La crisis del agua en el área metropolitana de Guadalajara nos obliga a reflexionar sobre nuestras inversiones pasadas. Bien dice Carlos Gadsden, que cuando el agua llega turbia, con mal olor o deja de llegar durante varios días no estamos hablando de política pública, sino de calidad de la política pública. También, es necesario preguntarnos qué decisiones se tomaron durante los años anteriores para conservar, renovar y ampliar la infraestructura que hace posible el servicio.

Como siempre, la realidad es multicausal y multifactorial. Por una parte, no podemos negar el hecho de que las fuentes de agua vienen contaminadas y que las descargas de la industria, las viviendas y algunas localidades llegan a las conducciones. Por otra parte, las plantas potabilizadoras han sido insuficientes en capacidad para limpiar el agua, las condiciones de las redes no se encuentran en el mejor de los estados y la coordinación entre instituciones intergubernamentales se ha rebajado a dimes y diretes y “echarse la bolita unos a otros”. No obstante, estamos ante la oportunidad para abrir una discusión más general: ¿cuánto espacio están dejando los gobiernos subnacionales y locales para invertir en infraestructura y mantener los servicios que la población necesita?

Foto: Archivo.

¿Cómo se distribuyen los recursos?

Utilizando los datos abiertos de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre “gasto federalizado”, en una primera revisión de los reportes de ejercicio del gasto de 2025 podemos observar la composición de los recursos federales transferidos registrados por los gobiernos subnacionales y locales. La fuente de estos registros son los reportes en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentaje de gasto corriente y gasto de inversión ejercida por el gobierno de cada entidad federativa en 2025.

Fuente: Informe definitivo 2025 de Avance Financiero de Transparencia Presupuestaria (SCHP, 2025).

De acuerdo con los datos disponibles, las fuentes de financiamiento provienen de gobierno federal y los montos que las entidades federativas reportan son los siguientes:

• 4, Gobernación: $612,746,714.23
• 8, Agricultura y Desarrollo Rural: $1,726,271,527.70
• 9, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: $466,042,514.99
• 11, Educación Pública: $147,203,587,043.81
• 12, Salud: $3,109,638,069.94
• 14, Trabajo y Previsión Social: $92,855,651.59
• 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: $332,553,953.76
• 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales: $4,289,588,196.12
• 23, Provisiones Salariales y Económicas: $12,592,376,102.26
• 27, Anticorrupción y Buen Gobierno: $230,000.00
• 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: $1,119,981,025,849.03
• 36, Seguridad y Protección Ciudadana: $927,783,575.46
• 38, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación: $1,914,506.71
o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: $39,108.24
o Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación: $1,846,023.84
• 47, Entidades no Sectorizadas: $48,083,833,959.76
• 48, Cultura: $180,386,393.77
• 54, Mujeres: $718,270,999.17

Nótese que no se incluye ni Ramo 28, Participaciones, ni recursos propios generados a través de los mecanismos de recaudación local. El SRFT solo incluye estos ramos para el ejercicio fiscal 2025. En la gráfica 1 podemos observar que una gran proporción de los recursos ejercidos por las entidades federativas se ha orientado hacia gasto corriente. Ahora bien, no hay por qué satanizar al gasto corriente, ya que con ello se paga la nómina de médicos, docentes, inspectores, auditores, personal de mantenimiento, así como los insumos, materiales y suministros para su trabajo. No obstante, el gasto de inversión incluye todo aquello que aumenta el patrimonio en términos de infraestructura, obra pública, alumbrado, red de tuberías y drenajes, entre otros. Por ese motivo conviene preguntarnos si estamos observando un panorama deseable en el ejercicio del gasto subnacional.

Por supuesto que las entidades federativas pueden afirmar que estos datos no corresponden a la Cuenta Pública, y estarían en todo su derecho de reclamar esto. No obstante, los datos aquí presentados son reportados por los mismos ejecutores de gasto a través del mecanismo cuyo fundamento legal es el artículo 85 fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, nos atenemos a sus propias cifras reportadas que posteriormente integrarán los Informes Trimestrales al Congreso de la Unión.

El costo de postergar la inversión pública

El gasto corriente es necesario, eso no lo discutimos. Sin personal, insumos, energía eléctrica, análisis de laboratorio y mantenimiento, una planta potabilizadora no podría operar. Por eso, reducir la discusión a una oposición entre nómina y obra pública no es del todo correcto. El tema aquí es que debemos encontrar un equilibrio entre construir infraestructura, conservar la que ya tenemos y financiar la operación cotidiana. A partir de la crisis del agua en Guadalajara convendría que nos preguntemos ¿estamos orientando correctamente los recursos públicos?

Sin duda que el agua limpia no va a llegar a los hogares solo porque exista una tubería. Se requiere de una serie de acciones municipales para controlar las descargas de la industria, de las viviendas y de los desarrollo urbanos a los ríos, de su conducción, su potabilización y distribución. Se requiere muchísima vigilancia tanto municipal, estatal y federal. Se requiere de trabajar directamente con los operadores de agua locales, con los comités de agua en ejidos y comunidades, entre otros muchos actores. Sin duda que la coordinación intergubernamental ha dejado mucho que desear. Pero estamos a tiempo de que la crisis del agua en Guadalajara no se repita en otras entidades federativas o en otros sectores de la política pública.

Desde un enfoque de federalismo fiscal convendría preguntarnos cómo a través del gasto de inversión podemos construir un mejor país para todas y todos los que aquí habitamos.