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Después de la elección.

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El autor es Decano Asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG; Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (Figura Pública)

UrnaCuando aparezca esta edición de Alcaldes de México, habrá terminado la espera electoral y sabremos quién dirigirá al país durante el período 2012–2018. Es tiempo de que las autoridades electorales completen los detalles de los comicios, terminen las formalidades y confirmen los resultados que arrojaron los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP), tanto a nivel federal como en las entidades que celebraron procesos locales. Ahora empiezan batallas jurídicas por definir el mapa político final que prevalecerá en los próximos años.

A pesar de que se hicieron diversos comentarios antes de que se realizara la elección, creo que es posible hacer dos evaluaciones: una, al proceso electoral en su conjunto (antes del día de la jornada); y otra, a las campañas y lo que nos han dicho los candidatos. En todo caso, la evaluación es positiva. México ha mostrado que tiene instituciones capaces de organizar procesos electorales democráticos y que hay un sistema de partidos que protagonizaron una competencia limpia y transparente.

Sobre el proceso electoral. Sin duda, la percepción de hace algunos meses sobre las dificultades que enfrentaría el Instituto Federal Electoral (IFE) para organizar la elección, no tuvieron sustento. Al final, no afectó la ausencia de tres consejeros por más de un año. Incluso en temas que generaron polémicas, como la organización de los dos debates o las definiciones sobre el conteo rápido, el IFE supo mantener la serenidad y el orden.

Con todo, el proceso estuvo salpicado de eventos mediáticos y decisiones difíciles. En especial surgieron polémicas entre los medios de comunicación y el IFE. Muchas quejas involucraron sanciones a los concesionarios y permisionarios, además de que el tema de las limitaciones a la libertad de expresión prefiguran la necesidad de realizar cambios en el modelo de comunicación política del país.

Quedan por analizar los pormenores de las elecciones locales; las decisiones del Tribunal Electoral ante las inevitables protestas de unos y otros; la estructura final del Congreso de la Unión; y las definiciones finales del IFE. Sin embargo, el resultado es positivo y es hora de pensar en una reforma política que consolide aún más nuestros procedimientos democráticos. Ese es el debate que ahora se inicia.

Sobre las campañas. Después del segundo debate resultó obvio que los cuatro candidatos enfrentaban una lucha por los votos muy compleja. Más allá de ideologías, todos tendían a presentar soluciones en el centro del espectro. Ninguno quiso arriesgar definiciones contundentes que les restara votos entre los diversos públicos. Será el ejercicio del poder el que permita evaluar la relación entre las promesas y las acciones.

Pero detrás de la estrategia, los cuatro candidatos dejaron ver que persisten tres problemas para el ganador: el primero, las relaciones entre el Presidente y el Congreso de la Unión; el segundo, en consecuencia, las relaciones entre el Presidente de la República y su partido; y tercero, las relaciones entre los gobiernos locales y la Federación.

Durante la campaña las promesas hicieron caso omiso de dichas realidades y ahora, para gobernar, el presidente requiere de una nueva relación con el Congreso y con su partido. Ninguno de los institutos políticos está suficientemente unido como para garantizar un cheque en blanco a quien gobierne. Es la pluralidad de posiciones la que prevalece en todos los ámbitos de la política y no queda más que la negociación como estrategia para construir la gobernabilidad. Otras opciones se acercarían a esquemas autoritarios que no se sostienen en el México político de hoy. Empiezan meses de transición del poder y de negociación de posiciones. Ese es el reto a partir de julio.

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