Hace más o menos un año, un movimiento denominado “Generación Z” apareció en el mapa de las movilizaciones políticas. El gobierno en turno lo desestimó; la oposición lo promovió como un eje del cambio. Hoy, está cuestionado y desaparecido: la clase política lo utilizó y lo abandonó. Pero la Generación Z no son solamente esas personas –financiadas o no- que promovieron la contra al gobierno de la República.
La denominada “Generación Z”, las personas nacidas entre 1997 y 2012, son un grupo etario más demandante, más crítico –desde las redes sociales- más desconfiado y con baja tendencia a participar institucionalmente; la apatía y el desinterés por la política define a la mayoría; tienen altas demandas y expectativas en un mundo que no terminan por interpretar y que tampoco les responde.
La mayoría de las personas que integran la Generación Z tiene bajas probabilidades de tener una vivienda; experimentan problemas estructurales: desempleo y bajos salarios; sus esperanzas para cambiar las condiciones sociales y económicas desde las políticas públicas disminuyen, paso a paso, porque los gobiernos fallan en el cumplimiento de las promesas.
La elección del 2024 tuvo baja participación, apenas el 59.8 % del Listado Nominal de Electores frente al 63.4 % de la elección del 2024 o el 77.2 % del 1994.[1]
Foto: INE.
En una década, la clasificación de población joven se modificó y la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó al grupo de entre 18 a 44 años como adultos jóvenes (años atrás, el grupo “joven” era considerado de los 18 a los 39 años). El grupo de población de “adultos jóvenes” constituyó el 80.9 % del Listado Nominal de Electores en 2024.
En 2024, las personas de entre los 20 y 44 años representaron el 53.1 %. La dirección del proceso electoral del 2024 descansó en ese grupo de población: el 48.0 % de los jóvenes de entre 18 y 19 años votó a favor de la hoy presidenta de la Republica, Claudia Sheinbaum; el 51.2 % de los que tenían edad entre los 20 y 30 años; y el 55.6 % de los entre 31 y 40 años.
Es importante destacar la diferencia que hay, en preferencia, entre el grupo etario de 18 a 19 años frente al de 31 a 40: una diferencia porcentual de 8.6 %.
En el Conteo de Población y Vivienda 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puede observarse que esa franja, de entre 18 y 19 años, se incrementará entre un 4 y 5 % ¿Cómo votarán en la elección del 2027? ¿Ejercerán su derecho constitucional?
Los gobiernos del MORENA, aunque tiene una alta aceptación y niveles de aprobación, también han dejado pasar corrupción, malas y deficientes políticas públicas y mantienen a grupos con privilegios. La derrota de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional cambió la narrativa, pero no los hechos. Las juventudes no perciben el cambio.
La campaña electoral intermedia, la de 2027, ya inició (aunque no de manera formal) y movimientos y partidos políticos lanzan la red, sus propuestas e intenciones para “dar espacio” (candidaturas) a las y los jóvenes.
Cómo garantizar que del discurso se pase a los hechos ¿Debe hacerse formal la determinación de un porcentaje de candidaturas para las y los jóvenes, como una acción afirmativa?
El discurso sobre las juventudes crecerá ubicándolos como indispensables para la construcción del país y su futuro. El reto fundamental de los movimientos y partidos no es el discurso, sino los hechos que garanticen cargos de elección popular para éstas.
Es evidente que habrá plataformas electorales, todas, donde se propondrán políticas públicas para las juventudes; hay que llenar la agenda pública y política ¿Cómo garantizar que cumplan?
De entrada, las juventudes deben desconfiar de los discursos acaramelados que buscan conquistarlos. Si deciden participar y “creer”, sería bueno que tomen en cuenta algunos puntos para no terminar utilizados o engañados:
1) Los movimientos o partidos políticos deben garantizar la inclusión de un porcentaje de candidaturas para personas de entre los 18 y 35 años.
2) Que de ese porcentaje, la mitad sea para candidaturas por la vía plurinominal.
3) Que las candidaturas por mayoría relativa sea en distritos competitivos (no en aquellos que los movimientos y partidos saben que perderán).
4) Que el porcentaje de candidaturas no sea entregado a familiares de los líderes de partidos y movimientos políticos (nepotismo).
5) Que se otorgue el financiamiento constitucional para las campañas y no se deje a las juventudes “autofinanciarse”.
Mientras el MORENA tiene un porcentaje de votos asegurados porque sus políticas públicas atienden demandas de las juventudes, los movimientos y partidos opositores tiene una ruta para ganar el apoyo de éstas: la inclusión y no la simulación; el cambio generacional.
[1] “Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. Estudio Muestral de la Participación Ciudadana”. (2024). INE.
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