Las lecciones que el sismo dejó

Aunque miles de personas salieron a ayudar en las horas posteriores a la tragedia, la desinformación y la falta de coordinación institucional y ciudadana motiva a los gobiernos locales a transitar de la Protección Civil a la Gestión Integral de Riesgos

FOTO: ADOLFO VLADIMIR / CUARTOSCURO

El sismo del pasado 19 de septiembre dejó una estela de destrucción y muerte en siete estados del centro del país. Las secuelas aún se perciben y, mientras los recuerdos de ese día amalgaman en la memoria un nuevo parteaguas en la historia nacional (el más parecido ocurrió hace 32 años, también con un terremoto), los gobiernos locales y ciudadanos toman nota de algunas lecciones en cuanto a la prevención de riesgos y la atención de emergencias.

Como en 1985, en las horas siguientes a la tragedia, miles de personas salieron a las calles para brindar cualquier tipo de ayuda. En esta ocasión, la respuesta del Gobierno Federal no fue tardía y se activaron los protocolos para hacerle frente a la situación.

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Sin embargo, a pesar del entusiasmo de los ciudadanos, la organización y coordinación entre los voluntarios que participaron en labores de rescate, así como de acopio y distribución de víveres, y las autoridades no fue la mejor. La distribución de la ayuda fue desigual, ya que mientras en algunos lugares regresaban a voluntarios o pedían ya no enviar víveres y medicamentos, en otros duraron horas o hasta días sin recibir apoyo.

Rafael Acosta Díaz, consultor independiente para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en temas de gestión integral de riesgos, considera que para generar esquemas más eficaces de apoyo ciudadano en casos de crisis como la que se vivió en septiembre es necesario educar la conciencia, es decir, “que los voluntarios y los donantes entendamos que los afectados por un desastre son seres humanos que tienen derecho a recibir la asistencia con el enfoque de un derecho a la vida digna, el hecho de que seamos afectados no significa que vamos a recibir limosnas y por lo tanto la asistencia humanitaria debe estar enfocada en ese sentido”.

Asimismo, aclara que las personas afectadas por desastres se encuentran en una situación de crisis tal que no tienen claridad sobre qué tipo de apoyo solicitar y tampoco tienen los medios para hacerlo, por lo que es necesario que las autoridades sean capaces de realizar una correcta evaluación de daños, así como una buena estimación de necesidades para indicar a los voluntarios qué se necesita, en dónde y cómo transportarlo.

“Puede ser que llegue un camión lleno de basura, aunque salió lleno de despensas pero no supimos acomodar los productos, pusimos el agua sobre las despensas y todo el cargamento llegó hecho papilla, entonces le estamos generando un problema a las personas que están operando el apoyo”, ejemplifica.

Esta manera de encausar a las autoridades y ciudadanos hacia esquemas más eficaces de apoyo después de una crisis forma parte de la Gestión Integral de Riesgos, un proceso que coordina de forma transversal a diferentes instituciones con el objetivo de reducir, mitigar, prevenir, responder y rehabilitar ante una situación de desastre, expone el especialista. Y es el siguiente paso de la Protección Civil.

Para formar a los ciudadanos con ese enfoque, Rafael Acosta explica que, en primer lugar, es preciso elaborar un diagnóstico de la comunidad para conocer qué es lo que ha evitado que las personas se organicen.

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El siguiente paso es construir una conciencia comunitaria y después asignar tareas, por ejemplo, quién va a alertar de un desastre y en qué momento. Posteriormente que la comunidad elabore su plan de gestión integral de riesgos, conforme brigadas de primeros auxilios, defina los espacios que se habilitarán como refugios temporales, quiénes los van a gestionar y quiénes estarán a cargo de realizar la evaluación de daños.

Asimismo, Diana García, directora Ejecutiva de la organización Fondo Unido- United Way México, una organización internacional sin fines de lucro, destaca la importancia de conocer a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención de desastres naturales, ya que en momentos de emergencia están listas para comunicar las necesidades.

