La correduría pública como herramienta para regularizar el comercio informal

Los corredores públicos pueden trabajar de la mano de los municipios, brindando servicios integrales a los comerciantes, a fin de ayudar a los pequeños empresarios en el cumplimiento de los requisitos que la formalidad implica

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Una de las primeras sorpresas a las que se enfrenta un estudiante de Derecho, es cuando descubre que el legendario Derecho Romano no era un cuerpo monolítico, que fuera único y que nunca hubiese cambiado; por el contrario, el Derecho Romano representó una constante evolución que iba a la par de la antigua Roma.

El análisis de esta evolución nos demuestra que en sus primeras etapas, cuando existían las XII Tablas, el derecho era sacramental y lleno de formalismos, requisitos legales y dogmas; en cambio, cuando la sociedad fue evolucionando, llegó el tiempo de los pretores, donde el sistema jurídico era menos formalista y donde los requisitos legales eran menores.

Esto viene a cuento porque la principal prueba de que una comunidad no ha avanzado es por su excesiva regulación jurídica, su devoción a los trámites, a los formalismos y a los medios sacramentales, que provocan que el derecho deje de ser solo un medio para facilitar el quehacer diario de los hombres, y se trastoque en un fin en sí mismo, con tintes religiosos.

Esto tiene una consecuencia inmediata y terrible. El comercio es una actividad que fluye como el agua entre las rocas; si encuentra obstáculos que lo entorpezcan, tiene que hallar su propio sendero y al final termina filtrándose en la tierra; la manera en que lo logra entre la maraña de requisitos legales a los que se enfrenta el comerciante, es mediante la corrupción y la informalidad.

La corrupción y la informalidad no son los males sino los síntomas de la enfermedad, que no es otra cosa que la exagerada tramitología y requisitos a los que se tiene que enfrentar el comerciante, a fin de poder desarrollar su actividad.

No es el momento, ni la capacidad del autor, el hablar de todos esos obstáculos que entorpecen el desarrollo del comercio; pero sí el platicar un poco de una herramienta que los comerciantes pueden hallar para poder sortear mejor las barreras que tienen. Me refiero a la figura del corredor público.

El corredor público es un abogado habilitado por la Secretaría de Economía Federal, a quien se le delega fe pública para el ámbito mercantil (constitución de empresas, reforma de estatutos, ratificación de firmas, cotejo de documentos, fes de hechos, etc.); pero además se le reconoce su carácter de perito valuador (valuación de inmuebles, de maquinaria y equipo, de marcas, de empresas, etc.), su capacidad de asesor (elaboración de contratos, realización de trámites, registro de marcas, etc.) y su capacidad para dirimir controversias de manera extrajudicial (arbitraje, conciliación, mediación, etc.).

Estamos hablando de cerca de 400 corredores públicos en todo el país, con una preparación similar, gracias a los exámenes federales que implican su habilitación y que pueden caminar de la mano de los comerciantes, a fin de sortear los requisitos legales a que deben enfrentarse a fin de dejar la informalidad.

Los corredores públicos pueden trabajar de la mano de los municipios, brindando servicios integrales a los comerciantes, a fin de ayudar a los pequeños empresarios en el cumplimiento de los requisitos que la formalidad implica, y estos puedan dedicarse a lo que es su esencia, la generación de riqueza.

Para los municipios, las entidades federativas y en sí, el Estado Mexicano, es fundamental que los pequeños comerciantes cuenten con la colaboración de los corredores públicos, a fin de regularizar su situación legal, para así poder integrar a la mayor cantidad posible a la formalidad, lo cual, es indispensable para el Estado, para el comerciante, y evidentemente para México.

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  1. Mary Lety 3 diciembre, 2016

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