Los municipios en la política anti-corrupción

[author] [author_image timthumb=’on’]https://www.alcaldesdemexico.com/wp-content/uploads/2015/02/Jose-Sosa.jpg[/author_image] [author_info]José de J. Sosa L.[/author_info] [/author]

Los lamentables hechos violentos ocurridos hacia el final de 2014 en Guerrero y Michoacán pusieron en evidencia, una vez más, lo grave que puede ser el problema de la corrupción asociado al uso personal del poder y de los recursos públicos. Más allá de considerar si la situación en el Municipio de Iguala es única o no, en términos de constituir un caso extremo de penetración del crimen organizado en las instancias de gobierno, lo que no puede dejar de reconocerse es que mostró una faceta poco deseable y poco conveniente para el desarrollo del país.

El hecho mismo de que las acciones violentas derivaran de actos claramente calificables como corrupción, dio un nuevo impulso a la discusión de la reforma anti-corrupción que hacia mediados de año parecía haber perdido toda fuerza. La mayoría de los partidos políticos, particularmente Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), reinsertaron la reforma en su lista de prioridades, una vez que la opinión pública reclamó airadamente su compromiso con el tema.

Ante el panorama de urgencia que rodea la discusión de esta reforma en estos mismos momentos, y vista la centralidad del fenómeno de la corrupción en el ámbito municipal, bien cabe preguntarse cuál será el papel de los ayuntamientos en la política que se apruebe en este año de elecciones y de cambio de autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con los avances que hasta ahora muestra la discusión de la reforma en sus dos vertientes, por un lado la minuta aprobada por la Cámara de Senadores en diciembre de 2013 y, por el otro, la propuesta panista de un Sistema Nacional Anti-corrupción; lo que se perfila es la conformación de una política nacional basada en una red de instituciones compuesta por un órgano nacional y hasta 32 órganos estatales. Las acciones serán complementadas por los órganos de procuración de justicia, por medio de las ya conocidas Fiscalías Anti-corrupción.

En el caso de la iniciativa aprobada por la Cámara de Senadores, se plantea establecer un régimen que centraliza las decisiones y los instrumentos de prevención y combate en los propios órganos que crea, y deja fuera de la operación a los gobiernos municipales y a las organizaciones de la Sociedad Civil.

Se trata de un régimen muy similar al que opera en la política de transparencia, en la que los ayuntamientos son meros sujetos obligados, operan como coadyuvantes por medio de las así llamadas oficinas de enlace, y carecen de capacidades legales o técnicas para incidir o reorientar la política en su conjunto, o el alcance de los instrumentos con que opera.

Para la iniciativa del PAN, la política que se genere en la materia deberá basarse en un uso más profuso de los órganos de control interno y de auditoría superior, además de contemplar la creación de tribunales administrativos específicos a nivel federal y estatal. El papel atribuible a los gobiernos locales es, como en el caso de la minuta del Senado, marginal y sometido a las funciones que desarrollen las instancias federales y estatales.

Sin entrar al detalle de la discusión de si los gobiernos municipales tienen o no la prerrogativa constitucional de ser copartícipes en la aplicación de facultades del orden federal o estatal, lo que parece pertinente analizar en el caso de la inminente política anti-corrupción es si la concentración de funciones en los órganos nacional y estatales será suficiente ―y acaso pertinente― para alcanzar los objetivos de largo plazo que se plantea la reforma.

Es decir, que más que respetar y reproducir la doctrina de distribución de facultades del Federalismo mexicano, lo que tendría que discutirse es si la política, los órganos y los instrumentos que se están proponiendo, conformarán la mejor respuesta al problema y a la necesidad pública que se quiere resolver. Esto es, que si la prevención y el combate a la corrupción en México estarán suficientemente desarrollados y servidos, basados únicamente en las capacidades de los nuevos órganos federales y estatales.

Desde mi punto de vista, hay diversas razones y múltiples evidencias que indican que la respuesta a esa pregunta es que no: que los propósitos de la iniciativa no estarán debidamente garantizados, sino sólo en parte. Asisten en apoyo a esta postura tanto experiencias previas de descentralización, como las propias evidencias del fenómeno que se quiere combatir: la corrupción política y administrativa.

En el primer caso, cabe recordar cómo no fue sino hasta que el ex presidente Ernesto Zedillo decidió dar un giro radical al proceso de descentralización del gasto social, mediante la creación del Ramo 33, que se alcanzaron niveles efectivos de responsabilidad entre los gobiernos locales de todo el país. Todos los esfuerzos anteriores, incluidas las sucesivas reformas municipales, simplemente incrementaron la dependencia y el centralismo desde y hacia las instancias federales.

A partir de la creación del Ramo 33, que canalizó los recursos directamente a las tesorerías municipales, el gasto social a nivel local se ha incrementado constantemente y se han mejorado las condiciones de vida de una parte importante de la población nacional. De ahí que no parezca pertinente imponer de inicio a la nueva política anti-corrupción un esquema de dependencia y exclusión de los municipios, como el que plantean las dos vertientes de la reforma en discusión.

Por lo que toca a las características del problema que se pretende atender con la reforma, la estadística más general se presenta como la razón más obvia y evidente para argumentar a favor de un mayor peso y protagonismo para los Gobiernos Locales.

Si se estima, de manera simple, el número de posibles actos de corrupción que ocurren en el país, resulta que a los gobiernos municipales corresponde abrumadoramente una gran parte de éstos, por el hecho de ser las instancias más cercanas al ciudadano y por ser las que más directamente regulan sus actividades mediante la aplicación de un sinfín de reglamentos: vía publica, imagen urbana, comercio, sanidad alimentaria, construcción, apertura de negocios, y un largo etcétera.

En un sentido más cualitativo, si bien ha de reconocerse que no todas las formas de corrupción afectan o involucran a las instancias municipales o que, incluso las más graves están por encima de ellas ―como en el caso de los grandes contratos de obra pública―, ello no limita el hecho de que su exclusión del mecanismo de definición y conducción de la política anti-corrupción podría limitar seriamente los alcances de ésta.

Es por ello que tendría que escucharse la voz y perspectiva de las autoridades locales, antes de aprobar una reforma que en lugar de prevenir las causas que llevaron a la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa, pueda agravarlas. Confiemos que habrá sensibilidad entre los legisladores federales para escuchar, y voluntad por parte de los alcaldes mexicanos para ser escuchados.

5 Comments

  1. Elizabeth 10 febrero, 2015
  2. juan 10 febrero, 2015
  3. Carlos Moreno 11 febrero, 2015
    • Jose Sosa 11 febrero, 2015
  4. luis hoyo 11 febrero, 2015

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