Refiere que en el caso de este organismo se cuenta con un fondo de emergencias para la reconstrucción y generación de comunidades resilientes, “que tengan los conocimientos necesarios para actuar ante situaciones como la que vivimos el 19 de septiembre, por medio de capacitaciones, simulacros y entrenamientos, para que el día de mañana existan más voluntarios capacitados en temas de emergencia”.

“Es importante que la sociedad conozca este tipo de programas, porque además de enfocarse en la solución inmediata, tienen un plan de seguimiento a largo plazo, lo que permite que en un futuro se consideren los donativos en efectivo como una manera de ayudar, ampliando el impacto que pueden tener en un periodo de tiempo sostenido”, señala.

MEJORES ATLAS DE RIESGOS

Acosta Díaz señala que uno de los puntos en los que los gobiernos locales deben trabajar es en el mejoramiento de los atlas de riesgos. “En general no son de la calidad requerida. Lo que han hecho es una compilación de mapas, en muchos casos sin análisis de vulnerabilidades, entonces lo que tenemos son atlas de amenazas o de agentes perturbadores pero no de riesgos”. Con lo anterior coincide Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien advierte deficiencias en el diseño de estas herramientas, lo cual incide en el uso que las autoridades les dan.

La experta en gestión ambiental y de riesgos aclara que más allá de un compilado de mapas, un atlas de riesgos es un sistema de información que requiere actualización constante acerca de qué hay en el territorio y cómo es la población, pero también de otras cosas que no son tan fáciles de observar, como la manera en la que se presentan algunos fenómenos geológicos. “En este caso, los sismos tienen algunos indicadores que únicamente los especialistas, los sismólogos y científicos son capaces de observar”.

“A veces se malentiende que ver un mapa impreso con esta información constituye un atlas. Además, es preciso contar con usuarios que sepan interpretar lo que el atlas contiene, es muy posible que no todos quienes lo vean puedan tomar una decisión con base en lo que están mirando”, aclara.

Ruiz Rivera precisa que los atlas de riesgos se dividen en mapas de información, que permiten conocer la datos pormenorizados del territorio, y otra serie de mapas de gestión que le dice a las autoridades qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las zonas de riesgo que no se pueden mitigar, hacia dónde se deben dirigir en caso de un desastre, entre otros aspectos.

Es justo en los mapas de gestión en los que la experta advierte la mayor parte de las deficiencias en los atlas de riesgos locales. En ese sentido, la recomendación para los gobernantes, expone, es que consideren que las empresas a las cuales asignan la elaboración de un atlas de riesgo cuenten con experiencia probada en el análisis de riesgos, además de exigir que les entreguen un sistema de información y que capaciten al personal en cómo usar dicho sistema.

La experta de la UNAM refiere que, como parte del Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) estas herramientas deben pasar por un proceso riguroso de revisión para garantizar la calidad de la información.

En 2014, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) incorporó información para la gestión del riesgo de desastres y apoyó el desarrollo urbano con acciones para evitar el incremento de riesgos a través de 245 atlas municipales de riesgos.

ALERTA OPORTUNA

De manera complementaria a los atlas de riesgos, la alerta sísmica ha sido una herramienta eficaz para poner a salvo la vida y la integridad de las personas antes de recibir el impacto de un sismo. Al respecto, el trabajo de instituciones como la UNAM ha sido clave.

En colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Geofísica de la UNAM elaboró la zonificación de los territorios sísmicos del país, dividido en cuatro regiones. Usando la división de territorios se creó el mecanismo de prevención capaz de detectar movimientos telúricos y alertar a la población mexicana, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), “es un sistema de sensores sísmicos distribuidos en el centro y la costa oeste de México (Pacífico), diseñado para detectar movimientos en la tierra y emitir alertas tempranas”, comenta Raúl Cruz Ríos, director del Servicio Geológico Mexicano (SGM).

