Anticorrupción municipal ¿una tarea de titanes?

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specialista en Sistema de Responsabilidad de los Servidores Públicos por la U.N.A.M. Vicepresidente del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Estado, A.C. Miembro observador de La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (Gobal Organization of Parlamentarians Against Corruption) Se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República.

Con la visión puesta en el establecimiento de una moderna administración municipal, es indispensable que esta se encuentre fundada en la transparencia, los datos abiertos, la simplificación administrativa, un gobierno digital, la rendición de cuentas [y] la promoción de una intensa participación ciudadana

Bajo el mandato primordial de combatir la corrupción, en el segundo semestre del 2018 y el primero del 2019, se renovarán más de dos terceras partes de todos los titulares de los poderes municipales, a lo largo de todo el país.

Las cifras no mienten, la pasada contienda electoral municipal ha sido la mayor  de la historia de México, en la que fueron elegidas nuevas autoridades para ese orden de gobierno en 1597 municipios, 184 juntas y/o consejos municipales, así como 16 alcaldías, en un total de 25 entidades federativas[1].

Estos datos nos indican que se aproxima una oportunidad que no podemos dejar pasar, para generar un cambio verdadero en un tema hasta ahora postergado injustificadamente, como lo es el de la anticorrupción municipal.

Ante esta coyuntura, surgen inmediatamente preguntas como las siguientes:

¿Cómo habrá de instrumentarse el combate a la corrupción en los municipios? ¿Bajo qué parámetros pueden realmente materializarse administraciones municipales íntegras? ¿Cómo deben calcularse los recursos de todo tipo que se invertirán en esta lucha? ¿Cuáles son los problemas legales que se enfrentarán? Qué leyes es necesario modificar? ¿En qué tiempo se lograrán materializar las promesas de campaña? ¿Cómo..? ¿Cómo..? ¿Cómo..? ¡¡¡¡Cómo!!!!!

En efecto, otros datos duros nos muestran que la anticorrupción municipal se encuentra olvidada y prácticamente enterrada e inoperante por las debilidades institucionales que enfrentan los municipios para hacerla realidad, ya sea por desconocimiento, incapacidad, insuficiencia o complejidad regulatoria, escasos o nulos recursos asignados a esa tarea, o de plano, por la insana conveniencia de mantener un “statu quo” que favorece la indiscriminada distracción de recursos públicos, así como la obtención de prebendas ilegales de los particulares.

Veamos: de acuerdo con los RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y DELEGACIONALES 2017[2] obtenidos por el INEGI, únicamente 6.8% de los Municipios cuentan con un Plan Anticorrupción y solamente el 27.8% del personal de las Administraciones Públicas Municipales y Delegacionales acreditó tener alguna capacitación en esa materia.

En este contexto, ¿por dónde hay que arrancar los trabajos para solucionar este tema?

Sin duda el plan deberá pasar por informarse y cumplir con las directrices de las legislaciones nacional y locales que se han puesto en vigor a partir del surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, respetando sus lineamientos, además de los  que en su momento surjan de la política pública nacional en la materia, y de los  puntos específicamente instruidos por los comités coordinadores de los sistemas locales.

Pero como el tiempo no se detiene e independientemente de cómo se vaya afinando la construcción de los sistemas municipales anticorrupción y sus rutas de acción, las nuevas administraciones municipales deberán iniciar en el corto plazo sus períodos de ejercicio, por lo que obligatoriamente deberán formular su plan de gobierno municipal y los programas a través de los cuales le darán viabilidad. Aquí es donde las nuevas autoridades deberán insertar sus planes anticorrupción y al menos enunciar las grandes lineas para lograr su cumplimiento.

A continuación expondré brevemente a la consideración del lector, algunas alternativas para la instrumentación de un Plan Municipal Anticorrupción.

Me parece que este plan debe arrancar en un tripode sustentado en los siguientes ejes:

1.- Anticorrupción abierta a la participación ciudadana.

2.- Anticorrupción basada en el fortalecimiento institucional y

3.- Anticorrupción focalizada en lineas específicas de combate a redes de corrupción.

