A principios del mes pasado leí una noticia que me pasmó: el 2 de agosto fue el día en que la humanidad consumió la totalidad de recursos renovables que el planeta podía generar este 2017. Según la Global Footprint Network, desde aquel día estamos usando más recursos naturales de los que la naturaleza puede regenerar, es decir, a partir de entonces todos estamos viviendo “a crédito”. Si a esto le sumamos la contaminación pluvial y ambiental, la destrucción de la capa de ozono, la generación de basura no biodegradable y el incremento de la temperatura global, los humanos enfrentamos uno de los retos más complejos: asegurar nuestra propia supervivencia, por no hablar de la de otros seres vivos. Cabe preguntarnos ¿qué acciones estamos tomando en México para combatir los problemas ambientales?
Nuestro país está comprometido internacionalmente con la protección y preservación del medioambiente; somos firmantes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21). Los primeros pasos para cumplir estos objetivos debemos tomarlos en nuestro día a día, por lo tanto, debemos actuar desde lo local en nuestros estados y municipios no sólo porque es ahí donde primero se sienten los principales problemas públicos, sino porque la suma de estos esfuerzos son la base para erradicarlos a nivel global. Además, es importante que para atender esta problemática todos, autoridades, sociedad civil organizada, empresarios y población en general, seamos parte de la solución.
De éstos, la sociedad civil es quien ha demostrado que crear soluciones desde lo local no es algo ajeno a nuestros estados y municipios. Actualmente podemos encontrar casos en los que la ciudadanía ha hecho valer su derecho de acceso a la información, ya sea para exigir o para colaborar con el objetivo de conservar un ambiente sano. Un ejemplo es lo que realizó la organización BCSicletos en Baja California Sur. Este colectivo de ciclismo urbano solicitó al ayuntamiento de La Paz la restauración de la ciclovía Forjadores. Si bien la autoridad asignó presupuesto a esta tarea, la reparación no ocurría. BCSicletos, con ayuda de la organización Fundar, realizó solicitudes de información sobre los recursos asignados a la restauración de la ciclovía. Con la información en la mano, pudieron exigir que el presupuesto previsto para esta obra se ejerciera correctamente y ¡hoy la ciclovía es una realidad!
Otro ejemplo donde la ciudadanía no sólo hizo valer su derecho del acceso a la información, sino que fue parte importante en la identificación de una solución ocurrió en las Islas del Cielo, Sonora. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tenía planeado construir un libramiento en la carretera federal número 2, cerca de donde se encuentra el río Cocóspera. Este río forma parte de una reserva natural importante para el ecosistema sonorense pues se encarga de llevar agua al desierto y, así, permite la subsistencia de fauna y flora del lugar. Por estas razones, el capítulo sonorense de la organización civil Wildlands Work realizó una solicitud de información para conocer los planes de la SCT. Detectó que el proyecto afectaría el río, por lo que buscó persuadir a las autoridades para construir el libramiento en otra parte. Gracias a que esta organización ejerció su derecho de acceso a la información, la SCT desvió el trazo de la carretera y se protegió a un sinnúmero de especies.
Iniciativas locales como éstas no sólo son una muestra de que la ciudadanía está alerta y ejerce su derecho a la información, sino que también está dispuesta a formar parte de la solución a los problemas ambientales. Ejerzamos nuestro derecho de acceso a la información, es necesario que existan más proyectos como los dos que arriba describí.
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