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México por el combate a la corrupción

Los cambios democráticos que se suscitan en el país, obligan a impulsar mayores acciones en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Muchas y muchos consideran a la corrupción como un mal endémico, arraigado en la sociedad, pero cierto es que poco se ha hecho en relación al abatimiento de tan lamentable flagelo.

Es hasta estos momentos que el tema se ha incorporado con seriedad en la agenda política y social, a partir de información difundida de supuestos conflictos de interés en los que se han visto involucradas distintas autoridades de los Poderes del Estado en los tres órdenes de nuestro sistema político administrativo.

Según la revista Forbes, a México le cuesta al menos 100 mmdd al año la corrupción, no obstante no se combate porque se le ve como el aceite de la maquinaria económica, el engrane del sistema de justicia y el factor para que las cosas funcionen. Hasta hoy, la sanción social a las prácticas de corrupción es inexistente.

La corrupción cuesta a México el 9% del PIB cada año, según el Banco Mundial, y equivale al 80% de los impuestos recaudados por el Gobierno Federal; según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) alcanza el 20%, es decir, la quinta parte de lo que se produce se diluye en corrupción, lo cual es un dato alarmante que prende los focos rojos para programar de inmediato una cirugía mayor sobre el tema.

Por décadas, el bajo crecimiento económico se ha atribuido a la ausencia de reformas como las aprobadas recientemente. No perdamos de vista que una vez que se cuente con la legislación secundaria de cada importante reforma y sea puesta en acción, inevitablemente saldrá a flote un enorme dique que para la inversión privada representa la corrupción, que se materializa en falta de seguridad jurídica, encarecimiento de trámites o contratos, costos de producción o rentabilidad de las empresas.

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el crimen, la corrupción y la incertidumbre jurídica son los obstáculos que frenan la inversión en México, considera que sin un robusto Sistema Nacional Anticorrupción, no habrá condiciones para incentivar la inversión productiva, ni para mantener e incrementar la ya existente.

Es evidente que para hacer crecer y atraer capitales se requiere combatir frontalmente la corrupción y de forma paralela, la impunidad. Con frecuencia se supera el escándalo mediático, pero se requiere llegar a la raíz y conceder garantías para restituir la credibilidad en el sistema mexicano de procuración e impartición de justicia.

El combate a la corrupción es una necesidad inaplazable, si no se castiga es corrosiva y su inmovilidad propiciará mayores niveles de insatisfacción social, porque se trata de un fenómeno estructural que ha permeado a los tres órdenes de gobierno, a los tres poderes y a la ciudadanía en general.

Es decir, ha caminado de forma paralela al proceso de transición democrática, al tiempo que ha sido informado e influenciado por la lucha global contra la corrupción. No puede perderse de vista la articulación y equilibrio entre las iniciativas formales (reglas, procesos, instituciones) y las informales (valores, principios, socialización).

Nos corresponde contribuir en la legalidad, la responsabilidad y la integridad a efecto de que esta trilogía se convierta en la esencia del Estado, de la administración y de las políticas públicas en México. La credibilidad de las instituciones depende de la forma en que se conducen quienes las encabezan.

En México tenemos una cultura permisiva a las violaciones de las reglas, donde los sobornos son una forma generalizada de resolver asuntos, porque no hay plena conciencia de que la corrupción es un factor que obstaculiza el desarrollo humano, social y económico del país e impide el fortalecimiento de las instituciones.

Pese a su esfuerzo, los organismos de control no están cumpliendo del todo con su función, por lo que no debe demorar el hecho de que las conductas corruptas sean sancionadas, por sus graves efectos en la economía y en las finanzas públicas, avanzando en un esquema donde las acciones de persecución y castigo transiten a las acciones de prevención.

El estado está obligado a profundizar en mecanismos que garanticen la fiscalización integral de los recursos públicos, en un ejercicio claro de aplicación y cumplimiento de la Ley, donde a la sociedad nos corresponda la denuncia y la erradicación de malas prácticas en nuestras esferas.

