Por la Maestra en Arquitectura y Urbanista Romy Rojas Garrido. *
El derecho a la ciudad no es solo un concepto académico ni un ideal abstracto; es el derecho de todos los ciudadanos a vivir, transitar, participar y apropiarse de los espacios urbanos. Significa que la ciudad debe construirse pensando en quienes la habitan, en sus necesidades, en su seguridad, en sus oportunidades de movilidad, recreación y convivencia. No es solo infraestructura; es calidad de vida, cohesión social y equidad urbana.
Pero hoy, en muchas ciudades mexicanas, este derecho parece una promesa incumplida. La planificación urbana, la gentrificación y las decisiones políticas parecen beneficiar a unos pocos, a los que pueden pagar por vivir en barrios “modernos” o disfrutar de infraestructura exclusiva. Mientras tanto, la mayoría enfrenta transporte deficiente, calles inseguras, falta de espacios públicos y segregación social.
Foto: Archivo.
El debate es polémico porque genera preguntas incómodas:
- ¿Construimos ciudades para todos o solo para quienes pueden pagar?
- ¿Por qué seguimos priorizando la movilidad para autos privados sobre transporte público eficiente y seguro?
- ¿Por qué los barrios históricos se transforman solo en espacios de consumo para turistas y nuevos residentes, desplazando a los habitantes originales?
Casos como CDMX, Monterrey o Guadalajara muestran claramente esta tensión. Los desarrollos urbanos de lujo y los mega proyectos inmobiliarios avanzan rápidamente, mientras barrios completos quedan marginados, con calles inseguras, pocas áreas verdes y acceso limitado a transporte y servicios. Las ciudades se fragmentan y los ciudadanos pierden la posibilidad de habitar plenamente su propia ciudad.
Sin embargo, también existen ejemplos de cómo el derecho a la ciudad puede cumplirse: barrios que integran renovación urbana con vivienda asequible, espacios públicos activos, transporte seguro y participación ciudadana. Lugares donde se prioriza la cohesión social, la seguridad y la identidad cultural, demostrando que la ciudad puede ser un espacio para todos, no solo para unos pocos privilegiados.
La polémica central es esta: el derecho a la ciudad está condicionado por decisiones políticas, por intereses privados y por la ética de quienes planifican y gobiernan. Si las autoridades siguen priorizando proyectos lucrativos para unos cuantos, las ciudades seguirán siendo espacios fragmentados, inseguros y excluyentes. Pero si decidimos construir con visión ética, con instrumentos legales claros, participación ciudadana y enfoque en la cohesión social, podremos garantizar que cada ciudadano pueda caminar, jugar, trabajar y soñar en su ciudad.
Para mí, el derecho a la ciudad no es un privilegio, es una obligación social. Construir ciudades justas y seguras es un acto político y ético: cada calle, cada parque, cada transporte público refleja las prioridades de nuestra sociedad. Preguntémonos: ¿Estamos construyendo ciudades para la felicidad de todos, o solo para quienes pueden pagarla? La respuesta define el futuro de nuestros barrios, nuestra cohesión social y la posibilidad de tener ciudades verdaderamente felices.
Referencias
- ONU-Hábitat. (2020). Asentamientos humanos y derecho a la ciudad. Recuperado de https://unhabitat.org
- Lefebvre, H. (1968). Le Droit à la ville. París: Anthropos.
* La autora es Directora General de ULC Urban Linked Culture y Presidenta del CONARED, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de México.
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