Las nuevas disposiciones para el sector financiero emitidas por el Gobierno de Estados Unidos que consideran la fiscalización del envío de remesas tendrán un impacto en el flujo de estos recursos hacia México, por lo que las administraciones estatales y municipales deben buscar medidas que fortalezcan la economía doméstica, comentó Salvador Rotter Aubanel, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
Foto: Archivo.
En junio entró en vigor una nueva orden ejecutiva, emitida por el presidente Donald Trump, para la transacción de recursos de Estados Unidos hacia el exterior. Rotter mencionó que las autoridades del vecino país del norte buscan identificar el origen y, sobre todo, el destino de los recursos que van de EU a nuestro país; “es como la ley “antilavado” de dinero en México.”
Las entidades federativas que reciben más recursos por remesas son: Guanajuato, Michoacán y Jalisco, liderando constantemente las cifras anuales del Banco de México. Oros estados del país con alta captación histórica incluyen al Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas.
“En el resumen de la disposición que dio a conocer el Gobierno de Estados Unidos, se indica que la normatividad aplica para todos los recursos que salen de dicho país, obviamente en México vamos a tener el problema de las remesas”, expuso en entrevista.
Indicó que la ley en EU obliga a las instituciones financieras y a todas las empresas que se dedican a las transferencias de recursos, a identificar quién es la persona que los manda y quién es la que los recibe.
Foto: Salvador Rotter / CCPM.
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“Esto le puede dar elementos a la autoridad norteamericana para identificar a los migrantes indocumentados que se encuentran en el país y que están mandando recursos hacia a México. Finalmente, nuestro país cuenta una cantidad importante de recursos por concepto de remesas que envían las personas que trabajan en Estados Unidos”, dijo.
Ante la situación, señaló que, muy probablemente, esas remesas comiencen a disminuir porque no hay posibilidades de que se envíen estos recursos sin que alguna entidad financiera lo sepa, y se informe a la autoridad americana para que se pueda detener y deportar a las personas.
“Lo más importante es lo que ocurra con esas familias que dependen económicamente de los recursos que se envían desde EU, que podrían verse detenidos esos recursos y tener problemas económicos personales”, señaló.
Así, agregó los gobiernos en México -estatales y municipales- tendrían que buscar la forma de reactivar la economía en aquellas comunidades donde la gente depende de esos recursos.
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