México vs el COVID-19: Las responsabilidades en el campo de batalla

Por José Marco Romero Silva*

Las medidas sanitarias y jurídicas tomadas hasta ahora por nuestras autoridades, no se aprecian con una contundencia equiparable a la magnitud de la prueba que vamos a enfrentar.

El mundo se ha convulsionado por un enemigo invisible que ataca a los seres humanos desde todos los frentes imaginables; hacia cualquier lugar donde voltees, ahí puede estar acechando el coronavirus COVID-19, listo para atacar y con resultados que pueden llegar a la letalidad.

Esas nanopartículas han desencadenado decisiones de las cuales prácticamente no tenemos memoria.

Asombrados y con cierta dosis de preocupación, estamos presenciando restricciones a la libertad de las personas con cierres de fronteras internacionales y limitaciones a la circulación en territorios nacionales, que, para las democracias modernas, especialmente las occidentales, parecerían inimaginables de aceptar.

En México ha habido tiempo suficiente para prepararnos, pues China dio la alerta sobre el naciente problema en diciembre del 2019 y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló la previsible extensión de la epidemia a fines de enero del 2020.

No obstante lo anterior, las medidas sanitarias y jurídicas tomadas hasta ahora por nuestras autoridades, no se aprecian con una contundencia equiparable a la magnitud de la prueba que vamos a enfrentar.

Nuestra legislación constitucional y legal ordenan la operación del Consejo de Salubridad General y de su Junta Ejecutiva, para atender casos de emergencia en materia de salubridad general, como lo es precisamente la situación sanitaria ante la que nos encontramos; asimismo está previsto que ese Consejo apruebe y publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria sobre los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional.

Es el caso que ni el citado Consejo, ni su Junta Ejecutiva han sido convocados para enfrentar la alerta sanitaria lanzada por la OMS, ni hasta hoy se ha declarado la emergencia en la lucha contra el COVID-19; dar estos pasos no significa adoptar posiciones catastrofistas sino cumplir estrictamente responsabilidades en el ejercicio del servicio público, que se encuentran regladas con respecto a la forma de enfrentarlas y que los servidores públicos de todos los niveles jerárquicos están obligados a su acatamiento.

El ejercicio del servicio público no se lleva a cabo en la informalidad, omitir o no acatar las reglas de su desempeño, no solo daña el marco legal en que deben desarrollarse las funciones públicas, al igual que el principio de lealtad a las instituciones gubernamentales, sino que también erosiona la confianza ciudadana en sus autoridades y eso es un lujo que no puede darse nadie en un momento como éste.

La presencia del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ante la sociedad y los medios, como alguien responsable de enfrentar la pandemia del coronavirus en México, excede el marco legal de su encargo; la magnitud del problema lo está rebasando porque ni puede sustituir al Consejo de Salubridad General, ni está considerado como integrante de su Junta Ejecutiva, ni tampoco puede suplantar al Secretario de Salud y menos suplir al mismísimo Presidente de la República, quienes legalmente si tienen una competencia concreta, específicamente asignada para casos como el del COVID-19.

Nuestra legislación sanitaria no considera a dicho Subsecretario como la autoridad sanitaria, primordialmente competente, para hacerle frente institucionalmente a una emergencia de esta naturaleza.

Si no se le arropa funcionalmente a este servidor público, en el  entramado jurídico administrativo adecuado para que lleve a cabo una tarea eficiente en el curso de la solución del problema, simplemente se perderá a un colaborador que pudiera llegar a ser operativamente valioso, pero sobre todo, al no estar ya funcionando el aparato administrativo diseñado normativamente al efecto, se desperdicia el tiempo para ordenar adecuadamente los esfuerzos gubernamentales y sociales para contener eficazmente este evento sanitario.

Ya diversas autoridades administrativas federales y locales, al igual que particulares con responsabilidades educativas y deportivas, “se han adelantado” tomando decisiones sanitarias por su cuenta, sin la coordinación adecuada con el máximo órgano federal competente en materia de emergencias sanitarias y esto está sucediendo así porque el marco legal sanitario previsto para situaciones como esta, no se ha desplegado con todo su vigor.

Se ha hecho hincapié por nuestras autoridades sanitarias que las decisiones que deben tomar en estos instantes, solo pueden llevarlas a cabo con fundamentos técnicos y científicos, por lo que, si bien esto resultaría absurdo tratar de rebatirlo, en igual medida resulta incomprensible que esas decisiones no se disciernan y lleven a la práctica en el marco jurídico preciso que las logre desplegar con toda fuerza y puntualidad.

La emergencia no carece de un marco legal, sino que actualiza el ya previsto para que las autoridades competentes tomen las acciones extraordinarias en materia de salubridad general, que garanticen la legítima, oportuna y ordenada aplicación de todas las medidas de carácter científico, técnico, administrativo o jurídico que sea necesario adoptar.

La OMS ha exigido que “los países adopten medidas urgentes y agresivas” ante la pandemia y es lo que a México corresponde cumplir; el tiempo para hacerlo, hoy ya se nos ha echado encima.

*Lic. José Marco Romero Silva
Especialista en Sistema de Responsabilidad de los Servidores Públicos por la U.N.A.M.
Vicepresidente Ejecutivo del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Estado A.C.

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