Pues bien, con la visión puesta en el establecimiento de una moderna administración municipal, es indispensable que esta se encuentre fundada en la transparencia, los datos abiertos, la simplificación administrativa, un gobierno digital, la rendición de cuentas, la promoción de una intensa participación ciudadana, contar con planes de acción de gobierno abierto, impulsar la protección a denunciantes y promover activamente la salvaguarda de los derechos humanos.

Los principios que animan la operación de las figuras administrativas arriba señaladas, de cumplirse y realmente llevarse a cabo, aseguran la buena gobernanza y construcción de  una administración municipal cercana a la sociedad con los mecanismos de prevención suficientes para alejarla de la corrupción, de manera que si se permite que impregnen el funcionamiento de todo el aparato de gobierno se logrará la confirmación de su legitimación más allá de las urnas,  lo que sin duda resultará muy valioso para aglutinar un capital político suficiente para aspirar a una posible reelección.

Pero como no basta la adopción de las instituciones mencionadas sino lograr una operación eficiente de las mismas, en paralelo resulta obligatorio fortalecer el funcionamiento del aparato institucional de gobierno, desplegando acciones de capacitación técnica y ética, especialmente en áreas administrativas de alto ejercicio presupuestal  y/o intensa actividad de contacto con la ciudadanía; implementar mecanismos de colaboración interinstitucional que eliminen debilidades sistémicas; procurar una coherencia administrativa que facilite la detección de acciones irregulares, pero también poniendo en funcionamiento mecanismos eficaces en auditoría, control interno e investigación de infracciones y delitos, que en el caso de que se produzca alguna desviación, en automático se articulen procedimientos eficientes para la imposición de sanciones.

En el plan resulta clave la desarticulación de las redes de corrupción, así que dependiendo de las características de la municipalidad, será necesario producir diagnósticos diferenciados para impulsar combates específicos de tipos de corrupción concretos, que sean idóneos para identificar a los actores, las rutas para el enriquecimiento ilegal y el destino de los activos, a fin de lograr su decomiso y recuperación, para que mediante investigaciones especializadas se recaben evidencias auficientes para sancionar con eficacia la corrupción y lograr poner alto a la impunidad.

Todo esto, enunciado muy apretadamente, tiene el propósito de promover la reflexión entre ciudadanos, especialistas y futuras autoridades municipales, para que en la ruta de la toma de posesión de estos últimos, para los cargos para los que fueron electos, nadie pierda de vista y sí tenga plenamente identificado el medio administrativo a través del cual se deben empezar por formalizar los planes anticorrupción delineados en las pasadas campañas electorales.

Por lo reciente de los acontecimientos es muy fácil recordar que en cada plaza pública en que los candidatos hoy electos se presentaron, se promovieron a sí mismos como una solución a la corrupción y ofrecieron deshacerse de este mal junto con todas las autoridades corruptas, para encabezar administraciones municipales íntegras.

Desde luego que es muy fácil  prometer y aunque conocemos el refrán que reza, que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, es el momento en que los ciudadanos exijamos con absoluta decisión, que así como las autoridades electas se beneficiaron con nuestros votos, en breves meses les llegará el tiempo de empezar a cumplir y entonces deberán hacerlo impecablemente y sin ningún pretexto.

Lic. José Marco Romero Silva

Especialista en Sistema de Responsabilidad de los Servidores Públicos por la U.N.A.M.

Vicepresidente Ejecutivo del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Estado A.C.

Diplomado en Administración Pública y Prácticas Parlamentarias por el I.N.A.P.

Se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República.

[1]https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/02/Mapa-electoral-2018.pdf

[2] https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjCk7-Fxv3ZAhULyoMKHfIfDsEQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.beta.inegi.org.mx%2Fcontenidos%2Fsaladeprensa%2Fboletines%2F2018%2FEstSegPub%2Fcngmd2018_02.pdf&usg=AOvVaw18q5jlr35GmXRnnDijmaEa

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