La finalidad de la alerta sísmica es advertir a las autoridades de Protección Civil, y a los ciudadanos en general cuando ocurra un sismo que pueda afectar a las ciudades vulnerables. Para ello, comenta Raúl Cruz, “existen dos tipos de alertas, si los efectos del sismo se estiman moderados, se emite una alerta preventiva; si se prevé una intensidad mayor, se emite la alerta sísmica pública, es decir, a la población general”.

Los mensajes de alerta preventiva y pública dependen de diversos factores como la distancia del sismo con respecto a la ciudad a alertar. Ante la necesidad de contar con alternativas de mecanismos eficientes que permitan avisar a la población en caso de sismos y cualquier desastre natural, el SGM desarrolla los Atlas de Peligros y Riesgos por Fenómenos Naturales, que son herramientas de prevención que, en palabras de Raúl Cruz, “sirven para que los tres órdenes de gobierno y la población en general estén informados sobre los peligros y riesgos a los que están expuestos, aporta la información adecuada para que las autoridades tomen las decisiones correctas en la prevención, mitigación y reparación de riesgos y siniestros”.

El titular del SGM comenta que en caso de peligro sísmico “se hace una zonificación inicial de la historia sísmica del sitio o la región, de acuerdo con la estadística del registro de los sismos analizados, se calcula el periodo de retorno, es decir, cada cuántos años a través de la historia se repite este evento en el sitio”. El riesgo sísmico es una medida que mide el peligro en función de la vulnerabilidad y la posibilidad de que se produzcan daños por los movimientos en el subsuelo, en un periodo determinado de tiempo.

El directivo coincide con los especialistas en que “es necesario establecer una política pública de protección civil, que se enfoquen a la prevención y no sólo en la reacción ante emergencias y fenómenos naturales”.

TIC, ALIADAS EN LA EMERGENCIA

En las horas posteriores al sismo, el Internet fue una pieza clave para la comunicación. Ante la falla de líneas telefónicas convencionales de celular y fijas, así como del servicio eléctrico en algunas zonas, las aplicaciones móviles tomaron la estafeta como medios informativos.

En palabras de Teresa Rodríguez García, gerente Senior de Comunicación para Microsoft México, la tecnología nos ha ayudado a ser más productivos, y también puede ser un gran vehículo para estar en contacto en caso de emergencias.

“El apoyo a la ayuda humanitaria y los esfuerzos de administración de catástrofes a través de soluciones tecnológicas es fundamental, lo cual se traduce en mejorar las capacidades de respuesta, apuntar hacia las necesidades con tecnología y proveer conectividad con las comunidades”, subraya.

Asimismo, la participación de la comunidad en la creación y la alimentación de herramientas digitales interactivas para conocer las zonas afectadas y los centros de acopio contribuyeron a canalizar los apoyos de manera más efectiva. En ese sentido, el sitio web de Alcaldes de México ofrece a los usuarios una compilación de mapas interactivos donde se puede consultar edificios en riesgo y colapsados, albergues y centros de acopio.

Rafael Acosta considera que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cambiado por completo la manera de atender una situación de desastre, desde la mejora en la distribución de suministros humanitarios, la localización de familiares en la zona del desastre, la evaluación de daños y la estimación de necesidades, hasta la transparencia y la rendición de cuentas de la misma crisis humanitaria.

“Creo que son positivas, necesarias y en algunos casos vitales, pero sin perder de vista que en una situación de desastre debemos cuidar la calidad de la información, requerimientos y datos que se manejan para que no se convierta en parte del desastre, es decir, llegar a lo que se conoce como infoxicación, que pudiera provocar más problemas, por ejemplo, alguien en redes sociales o en medios de comunicación percibe que se necesita ropa, lanza el llamamiento y puede no ser lo necesario o prioritario en el desastre”, concluye.

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