Los servicios de agua después del COVID19: Recuperar lo público

Por Fernando C. Reyna Guzmán

“(…) Yo no confío mucho en esto de los grandes cambios de la humanidad.
La humanidad cambió cuando hubo la peste en Europa, que sirvió a Bocaccio para escribir el Decamerón, y lo que quedó es solo eso. Después se ha vivido más o menos igual”

Fernando Savater 

En plena travesía.

Es junio de 2020 y vivimos una crisis sanitaria global que impacta severamente todas las esferas de la actividad humana.

Las restricciones que los gobiernos de todo el mundo han impuesto a la movilidad de las personas, están ocasionando estragos en la economía global y los daños en el bienestar social serán descomunales.

En unas semanas, meses, habremos despertado de la pesadilla. Pero las personas más pobres lo harán en su precaria realidad, nada distinta a la que vivían y padecían antes de la epidemia; con la diferencia de que la atención a sus necesidades se pospondrá una vez más.

Alrededor del mundo, científicos e investigadores de las más diversas disciplinas, intentan, en un esfuerzo multidisciplinario global sin precedentes, dar respuestas a la pandemia. Al mismo tiempo, la vorágine noticiosa por cubrir el drama humanitario ha producido una marejada gigantesca de opiniones y declaraciones que se difunden sin tregua.

Nigromantes de todas las corrientes instruyen, exigen y amenazan con la excomunión a todos aquellos que desafíen sus designios. La historia pondrá a cada uno en su lugar y muchos de sus adagios quedarán en el anecdotario de lo vil, lo intrascendente y lo inútil.

En esa tolvanera, un experto de ocasión señaló: “la falta de agua se convertirá en uno de los mayores retos para afrontar esta emergencia sanitaria”. Habría que precisar:  La falta de agua es, desde hace años, un reto. En su descargo, debe reconocerse que solucionarlo no es sencillo.[1]

Camino

Considerando que la economía mexicana ocupa el lugar 14 en el mundo (Expansión, 2020) y dada la naturaleza monopólica de los servicios (Ferro y Lentini, 2010), se debería contar con recursos suficientes para tener una cobertura total; sin embargo, desde el año 2012 los presupuestos se han reducido de manera constante y significativa.[2] Al año 2015, casi 27 millones de personas no tenía acceso al agua entubada y 30 millones carecían de servicios adecuados de drenaje. (Olivares, 2018)

La evidencia apunta a que la inequidad en la distribución de los ingresos y la pobreza generada por ella, están en la base del problema (Hernández, 2015). No obstante, se insiste en encontrar soluciones en el terreno normativo y gerencial.

En círculos.

En México, el marco legal de los servicios públicos de agua, alcantarillado y saneamiento (SPAAyS) es amplio e involucra a los tres ordenes de gobierno. Incluye disposiciones constitucionales, leyes generales, federales y estatales; así como diversos ordenamientos y normas técnicas.

Adicionalmente, se espera que con la promulgación de la Ley General de Aguas (LGA), reglamentaria del Derecho Humano al Acceso al Agua, se incorporen otras disposiciones que incidirán en la provisión de los SPAAyS.

En el contexto de la discusión sobre LGA, el análisis al marco normativo ha sido profuso; alcanzándose una especie de consenso tácito:  Es necesario revisarlo y en su caso, modificarlo, pero no es la condición sine qua non que habrá de cambiar la situación.

Vereda abajo.

Al año 2014 existían 2,688 organismos operadores (OO).[3] De los cuales sólo el 13% prestaban el servicio a toda la población municipal (INEGI 2014).

Se ha estimado que la pérdida promedio de agua en redes de distribución es del 40% (OECD, 2016) y sólo se trata la mitad de las aguas residuales municipales generadas (Olivares, 2018). La mayoría de los OO padecen una precaria situación financiera que sólo les posibilita cubrir la mitad de los costos de operación (Salazar, 2016).

Entre las causales del bajo desempeño de los OO, se encuentran las limitadas capacidades administrativas de los municipios (ASF, 2012) y las relaciones de dependencia política-partidista que existen entre el presidente municipal y los funcionarios de primer nivel de la administración pública de ese orden de gobierno[4]. (González y Arzaluz, 2012)

Cambiando la ruta.

A nivel global, la pandemia ha desnudado las carencias de los sistemas de salud, provocado cambios importantes en la percepción de valor que los ciudadanos otorgan a esos servicios y están obligando a los gobiernos a replantear sus intervenciones.

Si la implantación de los métodos y formas de gerenciar cuasi privados de los servicios públicos vitales y/o su privatización no han dado los resultados prometidos, es el momento de cambiar el método de abordaje.

El desplazamiento de la racionalidad económica como el criterio principalísimo para el diseño e instrumentación de las intervenciones gubernamentales, está reposicionando lo público y la política. Lo público entendido como aquello que es de interés para todos en la comunidad; y la política como el control ciudadano sobre el gobierno. El recambio tiene en el ejercicio democrático del poder político su punto de partida.

Rumbo a la comunidad

Es en el ámbito de lo local, de lo municipal, donde convergen físicamente gobernantes y gobernados, donde la provisión de bienestar y equidad social le dan sentido a la democracia efectiva. (Guerrero, 1976) De ahí la urgencia de encontrar las causas qué impiden a los gobiernos municipales cumplir adecuadamente con sus responsabilidades institucionales, entre ellas, la provisión de servicios públicos.

