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700 MHz, apuesta para conectar a gobiernos

Norma Pérez Vences

Centro-Control-Comando-Computo-ComunicacionUna de las empresas más contentas por la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de liberar y usar la frecuencia de los 700 MHz para banda ancha móvil fue Motorola Solutions. En lo que será esta súper carretera de Internet móvil, podrán desarrollarse aplicaciones robustas para servicios médicos, educativos, de protección civil y de seguridad pública. La compañía se declara lista para competir por otorgar estas opciones a municipios, estados y federación.

Todas las áreas le interesan, pero en especial la relacionada con seguridad pública, en torno a la cual Federico Gallart, director General y vicepresidente de Ventas y Servicios Internacionales de Motorola Solutions, declara que aspiran a convertirse –con altas probabilidades, por cierto– en el proveedor único de la plataforma tecnológica que el país usaría en el futuro para interconectar a todas las dependencias y corporaciones encargadas de la seguridad, entre sí y con la población.

El uso de la banda de los 700 MHz se traduce en que, mediante la tecnología LTE o 4G, correrán datos, voz y video a alta velocidad y estará al alcance de toda la población. Lo que eso representa para la seguridad pública en términos prácticos, se puede mostrar con un ejemplo: cuando explotó la bomba en la maratón de Boston, se recopiló y analizó en tiempo récord toda la información proveniente no sólo de las cámaras de la policía, también de los ciudadanos que, incluso de manera accidental, hicieron con sus celulares inteligentes alguna toma reveladora del momento en que el explosivo era colocado.

Gracias a esa tecnología, capaz de utilizar la interconexión con la comunidad, para recopilar y transportar ese gran cúmulo de información hacia un centro de mando donde se analizó, el crimen se resolvió en menos de una semana.

Otro ejemplo de beneficio puede ilustrarse a través de un ejercicio de imaginación. Si el policía que disparó en Ferguson, Estados Unidos, contra un joven afroamericano hubiera llevado consigo un dispositivo en su pistola que al desenfundar disparara una alerta en su centro de mando y que al mismo tiempo activara una cámara colocada en la solapa de su camisa que instantáneamente comenzara a filmar los hechos, actualmente no existiría la duda sobre quién de los dos fue culpable y por lo tanto no existirían los disturbios que la tragedia ha provocado. Según Gallart, esa tecnología no es ficción, está disponible para ser traída a México e implementarse en las corporaciones policiacas del país, una vez que la banda ancha móvil esté en pleno uso.

Escuchando hablar al directivo, me doy permiso de imaginar qué habría ocurrido si esos dispositivos hubieran estado en uso, en Iguala, el 26 de septiembre. Posiblemente sería otro el rating actual de Enrique Peña Nieto, con una carga menos sobre sus hombros: la de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos bajo circunstancias tan oscuras.

Es claro que el fenómeno de inseguridad que vive México hace más atractivo el uso de aplicaciones para mejorar servicios públicos, especialmente los relacionados con seguridad, más aún si se considera que municipios y estados pueden adoptarlas con cero inversión inicial, pues el hecho de que con la reforma en telecomunicaciones se garantice la cobertura de Internet a 98 por ciento de la población nacional, hace que también los gobiernos locales accedan sin costo a esta plataforma. Ahora sólo deberán ocuparse de contratar las aplicaciones para los usos que requieran.

La preparación de la empresa para abordar este negocio no es reciente; hace unos años Motorola tomó la decisión de reorientar sus objetivos y recién concluyó la venta de su división Enterprise, por 3,500 millones de dólares (mdd). Con ese monto financiará sus nuevas estrategias de crecimiento, entre las cuales se encuentra la de invertir en soluciones como las que comercializarán en México, en breve.

