50/50, el reto de la paridad

En el proceso electoral de 2015 se pondrán en juego 11 mil 729 cargos: 300 diputaciones federales por mayoría y 200 plurinominales; en 17 estados, 9 gubernaturas, 388 diputaciones locales de mayoría y 251 de representación proporcional, 1009 presidencias municipales, 1063 sindicaturas, 5110 regidurías de mayoría y 3 mil 399 de representación proporcional.

Si se toma en cuenta que hay 10 partidos políticos con registro a nivel nacional, y varios partidos locales que postularán a estas candidaturas, el número de aspirantes superará los 100 mil. Esta cifra también depende de las alianzas o coaliciones que se generen, así como de las candidaturas por la vía de mayoría y al mismo tiempo por representación proporcional.

Aun así el número de posibilidades para postularse a una candidatura es importante, sin considerar que quienes logren saltar las trabas impuestas por la partidocracia en la legislación, podrán postularse por la vía de las candidaturas independientes.

En este escenario es importante tener presente que a partir de la reforma político electoral que introdujo el principio de Paridad a nivel Constitucional y en la promulgación de las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, y la de los partidos políticos, éstos tienen la obligación de postular a mujeres en 50 por  ciento de sus candidaturas a diputaciones federales y locales, y a raíz de las reformas realizadas en los congresos locales en los 17 estados donde habrá comicios el próximo año —excepto Jalisco, Sonora y Yucatán, que no hicieron expresa dicha obligación— los partidos y coaliciones también tendrán que postular a mujeres en la mitad de sus candidaturas a los ayuntamientos.

Si además se observa que en dicha reforma político-electoral  se atendieron los criterios que introdujo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la sentencia 12624 que dejaba sin efecto cualquier excepción al cumplimiento de la cuota de género en las candidaturas, y disponía que la integración de fórmulas estuvieran compuestas por propietarios y suplentes de un mismo género —para evitar hechos de simulación a la ley como el de “Las Juanitas”— tendremos que en 2015, los partidos o coaliciones deberán, sin excepción, postular a 50 por ciento de candidatas mujeres y 50 por ciento de candidatos hombres, en fórmulas integradas mujer/mujer, hombre/hombre.

Sin embargo, el reto de la paridad no reside, aunque así lo piensen muchos, en el número de candidatas que se habrán de inscribir, sino más bien en los criterios que los partidos establezcan para la selección de todas sus candidaturas, pues en el artículo tercero, fracción 4 de la Ley General de Partidos Políticos, se establece que cada partido determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad en las candidaturas, asegurando condiciones de igualdad de género.

Así pues, el reto de la paridad está en superar las resistencias “invisibles” que se dan para la participación igualitaria de mujeres y hombres en la política. Entrecomillo invisibles, porque el discurso “políticamente correcto” y público con respecto a la paridad señala la importancia que tiene la incorporación de las mujeres en los cargos de representación popular para la vida democrática del país, sin embargo en el día a día de la política, en los pasillos y entretelones del poder, las resistencias de quienes se sienten desplazados se dejan sentir de una y mil formas, muchas veces, incluso, de manera violenta.

Las mujeres hacemos política en condiciones de desventaja, en medio de una cultura política machista, que ve los espacios de poder propios de los hombres y los manejan de manera patrimonialista, con la intención de colocar ahí al hombre o la mujer que responda a sus intereses. Por ello, introducir la paridad como un principio constitucional en la integración de las candidaturas terminará por incidir en un cambio decisivo en la forma de hacer política, en cómo se toman las decisiones, y en una mayor representatividad. También por eso es necesario hacer frente al reto de la paridad desmontando, desde un principio, los obstáculos y resistencias que se entretejen para no ceder los espacios y controlar el proceso de selección de las candidaturas.

Algunos de los principales argumentos que se esgrimen para justificar las resistencias frente a la obligatoriedad de integrar las candidaturas de manera igualitaria entre mujeres y hombres residen en cuestionar de dónde se sacarán tantas mujeres que sean candidatas.

Efectivamente, si se voltea a ver la conformación de las dirigencias y estructuras partidistas en todos los niveles, no se hallan muchas mujeres. Así como casi se pueden contar con los dedos de las manos el número de mujeres en las dirigencias nacionales de los partidos, al interior del país la realidad no es muy diferente.

Lo mismo pasa si se revisa cuántas mujeres han ocupado cargos de elección popular, y se suman las de  todos los partidos; ni así se alcanza a completar el número de candidaturas de género que se deberán cubrir en 2015.

Sin embargo, si se revisa el número de afiliados a los partidos, seguramente podrá confirmarse que al menos el 50 por ciento son mujeres, o si se hace un recuento de las estructuras en tiempos de campaña podrá recordarse que ahí siempre hay mujeres que apoyan e incluso organizan campañas. Es más, si se dan una vuelta por varias colonias y comunidades, encontrarán que en muchos casos las principales gestoras de los servicios y programas que se necesitan son mujeres.

El foco del asunto está es que las mujeres no están, ni han estado en la toma de decisiones partidarias; no se les han atribuido habilidades de liderazgo, aunque sí se les ha usado para movilizar y promover el voto, así como para conquistar voluntades a favor de los candidatos seleccionados por quienes sí están en la toma de decisiones. El reto está, por una parte, en darles a esas mujeres la capacidad de decidir y dirigir; y por otra parte, en generar las condiciones que atiendan las desigualdades de género, de tal manera que ellas puedan acceder de forma igualitaria a la toma de decisiones.

Otro de los argumentos de cara a la obligatoriedad de integrar de manera paritaria las candidaturas es la apelación a la discriminación y violación de los derechos políticos de los hombres que han aspirado y “trabajado” por conseguir esa postulación y que ahora se verán desplazados por las mujeres.

Frente a este argumento es preciso advertir que justamente eso es lo que ha ocurrido con los derechos de las mujeres durante al menos 60 años, desde el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, quienes han sido discriminadas en las postulaciones a cargos de elección popular. Efectivamente, las cuotas de género y ahora la paridad introducen una discriminación positiva para revertir la desigualdad histórica en los derechos políticos entre mujeres y hombres.

Sin embargo, aquí se nota la importancia de los criterios que cada partido deberá establecer para garantizar la paridad, ya que ahí se pueden tomar medidas para que, por ejemplo, se establezca la alternancia en las candidaturas por cada proceso electoral, y postular primero a mujeres, y en el siguiente proceso electoral a hombres, con lo que no se elimina la posibilidad de ejercer el derecho de ser candidato o candidata, sino que sólo se ordena de manera alternada, y se da cumplimiento al principio de paridad en la integración de las candidaturas.

Hay muchas posibilidades para definir estos criterios, lo importante es que cada partido —y las mujeres mismas— asuma seriamente el reto de la paridad, con la plena conciencia de que la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones abonará a una mejor representación, a modificar la forma de hacer política y a atender los problemas que enfrenta el país, incorporando la visión de más de la mitad de la población, que históricamente se ha visto relegada.

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  1. Teresa Hevia 1 septiembre, 2014

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