El Municipio de Puerto Vallarta inició la actualización de su personal ante la entrada en vigor de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, legislación que contempla la digitalización de trámites relacionados con el registro de propiedades y una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Foto: Municipio de Puerto Vallarta.
Como parte de estas acciones, más de 70 personas, entre funcionarios públicos, peritos valuadores, notarios y ciudadanos interesados, participaron en una exposición sobre los alcances de la nueva legislación, impartida por el tesorero municipal, Hugo Alberto Robles Cibrián.
De acuerdo con información de la administración municipal, encabezada por el alcalde Luis Ernesto Munguía González, la actividad fue organizada mediante la Dirección de Catastro y la Hacienda Municipal, con el propósito de informar sobre los cambios que implica la normativa, cuya entrada en vigor ocurrió en octubre.
Durante la exposición, Robles Cibrián explicó que uno de los principales cambios será la posibilidad de realizar trámites catastrales y registrales por internet mediante Llave MX. Estas gestiones tendrán la misma validez jurídica que los procedimientos presenciales, lo que permitirá reducir traslados, tiempos de espera y el uso de documentos impresos.
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Otro de los temas abordados fue la actualización de la información de los inmuebles mediante cartografía catastral. Al respecto, el tesorero municipal señaló que Puerto Vallarta realiza vuelos de reconocimiento cada año para identificar modificaciones en terrenos y construcciones, con el objetivo de mantener actualizados sus registros.
La administración municipal también informó que la publicación de los lineamientos y el calendario de implementación está prevista para el próximo 7 de diciembre. Estos documentos establecerán los procedimientos para adoptar las nuevas plataformas y herramientas digitales contempladas en la legislación.
De acuerdo con lo expuesto durante la jornada, las autoridades tendrán como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para concluir el plazo de implementación. Con ello, la nueva Ley General Catastral y Registral plantea cambios en la gestión de información sobre propiedades y en la prestación de servicios relacionados con el registro inmobiliario.
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