La compañía ha invertido tiempo y recursos siguiendo muy de cerca el proceso reformador de México. Está convencida de que el marco normativo con el que cuenta el país para el desarrollo de las telecomunicaciones es inmejorable. El ambiente de negocios creado a partir de plasmar en la Constitución, entre otras cosas, el compromiso de proveer conectividad a 98 por ciento de la población nacional y proteger la banda de los 700 MHz para lograr ese objetivo, fue fundamental. A raíz de ello podrán desarrollarse todos los tipos de aplicaciones ya mencionadas (médicas, educativas, de entretenimiento, de seguridad pública, de protección civil y otras).

Y ahí es donde entran Motorola Solutions y otras empresas asiáticas y europeas, que actualmente realizan pruebas piloto en seis regiones del país. De la mano de la sueca Ericsson, Motorola participa en los trabajos de prueba en la región que comprende la Ciudad de México. Las otras firmas que aceptaron participar en las pruebas piloto, en otras regiones del país, son las chinas ZTE y Huawei, la japonesa Nec, la finlandesa Nokia y la francesa Alcatel Lucent.

Dichas pruebas permitirán a la SCT comprobar compatibilidad y eficiencia de las tecnologías empleadas en cada uno de estos programas piloto, lo cual servirá para establecer las características y requerimientos técnicos en torno a la licitación de la Red Compartida.

Todo el modelo alrededor de los 700 MHz comienza precisamente con la licitación de la Red Compartida, la cual se prevé concluir en agosto de 2015 para luego iniciar el proceso de instalación. Una vez instalada, se prevé que entre en operación en 2018 y para entonces el carrier de carriers que haya obtenido, podrá comercializar espacios de esa red entre las empresas interesadas en convertirse en operadores móviles virtuales (MVNO, por sus siglas en Inglés), las cuales, a su vez, podrán ofertar sus aplicaciones a gobiernos municipales y estatales que deseen fortalecer los servicios públicos ante sus gobernados.

Motorola Solutions, sin embargo, quiere ir más allá. Sabe que el uso de la banda de los 700 MHz dará al país la capacidad para intercambiar velozmente un flujo enorme de información; al fin el país contará con la plataforma tecnológica que le permita entrar a la era de la conectividad plena en todas las áreas de la administración pública; tan solo en materia de seguridad pública, existirá la posibilidad real de compartir información y bases de datos a nivel nacional y estado por estado, lo ideal es que se use un solo estándar para llevar y traer toda esa información.

Aprobar un solo estándar para transportar todos los datos referentes a seguridad pública, permitiría que una dependencia se entienda con otra y que los estados lo hagan entre sí y entre ellos y el Gobierno Federal. Las secretarías de Marina, Defensa y Seguridad, así como los diferentes gobiernos estatales y Federal y corporaciones policiacas, podrían estar intercomunicados y compartir sus bases de datos, con el fin de agilizar las investigaciones y coordinar sus operaciones en cualquier punto del país.

Por la reserva con que cada dependencia y gobierno deben manejar su información, todo el acervo estaría encriptado, sólo se compartiría lo que cada uno autorizara para cada caso.

No está claro aún cómo evolucionará ese mercado, ni cuál será el papel de los municipios y estados una vez que se defina la nueva estructura de policías planteada por el Primer Mandatario en su decálogo de seguridad (policías estatales- mando único), pero lo que sí se sabe desde ahora, es que las reglas que rijan la actividad de o de los operadores móviles virtuales deben ser lo suficientemente claras y firmes para atender al tamaño de la responsabilidad adquirida en el manejo de este tipo de información.

Es un hecho que para construir ciudades seguras, el uso de las tecnologías aquí descritas no son lo único que se requiere, éstas son sólo una herramienta; habría que comenzar a hacer adecuaciones en todas las aristas relacionadas, como profesionalización policiaca, mejoría en las condiciones de empleo del personal, generación de oportunidades que impida la incorporación de más hombres y mujeres a las fuerzas de la delincuencia, reafirmación de valores sociales y muchas otras que, en conjunto, permitan preparar al país para aprovechar el ingrediente de trasparencia que el uso de nuevas tecnologías de la información puede dar al sistema y actores encargados de la seguridad pública.

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