El Congreso de Baja California en el ojo de un huracán categoría 5 llamado «Corrupción»

Por Marco Romero

Las autoridades competentes en la materia se resisten a pronunciarse sobre la apertura de investigaciones que manden una señal inequívoca a todo el país, de que efectivamente no hay tolerancia a la corrupción.

Aunque se tiene registro que desde el siglo XIX se usan nombres para identificar a los huracanes, es poco después de la Segunda Guerra Mundial en que se generaliza esta práctica para distinguir esos fenómenos meteorológicos, a fin de facilitar la divulgación de alertas sobre los mismos.

Fiel a su localización geográfica entre el Océano Pacífico y el Mar de Cortés, en el Estado de Baja California hace un par de meses se lanzó un serio aviso por el mismísimo Presidente del Congreso del Estado, de estarse gestando una tormenta entre las curules de esa Cámara legislativa, si bien no tropical, si política, con evidentes barruntos de putrefacción.

Según lo publicado en diferentes medios, la tempestad fue ingenuamente desatada por “personajes locales y federales” que hoy están atrapados entre historias de ofrecimientos de presuntos sobornos millonarios en billetes verdes, que hicieron evolucionar rápidamente esta historia, de simples murmuraciones de pasillos del poder, a un escandaloso huracán político bautizado como “CORRUPCIÓN”.

En efecto han sido tachados de candorosos los “sobornadores o cohechadores” de este relato, por los antecedentes existentes de resoluciones de las autoridades jurisdiccionales federales que han contenido las ambiciones políticas de tratar de ampliar periodos de gobierno en otras entidades federativas del país, por una duración mayor a la que estuvo vigente en la fecha de la elección; ciertamente hasta hoy no ha prosperado ninguna intentona en ese sentido.

No obstante lo anterior, la noche del pasado ocho de julio del presente año, en el Congreso de ese Estado de Baja California no solo se votó la ampliación del periodo de gobierno del Ejecutivo de 2 a 5 años, sino que también se eligió a un Auditor Superior del Estado que dicen fue presuntamente designado a “modo”, para cubrir supuestas corruptelas de administraciones que en breve serán pasadas y otras que están por llegar. El procedimiento de designación del Auditor Superior ha sido tachado de irregular por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de Baja California.

Ciertamente todo lo relatado ha producido muy diversas reacciones de rechazo a nivel nacional, que van desde la supuesta negativa del Gobernador en funciones de publicar el decreto que reforma la Constitución Política de ese Estado, hasta promover acciones de inconstitucionalidad en su contra.

En realidad la mayoría de los pronunciamientos han sido en el sentido de acudir a  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que esta sea esta quien dilucide la constitucionalidad de las reformas que fueron votadas, con la confianza en que las mismas serán rotundamente rechazadas y así sea plenamente confirmado que el Gobernador del Estado inicirá sus funciones el 1º. de noviembre de este año y las concluirá el 31 de octubre del 2021.

Ahora bien, proceder a declarar inconstitucional el cambio del periodo de gobierno del Ejecutivo e irregular el procedimiento de designación del Auditor Superior del Estado, por supuesto que sería lo indicado pero, y con los presuntos actos de corrupción cometidos, ¿qué hacemos?

Pocas voces se han pronunciado por una investigación sobre la probable actualización de los tipos de cohecho o de soborno en la vía administrativa o el presunto delito de cohecho en la vía penal, aunque como sabemos tanto el cohecho como el soborno están contemplados como faltas administrativas graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al igual que en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y que asimismo tanto el Código Penal Federal, como el Código Penal de esta misma entidad federativa, tienen regulado el cohecho como un delito por hechos de corrupción.

En realidad las actuales leyes de responsabilidades administrativas federal y locales emanadas de la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, con los respectivos Sistemas Locales en cada entidad federativa del país, prevén que las investigaciones por faltas administrativas podrán iniciarse de oficio, por lo que correctamente interpretada esta frase, la misma no implica sino que las autoridades investigadoras en la materia, conocidos los hechos que denoten la posible comisión de una conducta infractora, como lo son el cohecho o el soborno, entonces tienen la obligación de dar inicio a la investigación correspondiente, puesto que no tienen ningún margen discrecional para no hacerlo, ni a nivel federal ni a nivel local.

En lo que se refiere a la vía penal y el posible delito de cohecho, el Código Nacional de Procedimientos Penales si bien prevé que la investigación en esta materia podrá iniciarse por denuncia, querella o su equivalente cuando la ley lo exija, también sin duda señala que el Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia, por lo que muy difícilmente tanto las autoridades federales como las locales a estas alturas no podrían saber que presuntamente mediante un cohecho, los diputados del Congreso de Baja California reformaron la Constitución del Estado, para ampliar el periodo de gobierno del Poder Ejecutivo y para designar irregularmente a un Auditor Superior, pues esto ha sido una noticia nacional recurrente durante más de siete días.

El punto es que en plena etapa de la supuesta consolidación a nivel nacional del sistema que combate a la corrupción, en la que diariamente se propala que nos encontramos actualmente,  las autoridades competentes en la materia se resisten a pronunciarse sobre la apertura de investigaciones que manden una señal inequívoca a todo el país, de que efectivamente no hay tolerancia a la corrupción, por lo que si estas señales no aparecen fuerte y claro entonces el mensaje que se envía es otro muy distinto, en el que la anticorrupción amenaza con recorrer el camino del ridículo.

Por si hicieran falta opciones para investigar estas presuntas corruptelas, debemos  tener presente que las leyes de responsabilidades administrativas hoy regulan lo que denominan faltas de particulares en situación especial y que se refieren a aquéllas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere la figura del cohecho, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se refiere esta conducta infractora, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor Público.

Hasta ahora no existen datos sobre investigaciones a nivel federal ni local sobre investigaciones de faltas de particulares en situación especial, por lo que este escándalo que desde tierras cachanillas invade el espectro de la política nacional se ofrece como una magnífica oportunidad para desempolvar la investigación sobre la posible actualización de esta conducta infractora, así como la escasa actividad  sancionatoria en materia de faltas graves de servidores públicos y particulares.

Como podemos darnos cuenta,  ya sea por cohecho, soborno, faltas de particulares en situación especial, por vía administrativa o penal, las leyes dispuestas para combatir la corrupción nos ofrecen toda una gama de posibilidades para investigar, perseguir y sancionar las presuntas infracciones o delitos que hipotéticamente pudieron haberse  materializado la noche del  ocho de julio del presente año en el Congreso del Estado de Baja California, pero la sola existencia de la ley no solucionará nunca los muy altos índices de impunidad que nos ahogan, si persistimos en seguir tratando de salir a flote, nadando en el mar de corrupción que nos consume.

La pregunta es: ¿Quienes verdaderamente están dispuestos a aplicar las leyes y sanciones que combaten la corrupción?

Lic. José Marco Romero Silva
Especialista en Sistema de Responsabilidad de los Servidores Públicos por la U.N.A.M.
Vicepresidente Ejecutivo del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Estado A.C.
Diplomado en Administración Pública y Prácticas Parlamentarias por el I.N.A.P.
Se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República

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