Expectativas sobre el nuevo sistema de justicia penal

por | Jun 24, 2016 | De Puño y Letra | 0 Comentarios

Expectativas sobre el nuevo sistema de justicia penal
(en tiempos de impunidad y desespero)

@alejandrojimp

“Si las personas fueran ángeles, no habría necesidad de gobierno. Si los ángeles gobernaran a los seres humanos, no habría necesidad de controlar al gobierno”

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Esta frase de James Madison sintetiza de manera sencilla la profunda paradoja de los Estados constitucionales, que por una parte tiene que garantizar condiciones de seguridad para todas las personas conservando el monopolio de la violencia y evitar una guerra de todos contra todos y por otra se debe obligar a controlarse a sí mismo con leyes, separación de poderes y árbitros independientes capaces de imponer límites al mismo poder punitivo del Estado.

Resultaría ingenuo creer que las mexicanas y mexicanos somos ángeles, el gobierno y las instituciones son necesarias, el tipo de violencia en el país se diversificó y su intensidad sigue incrementándose. Hoy más que nunca necesitamos autoridades honestas e instituciones sólidas, para dimensionar nítidamente la magnitud del problema y poder construir soluciones de largo aliento basadas en la confianza para poner un alto a esta situación que parece no tener fin. Un gobierno a la defensiva poco ayuda en un momento en el que la ausencia de instituciones es evidente en algunas partes del país y sus consecuencias tienen rostro.

En este contexto de incertidumbre, corrupción, impunidad y desesperanza las respuestas fáciles se escuchan en todos lados (campañas electorales, comentarios periodísticos, en charlas de sobremesa), descansar la solución en la primera premisa de Madison: aceptar la necesidad de dotar de cada vez más facultades a la autoridad a fin de que controle a los muchos poderes privados violentos que día a día ponen al filo de la navaja nuestra seguridad; y restar importancia a la segunda: controlar al gobierno.

Algunos sectores de la población (en el gobierno, medios de comunicación y la sociedad) reivindican como única solución para revertir la triste situación nacional, defender fielmente la idea de que las autoridades son ángeles en los que debemos confiar ciegamente, desde esta posición, arremeten contra todo aquel que diga lo contrario, ya sean los propios contrapesos que el Estado mismo crea para auto-controlarse (jueces, magistrados o ministros de la Corte) o la sociedad civil nacional e internacional que con pruebas en la mano denuncia excesos, corrupción y una ilegalidad sistemática en el uso de la violencia estatal.

El nuevo sistema de justicia penal (#SJPA) que opera en todo el país desde el 19 de este mes, si no hay simulación, inicialmente dejará insatisfechos a estos sectores de la sociedad pues precisamente es una reforma que busca fortalecer las herramientas que el propio Estado tiene para auto-controlarse en el ejercicio de su potestad punitiva. Lo público de este nuevo modelo de justicia nos permitirá identificar las capacidades reales de las policías y procuradurías para investigar, controlar y perseguir la criminalidad de forma legal.

En otras palabras, las dos premisas de Madison pueden ser entendidas cómo seguridad y justicia, cada una persigue fines distintos pero siempre en paralelo, la primera proteger nuestros derechos frente a los poderes privados armados o delincuenciales, es decir garantizar nuestra seguridad; y la segunda, justicia: proteger nuestros derechos frente al actuar del Estado mismo imponiendo límites legales y dotando de racionalidad al ejercicio de la violencia pública.

Lo anterior se puede explicar cómo una línea de producción integrada por policías, peritos y ministerios públicos encargados de reunir elementos probatorios suficientes para generar un grado de certeza para acusar personas por haber realizado actos posiblemente delictivos y una unidad de control de calidad integrada por jueces, magistrados y ministros de la SCJN encargados de verificar que los productos generados en esa línea cumplan con una serie de estándares de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Esta línea no produce tuercas o motores automotrices, está encargada de garantizar a las víctimas acceso a la verdad, justicia y reparación, si hace mal su trabajo y no pasa el control de calidad queda en deuda con las mismas víctimas. La mayor injusticia a la que hoy se expone a las familias y personas víctimas es ver que la autoridad carece de las capacidades para investigar los hechos denunciados, trasladando la carga a las propias víctimas, o simplemente dejando que la investigación no avance. Este problema estructural no se solucionará de golpe con la entrada en vigor del #SJPA.

El #SJPA está integrado por una serie de controles de calidad judicial ubicados estratégicamente para lidiar con los abusos del poder punitivo más frecuentes en él país, por ejemplo: detención arbitraria o ilegal, uso excesivo de la fuerza o tortura = audiencia de control de detención; abuso de la prisión preventiva (o te detengo, después investigo)= audiencia de medidas cautelares; evitar que inocentes sean castigados: simetría entre acusador y defensa.

Entonces el #SJPA no va a reducir los altos índices de impunidad hasta en tanto la línea de producción (policías, peritos, ministerios públicos) eleven su capacidad técnica y optimicen sus formas de actuar dentro del margen de la ley, generar esa expectativa implica una carga desproporcionada de impopularidad de los controles judiciales de calidad encargados de desechar los productos defectuosos o insuficientes, todo esto, sin contar con los sofisticados aparatos de comunicación, con los que sí cuenta la línea de producción.

Lo preocupante, la información difundida por la Secretaria Técnica encargada de la implementación del SJPA es precisamente que los pendientes que quedan para una implementación total del sistema (lanzados indefinidamente a 5 o 10 años más después de los 8 que acaban) están precisamente en la línea de producción, policías, peritos y ministerios públicos. Desesperanzador.

Cambio cultural, (el lugar común favorito de la autoridad) no es sencillo, cómo Layda Negrete recientemente explicó en el 8º foro de seguridad y justicia, sólo se logrará con controles de calidad independientes que desincentiven la negligencia e ilegalidad de la línea de producción, cómo en un salón de clases en donde se aprende más del profesor más exigente, no del más laxo. Los resultados iniciales tendrán costos sociales altos, pues personas señaladas como delincuentes saldrán libres por no cumplir con los estándares de calidad, estas son medicinas amargas, pero sólo así, la línea de producción optimizará su forma de trabajo.

La tentación de hacer más grande la portería[1]: Lo que nos llevó a un sistema de justicia penal autoritario que pretendemos cambiar fue una serie de reformas que flexibilizaban los estándares de calidad exigidos a la línea de producción, cómo un tirador de penaltis incapaz de convertir goles, que en lugar de entrenar y ser mejor exigía se hiciera más grande la portería. La tentación de contra-reforma estará siempre presente, debemos estar alertas y defender lo bueno de este sistema.

Ventana de oportunidad: el periodismo alrededor de los temas de seguridad y justicia tradicionalmente giran en torno a dos momentos, las espectaculares detenciones y el aplauso o repudio al juez que libera o condena. Ahora, la publicidad de las audiencias permitirán un seguimiento periodístico más puntual sobre lo que sucede en la línea de producción, identificar y señalar los puntos flacos del sistema en su totalidad y no sólo pavimentar de acusaciones gratuitas de corrupción judicial, tal y como lo dijo el presidente de la SCJN en el mismo 8º foro de seguridad y justicia.

[1] Esta alegoría la escuché alguna vez de Guillermo Zepeda Lecuona.

Alejandro Jiménez

El autor es Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Ha participado como docente en cursos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, SCJN, SEDENA, PGR entre otras; actualmente es Integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. en donde se desempeña como investigador en el área de Seguridad Ciudadana y Justicia.

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