*José Marco Romero Silva.
“El que ha de reprender debe ser irreprensible” reza el lema inscrito en el escudo
la Heroica Escuela Naval Militar, como principio doctrinario que anima a quienes aspiran a conducir, con el rango de oficiales, los destinos de la Marina Armada de México y que, además, para el cumplimiento de sus deberes, se rigen por la obediencia, la justicia, la ética y un alto sentido del honor.
Esos valores y principios, no están dispuestos como simple declaración ornamental sino para cumplir la misión fundamental encomendada a la Armada de México, que es la de emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior, proteger la soberanía de la Nación y coadyuvar en la seguridad interior del país, pero también para la tarea no menor de mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas.
No hay espacio para la interpretación, la misión de mantener el Estado de Derecho significa que quienes integran la Marina Armada de México deben ceñirse al imperio de la ley, cumplirla en el desempeño de sus funciones y exigir que todos se sometan a ella, requiriendo, cuando sea el caso, la rendición de cuentas a cualquiera que la violente.
Fotos: Secretaría de Marina.
Hasta ahora, la imagen de los miembros de la Secretaría de Marina había perdurado en un lugar de privilegio ante los ojos de nuestra sociedad, por la percepción que se ha mantenido sobre ellos, de su apego y cumplimiento efectivo de los principios y valores con los que se forman, entre ellos, su rechazo a la corrupción.
No obstante, el escandaloso caso del huachicol fiscal en que están envueltos varios de sus miembros, sin duda ha impactado la buena fama pública de esa entidad gubernamental con un daño reputacional de una magnitud considerable, que careció de rápidas medidas de contención de la crisis que se observaba que se les venía encima, pues las noticias sobre el tráfico de huachicol, daban cuenta que la corrupción en las aduanas y sus actores no son de fecha reciente.
Ciertamente, velar por mantener el orden jurídico, se traduce en vigilar que las obligaciones del personal naval sean materializadas en la realidad, entre ellas, la de combatir la corrupción y evitar la impunidad, especialmente de quienes manchan el honor de la Marina.
La esperada respuesta de la SEMAR, aunque de manera parcial, llegó en el duro discurso del 16 de septiembre pronunciado por el Almirante Secretario, que hubiera sido redondo, si como responsable del control interno de la institución que encabeza, hubiera ordenado públicamente a las instancias internas competentes de ese órgano gubernamental, la profundización de las investigaciones, la instrucción de procedimientos disciplinarios y la presentación de denuncias, e incluso de probables responsables, ante las autoridades de procuración de justicia.
Si bien la Marina ha dado un paso al frente para deslindar responsabilidades de sus miembros en este vergonzoso caso de gran corrupción, es obvio que hay más personas servidoras públicas involucradas a nivel federal, pertenecientes al menos a la Agencia Nacional de Aduanas de México y muy posiblemente de la Guardia Nacional, de Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal del Consumidor, pero también de corporaciones de seguridad pública estatales y municipales, así como de particulares incrustados en la logística para llevar a cabo la distribución del huachicol hasta llegar al consumidor final y el lavado del dinero mal habido, todo lo cual requiere de una red de operadores y encubridores sumamente amplia.
La red de corrupción puesta al descubierto, no inicia, ni se acaba en la Marina, ni ésta puede responder por las demás personas servidoras públicas evidentemente involucradas, cómo, por ejemplo, algunos personajes de aduanas
sumamente cuestionados, no solamente ahora, sino desde el pasado sexenio.
Falta que los titulares de las entidades puestas en entredicho salgan a dar la
cara, como ya lo hizo con valor el Almirante Secretario, pues el presunto
involucramiento de algunos de miembros de su alta dirección es de sospecharse,
al resultar obvio que ningún subdirector, jefe de departamento o modesto
verificador tienen el poder de facilitar que millones de litros de huachicol ingresen
al país desde el extranjero y se distribuyan a lo largo de la República Mexicana.
El ejercicio de acciones judiciales, en contra de personas servidoras públicas de
jerarquías administrativas menores, solo abunda al descrédito de las
instituciones.
