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Pemex no es el único que importa.

Si se habla de leyes secundarias para la reforma energética, todo mundo piensa en lo que puede ocurrir con Pemex, pero poca o nada de atención se pone en el impacto que éstas tendrán sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la naciente industria de la electricidad limpia, esa que proviene de fuentes renovables, que en México están tan desaprovechadas y entre las cuales se encuentra la eólica.

Junio es crucial. Las empresas desarrolladoras de parques de energía eólica están muy pendientes y siguiendo con lupa la letra chiquita en las leyes secundarias, pues ahí estarán contenidos los detalles que aceleren o frenen el crecimiento de esta industria. Una coma o una palabra pueden hacer la diferencia.

La falta de infraestructura —léase subestaciones y líneas de transmisión de electricidad— es hoy el principal obstáculo para que la generación de energía eólica se expanda en México; y los empresarios del ramo cabildean arduamente para que este eslabón se resuelva por mandato de las leyes secundarias.

Detengámonos un poco en el contexto. Tratándose de fuentes renovables de electricidad, el país actúa con una doble moral. Hacia el interior, éstas están subexplotadas y sin reglas de largo plazo para crecer; y hacia el exterior México ha asumido ante el mundo el compromiso de incorporar energías limpias en al menos 35 por ciento del consumo nacional, en los próximos 10 años. Abordaremos la viabilidad de esa meta, concentrándonos por ahora en una de las fuentes renovables: la eólica.

Los primeros proyectos de energía eólica fueron impulsados en 1977. Desde entonces, han llegado al país empresas desarrolladoras de diversas partes del mundo, principalmente de España.

El potencial en México para generar este tipo de electricidad es enorme, según Héctor Treviño, director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), es de 20 mil MW. Sin embargo, al cierre de 2013, se generaban menos de 2 mil MW y este año la cifra puede aumentar en 700 MW más. Esta existencia equivale a aproximadamente 4 por ciento del total que se genera en el país y equivale a más del consumo anual de una ciudad como Puebla.

En cuanto al compromiso adquirido en tiempos de Vicente Fox, de incorporar en 2024 al menos 35 por ciento de energías limpias en el consumo total del país, ese porcentaje incluye a la nuclear y la hidroeléctrica, que aunque no son renovables, sí reducen la emisión de gases de efecto invernadero.

Dentro del grupo de las renovables, por ahora las más viables en el país son la eólica, la solar y la de biomasa, de las cuales, la primera es la más desarrollada, debido al menor costo de la tecnología para generarla.

Así pues, los integrantes de la AMDEE se han planteado la meta de generar 12 mil MW entre 2020 y 2022, alentados por el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, quien ha expresado su convicción por las renovables, entre las cuales, como ya vimos, se prevé que la eólica sea protagonista.

Las cifras expuestas son reveladoras. En los últimos 34 años se logró una generación de apenas 2 mil MW, mientras la proyección optimista para los próximos seis a ocho años es crecer en 10 mil MW. De ese tamaño es la expectativa que la industria eólica tiene en las leyes secundarias y el ambiente de negocios que éstas propiciarían.

A la fecha, lo que obstaculiza el crecimiento de la industria es la infraestructura necesaria. Las empresas detectan el potencial, identifican la zona específica e instalan los aerogeneradores, pero construir la subestación que cada parque requiere para acumular la energía y desplegar las líneas de transmisión para enviarla a su destino, se ha convertido en el talón de Aquiles.

Esa es la infraestructura que falta. El Estado se ha declarado sin recursos para construirla y el capital privado estaba prohibido por la Constitución. Con la Reforma Energética, la categoría de estratégica que tenía la electricidad pasa a prioritaria y por lo tanto se permite la inversión privada, pero los términos en que ésta se permita se determinarán en las leyes secundarias.

