Este es un cambio de paradigma que rompe esquemas mentales y de actuación arraigados pero debemos darle empuje y confianza por el bien de todas y cada una de las personas que coexisten en nuestro México.
El resultado electoral de 2018 en México sin duda dio sorpresas, pues con una amplia ventaja que le favorece, con más del 50% de los votos, Andrés Manuel López Obrador se consolida como el virtual jefe de estado con mayor votación en la historia de nuestro país, además de llevarse casi carro completo en las gubernaturas estatales y varios municipios de México, así como en el Congreso de la Unión.
Por ahora el ambiente es de expectativa y festejo, pero lo real es que a la voz de ya, tendrá AMLO y su equipo que comenzar a consolidar y sacar adelante varios temas pendientes que son necesarios y urgentes para México.
Entre ellos podemos identificar tres de enorme relevancia: uno es el replanteamiento de la estrategia nacional en materia de seguridad, otro es la reconciliación y reparación del daño de las víctimas de la violencia en México y el tercero es el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para replantear la estrategia nacional de seguridad, se debe comenzar por distinguir los tipos de seguridad: Seguridad Humana, Seguridad Pública y Seguridad Nacional, para de esta forma enmarcar líneas de acción y estrategias que atiendan a cada una de ellas de manera diferenciada, pero que estén entrelazadas y sean integrales. Se debe plantear una política de Estado que contemple el corto, mediano y largo plazo, pues para combatir la inseguridad actual del país se debe contemplar la importancia de la reducción de las desigualdades, impunidad y corrupción. De igual forma se le debe apostar en gran medida a la prevención, mediante proyectos y programas que involucren al sector público y el privado, considerando una amplia participación de la sociedad civil; y se debe replantear la reacción de las fuerzas de seguridad conforme a estándares internacionales, que permitan una actuación conforme a derecho que inhiba la comisión de delitos pero que dé certeza, seguridad y confianza a la ciudadanía.
En cuanto a la reconciliación y reparación del daño de las víctimas de la violencia, se debe emprender de forma urgente un proceso de reconciliación nacional, en donde participen de forma masiva, incluyente y sustantiva los tres niveles de gobierno, los tres poderes, todas las fuerzas políticas y los sectores de sociedad civil y empresarial. Este proceso deberá comenzar a poner al centro el bien superior de México, para que mediante el diálogo entre personas sumamente distintas se emprendan acciones comunes que permitan el desarrollo y la paz en México, aunque esto implique ceder algunos privilegios en aras de la empatía; de igual forma para resilir como país, se debe dar acceso a la justicia a las víctimas, hacer reparaciones del daño y tomar como imperativo el derecho a la verdad.
Ahora bien, es necesario hacer un enorme énfasis en la importancia de no dar ni un paso atrás en la reforma constitucional al artículo primero constitucional, pues siempre existe la “tentación” y riesgo de querer dar marcha atrás al bloque de constitucionalidad que introduce dicho artículo y a la interpretación conforme. El artículo primero ha sido una conquista histórica de muchos(as) defensores de Derechos Humanos y ha costado vidas y luchas muy dolorosas; la reforma en materia de Derechos Humanos de 2011 fue la más relevante desde 1917 y hasta la fecha aún hay un enorme camino por recorrer para que todas las autoridades realmente se apropien del garantismo y entiendan la importancia del principio pro persona, por convicción y por actuar en el marco de la legalidad, este es un cambio de paradigma que rompe esquemas mentales y de actuación arraigados pero debemos darle empuje y confianza por el bien de todas y cada una de las personas que coexisten en nuestro México.
Hay muchos pendientes en materia de seguridad y Derechos Humanos, sin duda, pero podemos comenzar con estos, que eran para ayer. Confiemos y actuemos por una visión de Estado que reconcilie la seguridad en sus distintos tipos con los principios de Derechos Humanos, y que sea una visión especializada e incluyente, que beneficie a todos los sectores involucrados en aras de preservar los intereses superiores de México.
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