Ajuste laboral para el INE

ineMéxico vive hoy uno de los momentos más importantes en materia electoral, pues se están tomando decisiones que modificarán las estructuras actuales. Más allá de la compleja definición de las leyes secundarias en materia electoral y de la conformación del Instituto Nacional Electoral (INE), la cadena de procedimientos que habrá que operar en todo el país es muy amplia.

Sin duda las leyes secundarias resolverán muchos de los dilemas que ahora se presentan para imaginar el éxito en las elecciones federales y locales de 2015. Con todo, conviene adelantar varios temas que generarán algunos debates, como es el caso de los recursos que habrá que invertir en el nuevo modelo electoral del país. Todo proceso de mejora y modernización implica un reajuste presupuestal (no necesariamente al alza) que permita enfrentar las responsabilidades y nuevas atribuciones de las autoridades electorales. La definición de los nuevos costos estará en función de la definición que haga la nueva ley de las atribuciones del INE con relación a las que corresponderán a los organismos públicos locales en materia electoral (OPLEs), en cada entidad de la república. Ahora más que nunca se le exigirá a la autoridad electoral un manejo transparente y eficiente de los recursos. Ciertamente habrá que diferenciar entre el costo de organizar las elecciones en todo el país y los montos del financiamiento público que recibirán los partidos. Esta última partida no se reformó en la Constitución, pero la transparencia y la rendición de cuentas ya no es un lujo, sino una necesidad intrínseca a la nueva etapa de la democracia en México. Por eso, otro de los temas que estarán en el campo de las definiciones urgentes será la forma como el INE tendrá que rendir cuentas y además fiscalizar eficientemente los recursos de los partidos.

Una preocupación que se expresa en muchos de los actuales organismos electorales tiene que ver con el personal que labora en ellos y la concepción de un nuevo Servicio Profesional Electoral Nacional. Una de las mayores fortalezas del IFE es su estructura profesional que se conformó a lo largo de más de 20 años. No son sólo la calidad de las personas que lo componen, sino el complejo marco regulatorio que ha permitido capacitar, evaluar, promover y perfeccionar al servicio electoral. Los institutos locales hicieron, de diferentes maneras, un esfuerzo para contar con sus propias estructuras que han operado en los últimos años. La reforma no anuncia ningún cambio para esta estructura. El reto para las nuevas autoridades será definir las características del nuevo sistema con el que incorporará, en el servicio profesional, a todos los responsables técnicos y directivos que organizan hoy las elecciones en los institutos locales.

Es evidente que se requerirá de un esquema de diagnóstico, evaluación, incorporación y reubicación en muchos casos.

Con todo, la Constitución apunta claramente a la necesidad de respetar los derechos laborales de los trabajadores. Finalmente, los debates más importantes es este mes de definiciones se relacionarán con clarificar, de la manera más precisa posible, las funciones que deberá desarrollar el INE, las que corresponderán a los OPLES y la relación entre las instituciones. La Constitución establece un marco de atribuciones y posibilidades de delegar funciones que la ley tendrá que precisar.

Quizá aquí radique la tarea legislativa más compleja. Se trata de un trabajo de ingeniería institucional que debe facilitar la coordinación y operación de los procesos, con líneas de mando claras y bien definidas.

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