Es cotidiano sentir la corrupción, aquélla que se refleja en las medicinas que no llegan a los hospitales públicos, en las casas de interés social con cuarteaduras, en sobornos para tener acceso a servicios públicos básicos, para evitar una infracción, o para alcanzar un espacio para un joven en la escuela. Los que menos tienen son los más afectados con esto.

En un sentido amplio, combatir la corrupción es solo una parte de un objetivo superior que es construir un gobierno equitativo que genere una sociedad más justa, donde no tienen cabida las transacciones corruptas porque son un gran obstáculo para reducir la pobreza y la desigualdad.

En contraparte, la mejora de la gestión de los asuntos públicos, el imperio de la ley y el control de la corrupción elevan el ingreso per cápita, y es aquí precisamente donde la globalización puede ayudar incidiendo con la transparencia y la competencia, en un mejor gasto público como motor del crecimiento y reductor de la pobreza.

México debe avanzar en esa escala en que ha sido colocado por su nivel de corrupción, debe dejar de ser ese lugar 106 de entre 177 naciones donde nos ubica Transparencia Internacional. Si hay voluntad política y participación ciudadana, como se percibe que las hay, así será.

Es en este contexto, que se presenta la inmejorable oportunidad de promover una legislación integral, de vanguardia, que contenga todos los elementos jurídicos para sancionar a los servidores públicos, sin importar el rango que ostenten, e inhibir conductas indeseables.

Afortunadamente lo que hoy tenemos a punto de cristalizar, y que es digno de reconocimiento como avance democrático, es un sistema autónomo, ciudadano e integral de combate a la corrupción, sin precedente en México, que implica la modificación de la Carta Magna, y gira en torno a seis elementos fundamentales:

1. Un Consejo Nacional para la ética pública que asegure una amplia representación del sector público y de la sociedad.

2. Un Comité de Participación Ciudadana, con participación de prestigiados ciudadanos, responsable de la instalación de observatorios ciudadanos, formulación de denuncias y políticas públicas para el combate a la corrupción.

3. Fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública en materia de auditoría e investigación para efectos de control interno, cuyo titular será ratificado por el Senado, así como el titular del órgano interno de control en cada organismo constitucional autónomo será nombrado con mayoría calificada de la Cámara de Diputados.

4. Ampliación para efectos de control externo, de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para auditar antes, durante y después del ejercicio del gasto y dotarla de atribuciones de investigación ante quejas y denuncias ciudadanas o de oficio; y

De la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con facultades de investigación, obligación de actuar ante denuncia ciudadana y responsable de ejercer acción penal. Vale destacar que el Fiscal será nombrado por las dos terceras partes del Senado de la República.

5. Retiro de la facultad de sanción a las contralorías municipales, estatales y federal, ampliando las facultades al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para transformarlo en un auténtico Tribunal Federal de Cuentas.

6. Reproducción de todo el sistema anticorrupción en el ámbito local, el de las entidades federativas y de los municipios de México.

Hay una gran expectativa respecto del Sistema Nacional Anticorrupción, se ha dado ya el primer paso logrando consensos en la Cámara de Diputados. Está ahora en el espacio del Senado de la República, después vendrán las leyes secundarias y colateralmente un esfuerzo tendiente a la profesionalización de quienes formen parte del Sistema.

[author] [author_image timthumb=’on’]https://www.alcaldesdemexico.com/wp-content/uploads/2015/03/Minerva_Hernandez_Ramos_Alcaldes_de_Mexico.jpg[/author_image] [author_info]Es Maestra en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y Doctora en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE). Se ha desempeñado como Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Diputada Federal y Senadora de la República. Recientemente fue Subprocuradora de Cultura Contributiva y Relaciones Institucionales en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Hoy es Candidata a Diputada Federal. Twitter: @MineHernandez[/author_info] [/author]

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