Culiacán: La protección del bien mayor

Por Marco Romero

Tal vez la única decisión sensata en ese infortunado día haya sido la de señalar que “no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”

Ante los ojos de la inmensa mayoría de su población inerme, México se debate en la peor crisis de seguridad de su historia moderna.

Los delitos de todo calibre mantienen en la incertidumbre a una sociedad mexicana que ni en la colonia donde habitan y ni siquiera en sus hogares se sienten seguros. Estos son los hechos, lo demás es demagogia; así lo atestigua la ENVIPE 2019* levantada por el INEGI.

El episodio de Culiacán vino a mostrar la realidad de la ineficiente lucha contra la inseguridad y el delito, en donde pegados a redes sociales, los mexicanos, tan estupefactos como las fuerzas policiacas y militares encargadas de la preservación de la seguridad pública, hemos presenciado la invasión de las fuerzas del mal a una ciudad de un millón de habitantes, para someter con su impúdica criminalidad y la fuerza de sus armas a la legalidad y el orden constitucional que debe sostener la paz en que debe desenvolverse todo estado de derecho.

Ante lo gravedad de lo acontecido, poca razón tienen quienes se empeñan en minimizar la desnudez en que quedaron no solo las fuerzas de seguridad del Estado de Sinaloa y del mismísimo Estado Mexicano, sino toda su estructura de seguridad pública, de procuración de justicia, de impartición de justicia y de compurgación de penas.

Que no lo duden quienes encarnan esas instituciones; hoy caminan más desnudos que el cuento del traje del emperador.

No quedaron exhibidos 30, 40 o el número de policías y militares que hayan sido encargados de ejecutar un fallido operativo para el cumplimiento de una orden de aprehensión girada en contra de un joven capo sinaloense, junto a ellos quedo íntegramente expuesto un sistema inoperante que fomenta la impunidad, formado por toda la cadena institucional que va desde la prevención del delito hasta la imposición de la pena.

En Culiacán, impactantemente vimos pavonearse a la impunidad, por una elemental razón: en México solo se castiga entre el 1 y el 3% de los delitos cometidos, según el Índice Global de Impunidad; Impunidad Cero y México Evalúa.

Si bien es importante conocer cómo y quiénes crearon las condiciones que nos llevaron hasta esta lastimosa situación, en esto no hay medias tintas, la tarea de resolverla es de quien hoy gobierna. Esta es una responsabilidad ineludible de las autoridades actuales, porque bajo ese principio elemental se desarrolla el ejercicio del servicio público.

Quien acepta la responsabilidad de un encargo público, encara las consecuencias de cumplir sus funciones con eficiencia y eficacia, dentro de la legalidad que rige su desempeño.

En medio de muy perceptibles e inexplicables contradicciones, a través de la voz del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el gabinete de seguridad salió a dar explicaciones sobre el desastroso operativo, argumentando en principio precipitación y deficiente planeación, para enseguida justificar el abandono de su objetivo bajo el razonamiento de la protección de un bien mayor.

Tal vez la única decisión sensata en ese infortunado día haya sido la de señalar que “no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”, explicada así por el Presidente de la República en su mañanera del día siguiente, al de la feria de las equivocaciones.

No pocos se han rasgado las vestiduras por haberse dejado libre al capo, pero ante el peligro de las vidas de las personas alrededor del operativo, que en este caso incluía a la población civil, el primer deber de las autoridades involucradas en ese controvertido lance era preservarlas; así lo ordenan la Constitución** y la ley***.

Sin ninguna duda ese era el bien mayor a proteger; si ya habían fallado en cumplimentar con eficacia la orden de aprehensión del delincuente y comprometido con ello la seguridad de la población, estaban impedidos en arriesgar, o peor aún, en intercambiar conscientemente vidas de personas ajenas a un lastimero operativo, echado a andar tan ingenua o tan maquiavélicamente.

El muy criticado resultado hubiera sido terriblemente lamentado por todos los mexicanos, de haberse perdido vidas de civiles inocentes, por la fortuita circunstancia de encontrase en un lugar tácticamente mal escogido para desarrollar un pésimo operativo policiaco.

La pregunta obligada es: ¿Por qué una tarea de seguridad nacional se instrumentó así?

