Apuesta la ARU por la regeneración de la Política Nacional de Vivienda

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La ARU es un Think & Act Tank de la sociedad civil y la iniciativa privada para regenerar colonias intraurbanas deterioradas en México mediante proyectos participativos. Contamos con un equipo multidisciplinario de trabajo con gran experiencia y reconocimiento en programas de desarrollo comunitario, temas de competitividad, urbanismo y comunicación. Somos una AC sin fines de lucro, fundada por ocho organizaciones de origen mexicano.

“El INFONAVIT, por su naturaleza tripartita, es corresponsable junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de generar y poner en marcha una auténtica Política Nacional de Vivienda”.

Ante un escenario de transición democrática en el Gobierno federal, que vislumbra una nueva estrategia para implementar las políticas de desarrollo urbano y de vivienda en el país, especialistas de la Alianza para la Regeneración Urbana plantearon los retos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) afrontará para los siguientes seis años.

Con activos por más de 1.36 billones de pesos, el INFONAVIT es uno de los 25 fondos de ahorro más grandes del mundo, por lo que garantizar que la institución cuente con una administración “a la altura de la responsabilidad que tiene” es uno de sus grandes retos, afirmó Gene Towle, experto de la Alianza para la Regeneración Urbana (ARU).

“Lo que tenemos que hacer es que el INFONAVIT pudiese impulsar una revisión de las leyes de vivienda para que podamos hacer comunidades que sean más funcionales. Porque eso lo que hace es que la garantía de los créditos que otorga se vuelve más sólida, y entonces el mandato del INFONAVIT, de cuidar el ahorro de los trabajadores se cumple”, expuso Towle.

A la fecha, el INFONAVIT ha reportado alrededor de 200 mil viviendas desocupadas o abandonadas, lo que representa menos de 2% de los poco más de 10.2 millones de créditos inmobiliarios que ha otorgado en su historia.

De acuerdo con datos del Instituto a junio pasado, la cartera vigente era de 1 billón 256 mil millones de pesos, de los que 105 mil millones corresponden a cartera vencida, es decir alrededor de 7.7% del total.

El índice de cartera vencida de vivienda en crédito que el INFONAVIT arrastra es alto si se compara con el de la banca privada que es de 2.6% en promedio y refleja que existe un problema de conocimiento y servicio hacia sus derechohabientes, de acuerdo con Towle.

Sin embargo, para Alfonso Iracheta, también consejero de la ARU, lo anterior refleja una crisis social, urbana y medioambiental que la institución de vivienda también tiene pendiente, incluso como ausencias en su marco legal de atribuciones.

-El Reto de la Vivienda-

Para Iracheta, el INFONAVIT, por su naturaleza tripartita, es corresponsable junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de generar y poner en marcha una auténtica Política Nacional de Vivienda.

El grupo de especialistas que conforman la ARU se pronunció porque el cambio de Gobierno conlleve un giro en el mecanismo de actuación y legal con el que el INFONAVIT y la Sedatu operaron durante el último sexenio.

“La nueva Sedatu, la llamo así porque la Sedatu actual no ha cumplido con su responsabilidad, debería conducir una política que garantice que el INFONAVIT genere la vivienda en condiciones sociales, urbanísticas y ambientales que correspondan a una Política Nacional de Vivienda enfocada a resolver la necesidad de hábitat, no sólo directamente de vivienda”, expuso Iracheta.

Para el especialista, quien lleva más de 30 años generando investigación y análisis sobre el fenómeno urbano en México y América Latina, el deterioro de las funciones del INFONAVIT es reflejo de la decisión del Gobierno federal de delegar la responsabilidad de construir vivienda al mercado inmobiliario, financiero y constructor, los cuales han privilegiado el negocio frente a las necesidades urbanas de las comunidades.

Cuando la institución pública encargada de fomentar y administrar que los trabajadores adquieran créditos para millones de viviendas dignas y sustentables, obvia esa responsabilidad, indicó Iracheta, “la ciudad se convierte en mercancía”; en consecuencia, los mercados asumen la decisión de en dónde ubicar la vivienda, los centros de comercio y la infraestructura urbana, ante un Estado casi ausente e ineficaz.

Al respecto, Gene Towle apuntó que, si bien el INFONAVIT no tiene facultades legales de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley del instituto para hacerlo, reconoció que tampoco existe una instancia “planeadora de las ciudades y de las comunidades con todos sus componentes” y recordó que esto fue responsabilidad olvidada desde la extinta Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, hasta la actual Sedatu.

En este escenario nacional, las funciones del INFONAVIT que tienden a limitarse a las de una banca de desarrollo, se han enfocado a modernizar su cartera crediticia y financiera, al margen de las consecuencias o impactos en las ciudades de las viviendas que financian. Para ampliar estas facultades, habría que modificar los estatutos del INFONAVIT.

El resultado hasta ahora ha sido que, si bien los desarrollos de vivienda se alinean a los límites legales federales, estatales y municipales, el “Índice de Deterioro de la Vivienda Social en México”, elaborado para el mismo INFONAVIT, mostró que 36 de 36 conjuntos de vivienda que fueron evaluados a detalle enfrentaban crisis profundas de abandono, inseguridad, falta de espacios públicos, marginación y equipamiento social.

Towle consideró que, si bien hay conjuntos de vivienda con problemas como los 36 señalados, de acuerdo con Softec, empresa especializada en consultoría e investigación inmobiliaria, en una evaluación propia aplicada a 40 mil conjuntos, si sólo 36 tienen problemas, significaría menos de 0.1% del total, por lo que sería un “problema muy pequeño”.

Por su parte, Iracheta concluyó que para que el INFONAVIT asuma su corresponsabilidad de financiar vivienda digna y sustentable, que considere la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, la institución debe cumplir un rol como ente de estado que fomente la vivienda con responsabilidad urbanística y ambiental, sin descuidar su responsabilidad como fondo de ahorro de los trabajadores de México.

Al respecto Towle aclaró que, si se desea que el INFONAVIT asuma este tipo de responsabilidades enfocadas al desarrollo y ordenamiento urbano, es necesario que se impulsen reformas a la ley que lo regula, de otra forma, el instituto estará imposibilitado en sus facultades legales para hacerlo y, en consecuencia, cumpliría, hasta el momento, con su mandato.

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