El esquema del cual Estado y empresas se han valido hasta ahora para dar la vuelta a dicha situación lleva por nombre “Temporada Abierta”. Se trata de un mecanismo mediante el cual las empresas desarrolladoras donan a la nación una parte de la inversión para que la CFE pueda construir la infraestructura mencionada.

Actualmente hay una Temporada Abierta en Oaxaca, con capacidad para generar 2,500 MW, pero no está terminada, opera a 85 por ciento aproximadamente. Una segunda Temporada Abierta para 2,300 MW se inició también en Oaxaca, originalmente se concluiría en 2015, luego se difirió a 2016 y a finales del año pasado se informó que será terminada en 2017.

Empresas como Acciona, Iberdrola, Enel y Gamesa, inversionistas de este proyecto, pugnan porque se reduzca el plazo y vuelvan a la fecha de 2016 para iniciar operaciones. Pero aún no hay respuesta favorable.

Además de estas dos, y todavía en papel, hay una Temporada Abierta proyectada en Tamaulipas y otra en Baja California.

Para los empresarios, el esquema de “Temporada Abierta” no es el mejor, pero lo aceptan; lo más deseable para ellos es que las leyes secundarias permitan licitar la construcción de infraestructura, de modo que sea una firma constructora la que se encargue del proyecto y luego cobre una tarifa (porteo) por sus servicios.

En suma, los puntos que los empresarios del ramo eólico esperan ver plasmados en las leyes secundarias y por los cuales pierden el sueño en estos días, son:

• Permitir la licitación para construcción de infraestructura.

• Que se conserve el Banco de Energía.

• Que se mantenga la metodología actual de cálculo de porteo tipo estampilla postal.

• Que se establezcan metas anuales obligatorias de generación de electricidad, a partir de fuentes renovables.

• Que la CFE haga licitaciones de energía para cubrir sus necesidades, pues muy pronto tendrá que empezar a cambiar las plantas que funcionan a base de combustóleo y otros combustibles fósiles. Esto en apego a la Ley General de Cambio Climático.

La Ley mencionada también establece generar en el país un mercado competitivo para las energías renovables, propósito que está lejos de conseguirse, a pesar de que la eólica no es una industria desprotegida; cuenta con incentivos nada despreciables, como la posibilidad de deducir 100% del costo del parque en el primer año.

De hecho, en la Reforma Fiscal los empresarios de la industria enfrentaron su primera amenaza, pues en ella se planteó eliminar la deducibilidad de estos proyectos, y sólo un cabildeo preciso evitó que se quitara dicho beneficio. La realidad es que México es uno de los países del G-20 con mayor potencial en energías renovables y, al mismo tiempo, el que menos invierte en ellas.

Hoy existe una oportunidad real de concretar el despegue de la industria eólica, y a través de ello crear un ambiente que propicie mayor inversión en estados tradicionalmente rezagados como Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, amplias regiones de Puebla y Tamaulipas, así como en otros donde se puede potenciar el crecimiento, como Nuevo León, Baja California, Coahuila, Yucatán, Jalisco y Aguascalientes. En todos ellos se reporta un alto potencial eólico.

Los municipios participarían de esta derrama a través de rubros como pago de predial; pago de derechos por construcción y por generación; carreteras y caminos que se construyen para poder edificar los parques eólicos; proyectos de desarrollo social como clínicas, alumbrado público, escuelas, centros de capacitación o parques, entre otros, los cuales son solicitados por el municipio o la comunidad. Esto, además de las rentas que se pagan a dueños de los terrenos donde se ubican los parques.

Visto así, todo caminaría de maravilla para las partes: las regiones con potencial eólico están localizadas, los desarrolladores están listos para invertir y los clientes, en espera del abasto. Lo único que falta son las reglas bajo las cuales se desarrollará el juego y asegurar que la derrama económica que deje tras de sí el impulso a esta industria efectivamente llegue hasta el último eslabón de la cadena beneficiaria: las poblaciones locales que verán modificado su paisaje con gigantescas palas generadoras de riqueza ajena.

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