del Secretariado Ejecutivo, señala Sin Embargo.

En la Ciudad de México se cometieron, en ese periodo, un promedio de 3 mil 621 delitos del fuero común por parte de funcionarios públicos por año; en el Estado de México hubo 2 mil 445 casos por año y en Nuevo León un promedio anual de 1 mil 700 casos.

De 2000 a 2019, las entidades con mayor número de inhabilitaciones promedio por año fueron: Puebla (22.9 casos), Jalisco (13 casos), Guanajuato (11 casos), Ciudad de México (9.5 casos), Morelos (7.3 casos), Baja California (6.7 casos) y Sonora (6.2 casos).

En cambio Baja California Sur, Colima, Nayarit y Querétaro (un caso cada uno) tuvieron las incidencias más bajas, junto con Campeche (1.3 casos), Veracruz (1.5 casos), Coahuila (1.6 casos) y Chiapas (1.7 casos).

Los estados de Durango, Estado de México, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas no tuvieron registros durante el periodo, ante la SFP.

Las autoridades que inhabilitaron

De 2000 a la fecha, la mayor parte (91.5 por ciento) de las inhabilitaciones de funcionarios públicos en las entidades federativas fueron emitidas por las contralorías estatales (624 casos), municipales (245 casos) y/o generales (114 casos). Pero también fueron imputadas por los congresos estatales (70 casos), los tribunales superiores de justicia de los estados (nueve), el Poder Judicial estatal (cinco), los tribunales unitarios de circuito (tres) y de lo contencioso administrativo (dos), así como por las contralorías internas y los juzgados del fuero común de los estados (un caso cada uno).

La mayoría (93.8 por ciento) de las imputaciones durante el periodo inició por denuncias de servidores públicos (522 casos), quejas o denuncias ciudadanas (274 casos) y auditorías de las autoridades estatales (211 casos), aunque también hubo sanciones causadas por investigaciones internas (24 casos), observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (22 casos), incumplimientos detectados en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos (16 casos) y denuncias penales (cinco casos).

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