Límites y responsabilidades del nuevo gobierno.

arutroEnrique Peña Nieto enfrenta, como en toda nueva administración, el reto de resolver los dilemas que heredó de su antecesor, pero también encara el problema de hacer valer su autoridad en las diferentes esferas del poder, sin olvidar que tiene el compromiso de cumplir las promesas que hizo durante su campaña.

Cualquier estratega de la nueva administración sabía que este tipo de desafíos estaban a la vista. El nuevo gobierno cargaba con el estigma de representar el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus formas tradicionales de hacer política. Sin embargo, no era muy difícil argumentar lo que el entonces candidato a la presidencia afirmaba: México había cambiado y no era posible gobernar como se hacía antes.

Han pasado ya seis meses de la nueva administración y es hora de comenzar a evaluar. Por una parte, el Gobierno Federal ha mostrado osadía y valentía para negociar el Pacto por México, para encarcelar a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y también ha sabido escuchar los reclamos de la oposición. Además, resolvió exitosamente la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a México.

A principios de mayo fue necesario relanzar el Pacto y establecer compromisos para cuidar que los programas sociales no se utilicen con fines electorales. No fue algo fácil de lograr y aún ahora es factible esperar la crítica partidista. Sin embargo, en términos generales, el acuerdo vive y es posible esperar nuevos cambios en el México de las leyes y los acuerdos legislativos.

Por otro lado, el PRI en el poder ha enfrentado, desde el 1o de diciembre pasado, la irrupción de movimientos, protestas y reacciones de diversos grupos en contra de la nueva administración y sus políticas. La constante es que los manifestantes salen armados a las calles, enfrentan a los policías sin pudor y generan destrozos en todo tipo de instalaciones. Ante ello, la autoridad ha sido muy cauta y hasta temerosa para restablecer el orden.

Resulta fácil decir que el presidente no quiere que se le recuerde su participación en los acontecimientos de San Salvador Atenco ni que se le catalogue como un mandatario represor. Cualquier acción para mantener a raya las protestas generaría un debate del que difícilmente saldría bien librado el titular del Ejecutivo. Sin embargo, el exceso de tolerancia genera otra percepción: la incapacidad de la autoridad para conservar el orden.

Ante esa problemática el presidente está solo y si bien podría compartir la responsabilidad con los gobernadores de Guerrero, Michoacán y el jefe de gobierno del Distrito Federal, se esperaría una posición firme de la autoridad nacional. Para ello se requiere de una estrategia y de argumentos de negociación. En este caso, de nada sirven los apoyos de los partidos políticos que continúan en el Pacto por México.

En medio de estos dilemas, los municipios de 14 entidades del país entraron de lleno en el proceso electoral. Desde mayo pasado, los ojos están puestos en evitar que los programas sociales se usen con fines electorales. Cuidar ese aspecto es crucial para que las elecciones salgan bien, de lo contrario, las autoridades de todos los niveles estarán en la mira, como pasó en Veracruz.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: