El huachicoleo y su impacto económico regional

Las tomas clandestinas han afectado las arcas de varias entidades, donde además, el delito ha ido en aumento

FOTO: ISAAC ESQUIVEL / CUARTOSCURO

El fenómeno de la ordeña ilícita de gasolina, actividad conocida como huachicoleo, genera una economía alterna de carácter ilegal que impacta a los sectores productivos regionales del país, con una pérdida nacional que puede superar los 110 mil millones de pesos (mdp) al año.

En este sentido, especialistas consultados por Alcaldes de México, advierten que dicha actividad ilícita no es cosa menor, sobre todo si se dimensiona que su impacto económico supera el presupuesto de 97 mil mdp con el que contarán para este 2019, y los ramos autónomos, es decir, instituciones como las cámaras de Diputados y Senadores, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras.

“Lo que genera esa actividad es una economía alterna de crimen organizado en estas localidades. Al ser un crimen, el huachicoleo se favorece por la aparición de grupos que inhiben el desarrollo empresarial, el desarrollo del sistema educativo y de salud”, advierte José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento Económico (IDIC).

RADIOGRAFÍA

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex), 80 por ciento de las 32 mil 604 tomas clandestinas identificadas desde 2016, a lo largo del país, fueron ubicadas en siete de las 32 entidades federativas: Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas. y Puebla. Tan sólo en este último, se localizaron cinco mil 060, es decir, poco más de 15 por ciento. En contraparte, Tlaxcala y Sinaloa son las regiones con menos tomas encontradas.

Por lo anterior, es fácil identificar que es en la zona centro del país donde se concentra dicha actividad delictiva y donde no necesariamente (a excepción de Tamaulipas), se reportan alta presencia de otros flagelos, como el narcotráfico.

Asimismo, los siete estados con más tomas clandestinas, no son entidades donde se reporten los mayores niveles de pobreza en el país, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Por el contrario, son entidades donde industrias estratégicas, como la automotriz, la aeroespacial y la electrónica han reportado gran dinamismo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las siete entidades mencionadas generan casi 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB): Estado de México (8.9 por ciento); Jalisco (7.1); Veracruz (4.7) Guanajuato (4.2); Puebla (3.4); Hidalgo (1.6); y Tamaulipas (3.0).

LAS SECUELAS DEL FLAGELO

Tomando en cuenta el perfil socioeconómico de los siete estados mencionados, es claro que el huachicoleo encuentra en la corrupción la principal causa de su crecimiento.

Es decir, no se trata de una opción para superar una condición de pobreza extrema, sino de una salida fácil para generar riqueza bajo el respaldo de autoridades locales, lo cual, sostiene Leticia Armenta, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey, generan presiones en los distintos mercados locales, como el laboral.

“Ante la falta de aplicación de la ley, van a preferir correr el riesgo en un ilícito antes de sujetarse a un mercado regulado”. De esta manera, agrega la especialista, todas aquellas personas que cometen este delito logran un incremento desmedido en sus ingresos, sin que ello esté respaldado por un trabajo o generación de valor agregado.

“Hay personas que tienen un ingreso adicional por arriba de los salarios del mercado pero que no producen. No generan bienes, entonces es una demanda sobre una oferta que no ha cambiado y por eso los mercados comienzan a sufrir de precios elevados porque hay una distorsión”, expone.

La economista agrega que lo anterior provoca un efecto dominó, entre cuyas secuelas destaca la descomposición del tejido social, identificando su mayor impacto, por ejemplo, en el desinterés de los jóvenes y niños en pretender estudiar una carrera profesional, sobre todo si aprecian que familiares, conocidos o amigos dedicados a la ordena de ductos logran importantes sumas de ingresos sin preparase académicamente.

Por ello, advierte que resulta cuestionable la estrategia del Gobierno Federal de entregar hasta ocho mil pesos mensuales a familiares de 91 municipios por donde atraviesan los ductos de Pemex, con el objetivo de que los pobladores no se vean obligados u orillados a dedicarse al huachicoleo.

COSTO DE OPORTUNIDAD

El Gobierno Federal estima que el huachicoleo provoca pérdidas a la economía por más de 64 mil mdp al año, además de las oportunidades que se pierden, tanto en materia de inversión como en recaudación de impuesto y ventas que deja de realizar el sector productivo.

“El impacto ronda en 64 mil mdp a Pemex, pero deberíamos sumar otros 50 mil mdp más por la falta de actividad económica formal e institucionalidad que se deja de reportar en esas localidades”, explica José Luis de la Cruz.

En este sentido, el también asesor de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), explica que entre las afectaciones económicas que reportan los estados con alta incidencia de dicha actividad, se encuentran los impuestos locales que se dejan de recaudar (como el caso del impuesto sobre nómina), así como inversiones que se frenan ante el endeble Estado de Derecho, empleos que se dejan de crear, generación de riqueza y desarrollo de infraestructura pública, como la construcción de centro de salud y escuelas.

LA ALTERNATIVA

Tanto Leticia Armenta como José Luis de la Cruz coinciden en que la solución que deben emprender las autoridades locales para enfrentar el fenómeno del huachicoleo es implementar una estrategia integral que incluya promover sinergias con el sector privado, para impulsar la generación de empleo bien remunerado y, sobre todo, hacer valer el Estado de Derecho: aplicar todo el peso de la ley a todas aquellas que incurrieron en el robro de combustible, pues la impunidad representa un aliciente suficiente para incurrir en esa práctica.

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