Gobernando en contra del mandato constitucional

*Por Marco Romero Silva.

Para asegurar el cumplimiento de sus mandatos, nuestra Constitución se declara a sí misma como Ley Suprema de la Unión, de carácter inviolable y normativamente rectora en el ejercicio del servicio público, de tal manera, que todo servidor público al momento de tomar posesión de su encargo, debe protestar su cumplimiento y las leyes que de ella emanen.

En congruencia con lo anterior, constitucionalmente los servidores públicos quedan sujetos, a desplegar las funciones que desempeñan, bajo el principio de legalidad, acompañado este, de los de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Tan solo los principios de legalidad y lealtad, llevan implícito en su significado, un respaldo a las instituciones de la república y al entramado jurídico que las sostiene.

En este contexto, no es fácilmente comprensible, que en las votaciones en el pleno del Senado de la República, para reformar las leyes secundarias sobre la Guardia Nacional, haya habido senadores que admitieron, que a sabiendas de estar violentando el texto constitucional, procederían a emitir su voto a favor de que esa corporación  pasara a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, no obstante el mandato expreso en contrario, de nuestra  carta magna, donde se ordena que la seguridad pública es de carácter eminentemente civil.

Las reformas legales votadas favorablemente, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del pasado 9 de septiembre de 2022, por lo que se han convertido, en ley vigente, aunque contraríen el mandato constitucional.

Las consecuencias jurídicas de un modelo normativo, constitucional y legalmente contradictorio, en materia de Guardia Nacional, sin duda tendrán efectos perniciosos en la seguridad pública; con este, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no obtuvo la seguridad jurídica que requiere para estar a la cabeza de esa corporación policiaca, ésta ahora carece de un mando que gire instrucciones con adecuado respaldo constitucional y legal, y para colmo, la sociedad tendrá un servicio de seguridad pública que podrá ser cuestionado en su operación.

Total, el resultado indica que todos perdimos, en lugar de avanzar.

En las matemáticas para niños, para que estos aprendan como se construyen y resuelven las ecuaciones, les muestran ejemplos donde éstas se encuentran erróneamente formuladas, para que borren lo necesario y las arreglen, hasta que el planteamiento y el resultado sean los correctos.

Por supuesto, las Cámaras del Congreso de la Unión, no son el espacio propicio para que igual que un infante que borra su cuaderno, los legisladores borren los contenidos de una iniciativa, de un dictamen de comisiones, o de una votación en el pleno o del diario de los debates de la Cámara, hasta que encuentren la fórmula correcta para  perfeccionar sus productos legislativos, o simulen haberlo hecho, para continuar en la vida como si nada hubiera sucedido.

Gobernar fuera de la Constitución, incumpliendo sus mandatos, tiene un precio: pone en duda la legalidad y legitimidad de los actos de autoridad, pone en crisis a una república, cuestiona directamente a la forma en que está se encuentra construída y la manera en transcurre su vida democrática; eso lo saben todos quienes participan en tomar decisiones de ese tipo y evidentemente, también lo conocen quienes se oponen a esas decisiones.

El cuestionamiento al orden constitucional, por las autoridades que supuestamente deberían acatar sus mandatos, materializando actos en su contra, no solo ponen en duda la legitimidad de la Constitución, sino que realmente anuncian con esas acciones, su decisión de tratar de imponer un nuevo orden de cosas, bajo un orden constitucional diferente, que hoy no existe.

Foto: Canal del Congreso

Gobernar en contra de la Constitución, sin reformarla por los cauces institucionales, anuncia la decisión de terminar un modelo de régimen, para tratar de imponer otro por la vía de los hechos, con el peligro de que esto pudiera degenerar en actos violentos.

El debate puede hoy referirse a reformas sobre la Guardia Nacional, como ayer fue sobre la industria eléctrica o antier a la duración del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al frente de ella; pero en el fondo, lo que el partido Morena está planteando, prácticamente sin ambages, es que el tipo de Constitución bajo cuyos mandatos debería conducir el gobierno que encabeza, no es el que requiere, ni el que respeta, ni el que le conviene, ni el que le sirve para construir un nuevo modelo de república, o al menos, del país que ellos consideran como el adecuado hacia el futuro de México.

Foto: Gobierno de México.

Frente a ese planteamiento, a mi parecer, los supuestos partidos de oposición, no presentan o no saben comunicar a la sociedad mexicana, una propuesta clara y directa del modelo de Constitución y de país que dicen defender, en contra de la posición oficialista, pues las expresiones públicas de los cuestionados dirigentes de oposición, parecen discurrir y perderse entre lo anecdótico de la coyuntura política y en los casos de corrupción en los que se encuentran envueltos.

El planteamiento claro, concreto y sencillo hacia los ciudadanos y a la sociedad mexicana, que sin disfraces debe ponerse ya a debate en la opinión pública, es hacia donde queremos avanzar y si en efecto queremos transformar nuestra Constitución, votar una nueva y elegir un nuevo modelo de país.

Ante esa realidad, la ciudadanía tampoco puede seguir esperando a las definiciones o propuestas de los partidos políticos, que en no pocas ocasiones, con sus ambiciones rayan en lo detestable.

En la práctica, nuestra sociedad debe mostrar su madurez y avanzar de una vez por todas, hacia las propuestas que ella misma quiera presentar, abrazar y por las que efectivamente se comprometa a luchar, para el beneficio de nuestro interés colectivo y no de las que favorezcan a un puñado de dirigentes políticos altamente cuestionables.

 

Lic. José Marco Romero Silva

Especialista en Sistema de Responsabilidad de Servidores Públicos por la U.N.A.M.

Vicepresidente Ejecutivo del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Estado A.C.

 

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