Pero hay muchas más, entre otras: ¿Por qué no se podían garantizar la vida, la seguridad y los bienes de la población civil y al mismo tiempo cumplir la orden de aprehensión? ¿Hay autoridades operativas fuera del gabinete de seguridad nacional que pueden saltarse a los titulares de este y sin su consenso ordenar y ejecutar acciones contra capos relevantes? ¿Si es que así sucedió, dónde y bajo que circunstancia se rompió la cadena de mando? ¿Quiénes en el gabinete de seguridad tenían bajo su dirección supervisar el cumplimiento de la orden de aprehensión? ¿Quién propuso al Presidente de la República liberar a Ovidio Guzmán y bajo que razonamiento obtuvieron su consenso para que accediera a ello? ¿Con que información de riesgo y amenaza a la seguridad nacional contaban en el gabinete de seguridad, previo al operativo y cuando este estaba en curso? ¿Cómo se explica la aparente superioridad de los delincuentes en fuerza y armamento en el momento del fallido operativo y porque estos reaccionaron con mayor agilidad en su despliegue para superar a las fuerzas del orden del Estado Mexicano, en la toma de control de la plaza y del delincuente finalmente liberado? ¿Cómo se deben entender las tardías y muy contradictorias declaraciones de miembros del gabinete de seguridad?

El Secretario de la Defensa Nacional declaró que se abriría una investigación sobre estos hechos y no puede ser de otra manera, por la simple razón de que así lo ordenan varios cuerpos normativos, entre ellos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional.

En efecto, ante la serie de ilícitos cometidos espectacularmente frente a miles o tal vez millones de personas que seguían el conflicto por redes sociales, programas radiales y televisivos, ante los daños materiales y pérdidas de vidas humanas que horrorizados video espectadores presenciaron prácticamente en vivo; ante el descrédito nacional e internacional sufrido por las instituciones de seguridad de la República; ante la toma de rehenes para lograr el intercambio por el capo, se tienen forzosamente  que deslindar responsabilidades administrativas y penales de todas las autoridades operativas y de mando en materia de seguridad pública de los tres ordenes de gobierno presentes en Culiacán el día de los hechos, al igual que de las autoridades jurisdiccionales que supuestamente tomaron conocimiento de una petición de orden de cateo y que no la otorgaron o lo hicieron tardíamente, pero también por todos los civiles armados que tomaron partida activa por la liberación del capo.

En nuestro país, cualquier faceta en que se desenvuelve el servicio público se lleva a cabo por quienes lo ejercen, bajo el principio de rendición de cuentas; ante la gravedad de lo ocurrido faltaría más que esto no se llevara a cabo o que se produjeran las investigaciones al respecto por el solo deseo de los involucrados.

Hasta hoy las autoridades competentes en dichas investigaciones no se han pronunciado públicamente al respecto.

¿Qué están esperando?

¿Acaso no se dan cuenta del hartazgo de una sociedad agraviada hasta la ignominia por la delincuencia, el delito, la corrupción y la impunidad, o no perciben que este es el paso inmediato que la ciudadanía esperaba desde el mismo día de los hechos?

Un pequeño detalle: ¿Y los delincuentes?

¿Seguirán pavoneándose en nuestras narices, luciendo públicamente su impunidad?

* 67.2% de ciudadanos considera a la inseguridad como el primer problema más grave del país; 78.9% de ciudadanos considera insegura su entidad federativa, 70.5% su municipio y su 50.6 % su colonia; 33.9% de hogares tuvo al menos una víctima de delito; en zonas urbanas hay 43,333 delitos por cada 100 mil habitantes; el costo total en hogares por la inseguridad y el delito se estima en 286 mil millones de pesos, que asciende a 1.54% del PIB; solo se denunció el 10.6% de los delitos, de los cuales solo en  63.9% de los casos se abrió la carpeta de investigación; del total de carpetas iniciadas en 51.1% no se continuó la investigación o no pasó nada; en 93.2% de delitos no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación. Cifra negra 93.2% de los delitos cometidos no se denunció o no se abrió carpeta de investigación. El INEGI considera que “delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas, entre otros en este tipo de categorías, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.”

** CPEUM. Art. 21. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

*** Ley de Seguridad Nacional. Artículo 4.- La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

Lic. José Marco Romero Silva
Especialista en Sistema de Responsabilidad de los Servidores Públicos por la U.N.A.M.
Vicepresidente Ejecutivo del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Estado A.C.
Diplomado en Administración Pública y Prácticas Parlamentarias por el I.N.A.P.
Se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República

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