Ello implica reemplazar las metodologías gerencialistas hipersimplificadoras, por otras que den cuenta del proceso de creación de lo que la comunidad concibe como valor público.

La incorporación de lo público y la política permite la identificación de los roles e   interacciones de los actores y sus intereses respecto a las necesidades sociales que son percibidas como valiosas; posibilitando la conformación de la agenda pública (qué se necesita) y la construcción de la agenda de gobierno (cómo habrá de atenderse). En otros términos, la creación del valor público materializado en, por ejemplo, servicios públicos.

La sincronización de estas dos agendas legitima la acción de gobierno, permitiéndole construir consensos (apoyos) para utilizar al máximo la estructura normativa y burocrática municipal disponible; recuperando su autonomía política y administrativa y reposicionándolo, en términos de igualdad, frente a los gobiernos Federal y estatal.

En el terreno de los servicios de agua, esto se traduce en la relectura de las disposiciones constitucionales que, si bien establecen la competencia municipal, no exenta a los gobiernos Estatales de la responsabilidad que los obliga, legal y políticamente, a garantizar que los servicios de agua potable y saneamiento lleguen a todos y cada uno de los habitantes de sus entidades, independientemente de la divergencia o diversidad política partidista al interior de las entidades federativas.

Por su parte la Federación tiene que abandonar la inercia constructora-reguladora de los servicios de agua que, en la práctica, es un mecanismo más clientelar que redistributivo y asumir su la responsabilidad principal consistente en la preservación de las fuentes de abastecimiento.

Una vez concluida la emergencia, lo urgente no puede posponer lo prioritario. Los sistemas de agua son esenciales para el bienestar. Mejorar y proveer el acceso de esos servicios a todos los mexicanos es una prioridad y ese debe ser su lugar en la agenda pública-gubernamental.

El reto de los servicios de agua después del COVID19 es recuperar lo público y rescatar a la política. La tarea para los actores del sector es evitar que el tema sea pospuesto o relegado nuevamente.

Fernando C. Reyna Guzmán

Referencias

Aguilar Benítez, Ismael y Monforte Gabriela (2018) Servicios públicos del agua, valor público y sostenibilidad El caso del área metropolitana de Monterrey.  Gestión y Política Pública.  Vol. XXVII, Núm. 1

Esquivel Hernández, Gerardo (2015) Desigualdad Extrema en México Concentración del Poder Económico y Político. Oxfam. México. Consultado en abril 2020. Disponible en  https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/desigualdadextrema_informe.pdf

Expansión (2020) Datosmacro.com Consultado en abril 2020. Disponible en https://datosmacro.expansion.com/pib/mexico

Ferro Gustavo y Lentini Emilio (2010) Economías de escala en los servicios de agua potable y alcantarillado Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile

González Ávila, María Eugenia y  Arzaluz Solano, Socorro (2012) Gobierno y gestión de los servicios del agua en seis ciudades fronterizas, México-Estados Unidos. El Colegio de Sonora. México

Guerreo, Omar (1976) Teoría Administrativa de la Ciencia Política. Universidad Nacional Autónoma de México. México.

ASF (2012) Índice de Desarrollo Institucional Municipal. Consultado en agosto 2016. Consultado en abril 2020. Disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/IDIM/2Nacional%20IDIM.pdf

INEGI (2014) Panorama censal de los organismos operadores de agua en México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. México

Martínez, Beatriz (2013) La remunicipalización de los servicios de agua es una tendencia en auge en todo el mundo. Consultado en abril 2020. Disponible en https://agua.org.mx/la-remunicipalizacion-de-los-servicios-de-agua-es-una-tendencia-en-auge-en-todo-el-mundo/ d

Merino, Mauricio et al (2010) Problemas, decisiones y soluciones. Enfoques de política pública. Fondo de Cultura Económica, CIDE. México

Moore, Mark H. (2004) On creating public value. What Business Might Learn from Government About Strategic Management. Harvard University Press

OECD  (2016) Water governance in cities. OECD Studies on Water. OECD, París.

ONU (2020) Una población en crecimiento Consultado en abril 2020. Disponible en https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html

Salazar, Alejandro (2016) Fugas de agua y dinero. El Colegio de Sonora. México.

Weber, Max (2020) El político y el científico. Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). Consultado en abril 2020. Disponible en http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf

WWAP (Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO). (2019) Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hìdricos 2019: No dejar a nadie atrás. UNESCO,  París.  Consultado en abril 2020. Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367304

[1] A nivel global, alrededor de 2,300 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua segura (más de dos veces la población total del Continente Americano) y 2,900 millones, carecen de saneamiento básico (cifra superior a la población de China e India juntas). (WWAP, 2019) (ONU,2020)

[2] La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) estimó en 804.4 mil millones de pesos, en el periodo 2006-2030, las inversiones requeridas para alcanzar la cobertura universal y mejorar la infraestructura del sector.

[3] En general la prestación de los SAAPyS se realiza a través de unidades administrativas especializadas; en general, organismos públicos descentralizados, denominados usualmente, organismos operadores. Además de ellos, coexisten organismos intermunicipales, estatales y en número reducido, el servicio ha sido concesionado a empresas privadas.

[4] Los hace extremadamente vulnerables a la situación que se conoce como administración pública de botín. Que en términos generales implica que en las posiciones de dirección son repartidas entre los lideres del grupo político vencedor; no obstante que en la mayoría de las leyes estatales de agua los OO se establece que son organismos descentralizados y por lo tanto, los directivos tienen que contar con experiencia en el área en el que son designados.

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