Ayuntamientos, en deuda con la transparencia.

Hace 30 años comenzó la alternancia política en el ámbito municipal. Todos los partidos han gobernado ayuntamientos y las tres principales fuerzas políticas lo han hecho en municipios con más de 1 millón de habitantes. Que haya pluralismo en los gobiernos subnacionales es una buena noticia, siempre y cuando se obtengan buenos resultados.

La alternancia por sí sola no es un fin, sino un medio para estimular una mejor gobernanza. Por ello, los ayuntamientos del país tienen dos grandes desafíos: uno consiste en aumentar sustancialmente la eficacia de las administraciones y el otro tiene que ver con mejorar la rendición de cuentas.

Los pendientes son muchos. El Índice de Planeación Estratégica y Evaluación Municipal elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) —para evaluar los indicadores de gestión y de resultados, así como los programas estratégicos municipales— refiere que la calificación promedio de los ayuntamientos es de 49.4 en una escala de 100, mientras que en el Índice de Reglamentación Municipal Básica —que verifica los 17 reglamentos que todos los municipios deben tener— el promedio es de 39. Llama la atención que en varios casos ni siquiera existen bandos de policía o reglamentos internos, los cuales son esenciales para desempeñar las tareas básicas de seguridad.

Además, la capacidad recaudatoria es muy débil. Mientras en México el total de la recaudación municipal equivale a 0.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el promedio es de 4 por ciento, es decir, 20 veces mayor. En promedio los ayuntamientos mexicanos recaudan 10 por ciento de sus ingresos totales; el resto proviene de transferencias federales y estatales.

RECURSOS LIMITADOS.

En materia de seguridad pública, el panorama también es gris. Entre 2005 y 2010, los homicidios aumentaron casi 40 por ciento y otros delitos del fuero común crecieron a tasas alarmantes, principalmente en localidades con presencia del crimen organizado. Ciertamente dicho incremento no es responsabilidad de los ayuntamientos, pero éstos carecen de los recursos para hacerle frente.

Por ejemplo, muchas corporaciones policiacas no gozan de salarios competitivos y, en ocasiones, tampoco cuentan con personal para cuidar de los ciudadanos. Cerca de 40 por ciento de las alcaldías cuenta con menos de dos efectivos por cada mil habitantes, en comparación con el promedio internacional, que según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) es de aproximadamente tres por cada mil habitantes.

En rendición de cuentas también hay rezagos. Las evaluaciones elaboradas en 2012 por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) revelan que menos de 10 por ciento de los ayuntamientos cuentan con un reglamento de transparencia y acceso a la información. En Baja California Sur, Guerrero, Sonora y Zacatecas, por ejemplo, ningún municipio ha publicado uno. El ranking de 2013 que realizó dicho organismo otorgó evaluaciones aprobatorias en materia de acceso a la información sobre gastos, obras y administración pública únicamente a 8 de las 71 localidades evaluadas.

Pero la opacidad de los presupuestos es aún mayor. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los gobiernos subnacionales cumplen, en promedio, con 16 por ciento de las variables que miden la disponibilidad y la calidad de dicha información. Con excepción de Nayarit, en el resto de las entidades el promedio de la evaluación de la información presupuestal de los municipios es muy inferior a la de los gobiernos estatales.

¿QUÉ HACER?
Más pluralismo en el ámbito municipal no ha estimulado más eficacia ni la suficiente transparencia. La no reelección y los periodos de gobierno de tres o cuatro años limitan cualquier ejercicio de mejora regulatoria y de reingeniería presupuestal que permitan aumentar la recaudación. Asimismo, la rotación de las cabezas cada tres o cuatro años es una barrera para la profesionalización de los funcionarios públicos.

No obstante, los ayuntamientos pueden ser más eficaces con prácticas que fomenten una planeación de mediano y largo plazo. Por ejemplo, en algunas alcaldías, ciertas facultades sobre presupuesto y ejecución de obras públicas son delegadas a comisiones o a consejos consultivos.

La eficacia gubernamental depende de una mejor recaudación del predial; una buena coordinación entre municipios conurbados en temas como desarrollo urbano, normatividad y transporte; un ejercicio del gasto público inteligente, así como de la introducción de un servicio profesional de carrera.

Estadistica Ventanas de Oprtunidad Noviembre 2013

 

Como resultado de la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los gobiernos subnacionales tendrán la obligación de registrar y publicar vía Internet sus operaciones presupuestarias y contables, así como los bienes muebles e inmuebles que componen su patrimonio, y la generación periódica de la información sobre la situación financiera de las entidades.

Asimismo, las reformas en materia de responsabilidad hacendaria prevén mecanismos para fomentar la fiscalización de las finanzas públicas de tal manera que se establezcan límites a la capacidad de endeudamiento de las alcaldías. Que los municipios que quieran hacerlo tengan que presentar un proyecto más claro en cuanto al destino de la deuda, impone la responsabilidad de mejor planeación y gasto y los somete a un mayor escrutinio público.

La rendición de cuentas es una calle de doble sentido, pues las mejores prácticas en materia de transparencia y acceso a la información serán estériles sin una activa participación ciudadana.

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