El blanqueo de las altas sumas de dinero obtenidas ilícitamente, también requiere especialistas con amplias conexiones en el mundo financiero y bancario; esto requiere por supuesto, de redes institucionales con un apetito de riesgo prácticamente suicida, o bien con tal certidumbre de que permanecerán impunes, que ese solo desplante debería ser suficiente para tocar el orgullo de las autoridades integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción para esforzarse en cumplir con eficacia sus funciones y no aguardar a quedar expuestas, una vez más, ante un caso de corrupción descomunal, en el que prevalezca la eterna impunidad.
En efecto, al interior de toda institución pública opera un sistema de control interno del que son responsables todos quienes en ella laboran, en la medida de las funciones específicas que cada quien desempeña; sin embargo, aquellos que integran la alta dirección no solamente responden por sus funciones, cumpliendo las normas que la rigen, sino que también están comprometidos de hacerlo con ejemplaridad, con eficiencia y eficacia, con integridad, con cero tolerancia a la corrupción, creíble a los ojos de la sociedad en general, pero sobre todo, plenamente comprobable ante los órganos de fiscalización.
La trama de irregularidades de este episodio, cuestiona el funcionamiento de todos los componentes del control interno: el adecuado diseño y atención a los mapas de riesgo, identificación de amenazas, sistemas de alerta, capacidades de prevención, medidas de mitigación, porque debemos recordar que la normatividad relativa establece que la materialización de riesgos de corrupción, además de grave, “es inaceptable e intolerable, en tanto que lesionan la imagen, confianza, credibilidad y transparencia de la institución, afectando los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones de administración.”
Cualesquiera que sean las causas, ésta indudable falla del control interno, pone en duda el combate real a la corrupción y el ejercicio del buen gobierno, ante la diversidad de las posibles instancias involucradas para cometer la amplia serie de ilícitos que se pueden enumerar en ésta historia, en el muy largo espacio de tiempo en que tuvieron lugar, sin presentarse ningún plan urgente de respuesta y remediación de los daños al patrimonio público que estaban ocurriendo, a la vista de los responsables de evitarlos.
Aceptar el hecho de que puede ocurrir un evento de corrupción, como sucede en la realidad, no implica aceptar la materialización de todas sus consecuencias, por el contrario, es responsabilidad de la alta dirección, ejercer su liderazgo para asegurarse que el desastre y los daños se reduzcan al mínimo posible y si en este caso los daños se calculan entre 500 y 800 mil millones de pesos, de 2018 a 2024, eso significa que hubo omisiones inadmisibles, en grado catastrófico.
La pregunta ahora es: ¿Volverán a prevalecer los intereses políticos y privados, asociados a los delincuenciales, para que se extienda el largo manto de la impunidad y así cubrir a los responsables prominentes, en detrimento del patrimonio público? O finalmente, por una vez, ¿se reconducirá el camino hacia la integridad que debe prevalecer en el ejercicio del servicio público?
Es indispensable poner atención en que no solo el Secretario de Marina ha hablado y se ha comprometido en la depuración de la institución bajo su responsabilidad, para rectificar el rumbo y a que los principios que los rigen no queden en simples palabras.
Hay otro personaje público relevante, que con motivo de este caso también empeñó su palabra, lanzando un elocuente: “¡Cero impunidad, tope hasta donde tope!”.
Históricamente, los discursos presidenciales están llenos de arengas y promesas que se pierden en el tiempo, sin que transformen la realidad social; hoy la sociedad entera está atenta, a que la primera mujer presidenta de México sea en verdad diferente, ponga el ejemplo y si combata a la corrupción y la impunidad en los hechos y no solo en los discursos. Esperemos que así sea.
*El autor es Master en Compliance, Fraude y Blanqueo. Especialista en Sistema de Responsabilidad de Servidores Públicos. Maestro de Marco Jurídico de las Adquisiciones, Servicios y Obra Pública y de Solución de Controversias, en la Maestría de Enajenaciones y Contrataciones Públicas, en el Instituto Nacional de Administración Pública.
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