En toda la extensión territorial que comprende la República Mexicana, existe un fenómeno que limita la garantización de los derechos a los hablantes de lenguas originarias. El acudir a una consulta médica, presentar una denuncia ante el ministerio público o realizar una inscripción puede convertirse en un atisbo de segregación social si no se habla español, aún y cuando la Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser atendidos en su propia lengua, la mayoría de los municipios del país sigue careciendo de servicios permanentes de interpretación y traducción que permitan ejercer ese derecho.
Fotos: INPI.
Ante este panorama, en la Ciudad de México se ha construido un modelo institucional para atender esa brecha mediante el programa Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas 2025, operado por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (S
EPI), experiencia que abre la discusión sobre la duplicidad de esta iniciativa, dado que el reto no es menor.
De acuerdo con el documento Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del INEGI, en México existen 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes, lo que se traduce como millones de ciudadanos que son vulnerables ante esta situación. Ante esto, Carolina Muñoz Rodríguez, subdirectora de Lenguas Indígenas y encargada de despacho de la Dirección de Comunidades Indígenas Residentes de la SEPI, explica que el programa capitalino evolucionó de un esquema que únicamente brindaba intérpretes a una política más amplia para garantizar derechos lingüísticos.
“Anteriormente, el programa que ahora se llama Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas tuvo su antecedente sólo con servicios de interpretación y traducción. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido mejorando en el sentido del monto del apoyo por el servicio de interpretación y traducción.»
Foto: Ian López / Alcaldes de México.
«Hay dos personas beneficiarias directas: quienes reciben el servicio y quienes lo brindan, porque ambos forman parte de este mecanismo para garantizar derechos», señaló Muñoz Rodríguez.
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El programa opera actualmente con una red de aproximadamente 190 intérpretes y traductores, quienes trabajan bajo convocatoria y son activados conforme llegan las solicitudes de hospitales, juzgados, escuelas, instituciones culturales u otras dependencias. Además esta red atiende 22 de las 68 lenguas indígenas nacionales, además de diversas variantes lingüísticas, pues la identificación del intérprete depende del municipio, localidad y estado de origen de la persona usuaria, sin embargo, siguen existiendo múltiples municipios fuera de la ciudad de México que aún enfrentan esta barrera linguística.
Un modelo replicable para los municipios
Para Carolina Muñoz cualquier estado o municipio puede comenzar a construir un sistema similar. El primer paso, afirma, consiste en dejar de asumir que sólo existen pueblos indígenas originarios del territorio.
“Es importante identificar qué lenguas se hablan en cada entidad. La población no es estática; la migración es continua. Hay estados que reconocen a sus pueblos originarios, pero en sus zonas metropolitanas viven también personas mixtecas, zapotecas, mayas, tsotsiles o totonacas. Los gobiernos deben reconocer esa movilidad porque llegan a trabajar y, por un tema de derechos humanos, también tienen derecho a ser atendidas.”
Una vez identificado el panorama lingüístico, recomienda capacitar al personal público, eliminar prácticas discriminatorias y crear mecanismos institucionales de interpretación.
“Cada gobierno tendría que pensar en un área de servicios de interpretación y traducción, sobre todo en estados que incluso piensan que no hay población indígena local. Las ciudades siempre van a seguir siendo polos de atracción por trabajo. Hay que considerar estos servicios porque están en la Constitución. Tenemos derecho a ser atendidos en nuestras propias lenguas.”
Los municipios no parten de cero
Aunque la Ciudad de México ha desarrollado uno de los esquemas más completos de interpretación y traducción en lenguas indígenas, existen otras experiencias locales que muestran que este tipo de políticas son viables cuando hay coordinación entre gobiernos municipales, estatales e instituciones de justicia.
Uno de los casos es el de Oaxaca de Juárez, donde el Instituto Municipal de Lenguas Indígenas (IMLI) y la Defensoría Pública del Estado conformaron un padrón oficial de intérpretes y traductores para facilitar el acceso a la justicia de personas hablantes de lenguas originarias. El mecanismo permite que las instituciones soliciten intérpretes durante procesos penales, familiares, civiles o administrativos, además de fortalecer la atención jurídica gratuita.
Otro ejemplo se encuentra en San Quintín, Baja California, municipio con una importante población indígena migrante proveniente principalmente de Oaxaca y Guerrero. En 2024, la Fiscalía General del Estado incorporó un intérprete de zapoteco alto, con lo que la región pasó a contar con especialistas en las tres lenguas indígenas de mayor presencia: mixteco alto, triqui bajo y zapoteco alto, fortaleciendo el acceso a la justicia para estas comunidades.
Con estas experiencias que, en simultaneidad también coinciden con el planteamiento de Carolina Muñoz respecto a conocer el territorio y a sus hablantes como primer paso, municipios del país pueden comenzar a emprender diversas iniciativas con el propósito de hacer valer la constitución para los pueblos originarios. Partiendo desde los zulos, desde reconocer que la migración que modifica constantemente ese mapa lingüístico, capacitar a sus instituciones para atender a la población y crear mecanismos institucionales de interpretación sin discriminación, para atender a su pueblos en sus lenguas.
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